La ley de Juárez
Macario Schettino recuerda que el personaje histórico admirado por AMLO --Benito Juárez-- aunque es recordado por la sumisión a la ley, no dio muestras de estar dispuesto a abandonar el sillón presidencial y le fue difícil gobernar con la Constitución.
El presidente electo, líder de la cuarta transformación, tiene entre sus personajes históricos preferidos a Benito Juárez. De él, suele recordar la sumisión a la ley y la honesta medianía, aunque ambas cosas sean más imaginación que historia. A Juárez le tocó un periodo muy complejo de la historia nacional: la guerra de Reforma (1858-1860), la Intervención Francesa (1862-1867), y apenas unos pocos años de la República Restaurada. Desde que tomó el poder, frente a la caída de Comonfort, no dio visos de abandonarlo. Es más, destruyó a todos aquellos que intentaron competir por él. Sólo la muerte le obligó a dejar la silla presidencial.
Debido a las complicaciones de sus apenas 15 años en la presidencia, le fue difícil gobernar con la Constitución. Esa Carta Magna le daba muy poco poder a la presidencia, y mucho al Congreso. En tiempos de guerra, eso no es muy práctico. Aunque en tiempos de paz, tampoco don Benito hizo mucho caso de la ley. Prefería emitir decretos, los cuales seguía al pie de la letra. En ese sentido, no cabe duda de que se sometía a la ley que él mismo había dictado. Por lo que respecta a la justa medianía, sigue siendo interesante comparar la herencia de don Benito con la de don Porfirio.
En cualquier caso, eso de seguir la ley no parece ser característica de nuestro presidente electo. Fue candidato al gobierno del DF, en 1999, sin cumplir con lo que la ley de entonces exigía. No tenía el tiempo de residencia, y fue la intervención de Zedillo lo que le permitió competir. Su triunfo en esa elección fue muy dudoso, pero Fox no quiso opacar el propio poniendo en juicio el de López Obrador. Años después, el jefe de Gobierno se negó a cumplir una orden de la Suprema Corte de Justicia, la que promovió un juicio de desafuero, que el gobierno federal administró de la peor manera posible.
En su primera elección presidencial, en 2006, fue derrotado por un margen muy estrecho, y decidió no aceptar los resultados. Una vez más actuó por fuera de la ley, provocando el inicio de una polarización que sólo ha crecido desde entonces. Muchos, que nunca han leído el proceso de desacato a la Corte, insisten en que fue el desafuero el problema. Algunos de ellos llegan a esta conclusión porque parten del principio del “equilibrio” en las fuentes. Dan a todas las opiniones un valor equivalente. De ellos se ha servido López para convertir su ilegalidad rampante en una lucha justiciera.
En el proceso electoral de 2012, se deshizo de Ebrard con encuestas hechas a modo. Marcelo no quiso, o no pudo, enfrentarse a su jefe político. Nuevamente, AMLO fue derrotado en las urnas, y nuevamente argumentó fraude, sin pruebas. Mantuvo desde entonces una campaña electoral ilegal, siempre defendida por todos aquellos que consideran que se debe cuidar primero el derecho a ser elegido antes que el cumplimiento de la ley. Garantistas, creo que algunos se autonombran. Para 2014, rompió finalmente con el PRD para crear su partido, avalado por el gobierno de Peña. En 2015, toda la campaña de Morena se hizo utilizando la imagen de López Obrador, ilegalmente. Y los tres años siguientes, lo mismo.
En suma: durante casi dos décadas, López Obrador ha hecho de la ley su juguete. La ha violado cuantas veces ha querido, amparado en su derecho político, y respaldado por activistas mediáticos tanto como por periodistas temerosos de ser juzgados como leguleyos.
En 20 días tomará posesión de la presidencia.
Este artículo fue publicado originalmente en El Financiero (México) el 9 de noviembre de 2018.