La libertad económica comienza donde terminan los privilegios del gobierno

Los liberales clásicos hacen hincapié en que todos son iguales ante la ley. Aunque los liberales han discrepado en innumerables cuestiones, los une la creencia en un gobierno impersonal y basado en normas: el estado de derecho. John Adams capturó este ideal cuando definió una república como "un imperio de leyes, y no de hombres". La libertad no depende de encontrar gobernantes benevolentes, sino de construir instituciones en las que ninguna persona o grupo tenga derecho a situarse por encima de las normas que rigen a todos los demás.

La libertad económica no está separada del estado de derecho, sino que es una de sus aplicaciones más claras. Un mercado libre no significa anarquía. Significa una economía regida por normas generales y predecibles que se aplican por igual a todos. La alternativa no son más leyes, sino un tipo diferente de ley: órdenes, permisos y excepciones diseñadas para favorecer a ciertas industrias y profesiones por encima de otras.

Como escribió F. A. Hayek en La Constitución de la Libertad, "la libertad de la actividad económica había significado libertad bajo la ley". La distinción relevante no es simplemente entre la acción y la inacción del gobierno, sino entre las reglas generales que se aplican a todos y las intervenciones discrecionales que favorecen a algunos.

La gente suele aceptar la igualdad de trato cuando se habla de libertades civiles como la libertad de culto. El argumento a favor de una regla general es relativamente claro. La libertad religiosa debe aplicarse incluso a las religiones impopulares. Pero cuando aplicamos el mismo principio de universalidad a cuestiones de libertad económica, las reglas iguales se vuelven mucho más polémicas.

Visto desde la perspectiva del estado de derecho, los aranceles, los subsidios, las restricciones a la concesión de licencias y las regulaciones selectivas no son meras intervenciones económicas; son privilegios legales. Estas políticas no se limitan a gestionar la actividad económica de manera neutral; utilizan el poder político para proteger a algunas personas de la competencia, mientras obligan a otras a asumir los costos. La libertad económica no es simplemente una exigencia de impuestos más bajos o menos regulaciones. Es la exigencia de que las reglas sean generales en lugar de arbitrarias.

Sin embargo, muchas personas tienen amigos, familiares y comunidades cuyo sustento depende de alguna forma de proteccionismo económico. Al ser personas empáticas, creen que se debería hacer una excepción en casos particulares. Pueden oponerse al proteccionismo en principio, al tiempo que insisten en que esta industria es demasiado importante, esta profesión es demasiado vulnerable o este grupo en particular es demasiado merecedor como para enfrentar las presiones habituales de la competencia.

El problema es que casi todos tienen una excepción particular que creen que vale la pena hacer.

El economista y estadista francés del siglo XVIII Anne Robert Jacques Turgot captó esta tensión a la perfección:

"Por ejemplo, el mundo está lleno de personas que condenan los privilegios exclusivos, pero que creen que hay ciertos productos para los que son necesarios. Esta excepción se basa generalmente en su interés personal, o en el de personas con las que estas personas están relacionadas. Así, la mayoría de la gente está, por naturaleza, bien dispuesta hacia los dulces principios de la libertad comercial. Pero casi todos, ya sea por interés, por costumbre o por subordinación, introducen algunas pequeñas modificaciones o excepciones".

Turgot comprendió este problema antes de adquirir el poder político para enfrentarlo él mismo. Asociado con los fisiócratas, un grupo de intelectuales franceses del siglo XVIII que defendían los mercados libres, Turgot fue nombrado contralor general de finanzas por el rey Luis XVI en 1774. Se convirtió en una de las primeras personas en contar con el poder político real para implementar políticas de libre mercado a escala nacional.

Intentó eliminar las restricciones internas al comercio de granos, debilitar el poder de los gremios, reformar el sistema tributario y abolir las formas de trabajo obligatorio. Su objetivo era reemplazar un laberinto de privilegios heredados por un sistema que no otorgara favores a ninguna clase o profesión en particular.

