La Ley de Secreto Bancario asfixia a las pequeñas empresas
Nicholas Anthony explica que la Ley de Secreto Bancario no solo viola nuestras libertades, sino que también aplasta a las pequeñas empresas.
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Por Nicholas Anthony
La Ley de Secreto Bancario no solo viola nuestras libertades, sino que también aplasta a las pequeñas empresas.
El año pasado, el gobierno de Trump amplió la vigilancia financiera al reducir los umbrales de notificación para los informes de transacciones en efectivo de 10.000 dólares a apenas 200 dólares. Tras la reacción pública y una impugnación legal por parte del Instituto para la Justicia, el umbral se elevó a 1.000 dólares.
Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Evangelina Ornelas le dijo a The Guardian que su negocio ya estaba arruinado. Ornelas administra una pequeña tienda de abarrotes familiar que solía tener largas filas de clientes que esperaban para utilizar sus servicios financieros (por ejemplo, cambio de cheques y remesas). Sin embargo, esas filas se han desvanecido debido a las preocupaciones sobre la privacidad que genera la nueva vigilancia.
Otra pequeña empresa afirmó que la política "nos va a llevar a la quiebra" porque se ha visto desbordada por los nuevos requisitos de reporte, ahora que tantas transacciones deben presentarse ante el gobierno. Para ponerlo en perspectiva, una pequeña empresa estimó que, bajo la orden inicial, probablemente pasaría de presentar nueve reportes por semana a presentar 50.000 reportes por semana. Esa es una norma prácticamente imposible de cumplir.
Los defensores de la vigilancia argumentan que es necesaria para detener a los cárteles, a los terroristas y a quienes lavan dinero. Sin embargo, los datos no les dan la razón. Las instituciones financieras presentaron 28,7 millones de informes bajo la Ley de Secreto Bancario el año pasado. Sin embargo, solo 275 investigaciones fueron iniciadas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) a raíz de un informe. Para colmo, el gobierno ha sido incapaz de precisar cuántos delincuentes han sido detenidos.
Rob Johnson, del Instituto para la Justicia, no se anduvo con rodeos cuando se le preguntó qué opinaba de este sistema de vigilancia financiera: "Es invasivo y es inconstitucional". Johnson tiene razón. La vigilancia financiera sin orden judicial debería eliminarse, no ampliarse.
Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 24 de agosto de 2026.