Pero al oponerse a todas las excepciones al mismo tiempo, unió en su contra a todos los intereses protegidos. Cada grupo podía estar de acuerdo en que los privilegios otorgados a otros eran perjudiciales, al tiempo que seguía convencido de que su propio privilegio era necesario. Discreparon sobre qué excepciones debían existir, pero coincidieron en que un sistema sin excepciones los amenazaba a todos. Estos grupos no necesitaban compartir una filosofía política común y, definitivamente, no estaban de acuerdo sobre cómo debía gobernarse Francia. Solo necesitaban reconocer que el compromiso con las reglas generales amenazaba sus excepciones particulares.

A pesar de sus mejores esfuerzos, las reformas de Turgot encontraron oposición y finalmente fueron derogadas. En 1776, menos de dos años después de su nombramiento, Turgot fue destituido y su carrera política terminó en ruinas.

La lección es que políticas como el libre comercio, que benefician a la sociedad en su conjunto, pueden seguir provocando una feroz oposición porque el proteccionismo genera beneficios concentrados y costos difusos. La moderna teoría de la elección pública ayuda a explicar por qué estas excepciones son tan difíciles de eliminar. En el libro La lógica de la acción colectiva, el economista Mancur Olson observó que "los grupos pequeños promoverán mejor sus intereses comunes que los grupos grandes". Los favores del gobierno se concentran entre grupos organizados e influyentes, mientras que sus costos se distribuyen de manera muy dispersa entre el público en general, que pierde muy poco como para justificar organizarse en oposición.

El libro Bootleggers and Baptists, de Bruce Yandle, explica cómo estos privilegios adquieren legitimidad moral. Los intereses concentrados suelen prosperar al vincular sus ventajas privadas a una causa pública persuasiva. Los defensores morales aportan el discurso de la seguridad y la compasión, mientras que los beneficiarios proporcionan la organización y la presión política. El resultado es una política cuyos costos son amplios y difíciles de percibir, cuyos beneficios son limitados y se defienden con ferocidad, y cuyo carácter privilegiado se disfraza de servicio al bien común.

Un ejemplo moderno es la Ley Jones, una ley de 1920 que exige que la carga transportada entre puertos estadounidenses viaje en buques construidos en Estados Unidos, de propiedad estadounidense y con tripulación mayoritariamente estadounidense. La ley sigue vigente a pesar de que eleva los costos de transporte en toda la economía y no ha logrado generar la sólida industria marítima que prometieron sus partidarios.

Una investigación realizada por académicos del Instituto Cato estima que la Ley Jones impone una carga anual de 1,4 mil millones de dólares solo a la economía de Puerto Rico. Se calcula que los hogares puertorriqueños asumen 692 millones de dólares de esa carga, o aproximadamente 203 dólares por residente; sin embargo, estos costos se dispersan entre millones de transacciones. Sus beneficios, por el contrario, benefician a un grupo pequeño y altamente organizado de constructores navales, empresas de transporte marítimo y sindicatos marítimos que tienen todas las razones para defenderla.

La Ley Jones, por lo tanto, ilustra tanto el problema de los beneficios concentrados de Olson como la teoría de los «contrabandistas y bautistas» de Yandle. Los intereses marítimos protegidos proporcionan la organización política, mientras que los llamamientos al patriotismo y a la seguridad nacional ofrecen la justificación pública respetable. Todos pagan un poco más, mientras que unos pocos concentrados ganan lo suficiente como para luchar ferozmente por su supervivencia.

No está mal sentir empatía hacia las personas cuyo sustento se ve afectado. Pero la simpatía no responde a la pregunta de si el gobierno debería usar la fuerza de la ley para proteger a un grupo del cambio a costa de todos los demás.

Una vez que se hace una excepción, no hay ninguna razón de principio para negar otras. Un solo precedente sienta las bases para otros cien. Cada industria puede describirse a sí misma como esencial y alegar la necesidad de reglas especiales.

El estado de derecho es fácil de elogiar, pero difícil de defender. Es más fácil apoyarlo cuando restringe a otra persona. El liberalismo clásico no promete un mundo sin dolor. Ofrece un marco en el que ningún grupo tiene derecho a vivir a costa de otros y ningún interés se eleva por encima del resto mediante la fuerza política. El estado de derecho solo sobrevive cuando aceptamos que las mismas reglas, riesgos y libertades deben aplicarse a todos. La libertad comienza donde termina el privilegio.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 11 de agosto de 2026.