La izquierda uruguaya es "indemocrática"

Es bien sabido que “democracia” proviene del griego dēmokratía. Dicho concepto surge de la unión de dos vocablos: demos, que alude a “pueblo” y kratos que significa “poder” o “gobierno”. En consecuencia, etimológicamente hablando, democracia hace referencia a que “gobierna el pueblo”, entendido como el conjunto total de los ciudadanos, actuando en un marco de libertad y respeto.

Un gobierno, partido político, sindical o estamental es “in” (partícula que indica “no”) democrático, cuando utiliza su poder o recurre a artimañas para desconocer la voluntad popular expresada en la urnas libremente y con garantías electorales.

En Uruguay, la Constitución establece dos mecanismos de democracia directa para decidir asuntos puntuales: el referéndum y el plebiscito. En ambos casos, es la voz de la nación entera que se expresa sin interferencias, corruptelas ni presiones indebidas. O sea, es la comunicación más genuina de la preferencia de los ciudadanos sobre un asunto en particular.

Dentro de ese contexto, la izquierda uruguaya aglomerada en el denominado “Frente Amplio”, su brazo sindical y movimientos sociales, desde hace décadas han demostrado poseer un talante indemocrático. Y eso a pesar de que suelen llenarse la boca con la palabra “pueblo”, al que proclaman encarnar. Sin embargo, la voluntad el “pueblo” sólo les sirve si otorga un manto de legitimidad a sus posiciones, pero si va en sentido contrario, con total caradurismo la desconocen. Esa forma de comportamiento transparenta una inclinación hacia el autoritarismo.

Por supuesto que no todos los políticos izquierdistas son proclives a desconocer el dictamen de los ciudadanos expresado en las urnas. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que terminan por acoplarse al “grito” de sus grupos más radicales y, en cierto modo, hasta lo respaldan.

Veamos los hechos que prueban lo aquí expresado. En 1986, con el fin de realizar una transición pacífica desde la dictadura militar (1973-1984) a la democracia iniciada en 1985, el parlamento aprobó la “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”. En dicha norma se estableció, que para cumplir con lo pactado entre algunos partidos políticos (entre los que se encontraba el Frente Amplio) y los militares (“Pacto del Club Naval”, agosto de 1984), se decretaba la caducidad del derecho del Estado a investigar y sancionar los delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura por motivos políticos o en cumplimiento de órdenes.

Sin embargo, desconociendo lo por ellos pactado, grupos sociales y políticos de izquierda integrantes del Frente Amplio, intentaron derogarla mediante un referéndum en 1989. No tuvieron suerte porque la gente apoyó la amnistía. Pero en vez de acatar la decidido por la ciudadanía y dar por saldado el tema, volvieron a convocar a otro referéndum por el mismo asunto en 2009. Nuevamente perdieron.

A pesar de la contundencia de la posición mayoritaria de la ciudadanía a favor de mantener la ley de caducidad, en 2011, durante el gobierno de José “Pepe” Mujica, parlamentarios izquierdistas intentaron anular la voluntad popular expresada dos años antes, impulsando un proyecto de ley “interpretativo” para dejarla sin efecto. Esta artimaña no logró triunfar porque les faltó un voto.

La postura personal de Mujica fue no estar de acuerdo con la iniciativa legislativa de sus correligionarios ni con anular la ley, argumentando que el tema ya había sido ratificado por la ciudadanía en dos plebiscitos. No obstante, declaró que si triunfaba la moción “interpretativa” no la vetaría y acataría lo que el Parlamento decidiera.

Ante la falta de votos en la Cámara de Diputados para aprobar la ley interpretativa original, en ese mismo año de 2011, el Parlamento (donde la izquierda tenía mayoría absoluta en ambas cámaras) aprobó la Ley No. 18.831, denominada “Restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1° de marzo de 1985”. Además, se estableció que dichos delitos eran imprescriptibles.

Actitud de esos parlamentarios claramente "indemocrática" porque violentaba la voz del pueblo expresada dos veces en las urnas.

Otro ejemplo: durante el gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025) se aprobó en 2020 una extensa ley popularmente denominada “LUC”. En ella, se trataban una serie de cuestiones largamente reclamadas por parte de la ciudadanía, para ponerle coto a varios de los excesos cometidos durante los tres gobiernos anteriores del Frente Amplio (2005-2020). 

De inmediato, varios sectores políticos, sociales y sindicales izquierdistas pretendieron tumbarla, y así hacer naufragar a la novel administración de Lacalle Pou. Para ello, en 2022 convocaron un plebiscito para eliminar la columna vertebral de la LUC (135 artículos de los 476 que la componen). Ganó la opción por mantener los artículos cuestionados.

Pero una vez asumido un nuevo gobierno izquierdista, esta vez encabezado por el “moderado” Yamandú Orsi (2025-2030), mediante diferentes técnicas ha impulsado modificaciones a la LUC. Orsi ha manifestado su intención de continuar revisando disposiciones específicas de la LUC, ya que considera que en la normativa original existen aspectos “aberrantes” que se deben derogar, utilizando los mecanismos legislativos correspondientes. Ergo, Orsi declara expresamente que pretende ignorar a la voluntad popular libremente expresada en las urnas. Claramente, una actitud indemocrática.

El ejemplo más reciente, y si se quiere, realmente “aberrante”, es el relativo al Sistema Previsional, que era insostenible debido al envejecimiento de la población uruguaya. Es un problema que se arrastraba desde hace una década y aunque era reconocido por los gobernantes izquierdistas anteriores, no lo afrontaron. Debido a eso, Lacalle Pou impulsó su reforma jubilatoria, que fue aprobada en 2023 mediante una ley.

La reacción de algunos sectores de izquierda como la central sindical única PIT-CNT, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU) y grupos del Frente Amplio (el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido por la Victoria del Pueblo), fue promover un plebiscito para derogar dicha ley.  Uno de los aspectos del sistema jubilatorio vigente que estos grupos radicales más insisten en eliminar, es el sistema previsional basado en cuentas de ahorro individuales personales, bajo administración de las AFAP.

No obstante, y hay que destacarlo, también hubo oposición dentro de la izquierda a derogar la reciente reforma jubilatoria mediante un plebiscito. El más importante fue el grupo denominado “Frenteamplistas por el No”, integrado por 111 economistas y profesionales, muchos de los cuales tuvieron cargos en los gobiernos de izquierda. Entre los firmantes estaba el actual Ministro de Economía, Gabriel Oddone. Esas personas argumentaban que el plebiscito tendría “consecuencias injustas y regresivas”, generaría “enormes riesgos para la economía uruguaya” y “sentencias de condenas” por juicios contra el Estado.

El resultado del plebiscito en 2024 fue contundente: alrededor del 60% de los votos fueron a favor de mantener la reforma de la seguridad social tal como se había aprobado en 2023.

Pero de inmediato, varios altos cargos de izquierdistas mostraron su talante indemocrático. Entre ellos, Marcelo Abdala, actual presidente del PIT-CNT, quien manifestó, que más allá de los resultados del plebiscito, “las AFAP (eje del sistema) tienen los días contados”.

Por su parte, el presidente Orsi a poco de asumir en 2025, despreciando abiertamente lo expresado en las urnas a fines de 2024, puso en marcha un “Diálogo Social” para reformar al Sistema Previsional. Con ese objetivo, convocó a “dedo” a sindicatos, empresarios y partidos políticos. Es decir, para Orsi “pueblo” no es la ciudadanía entera o sus legítimos representantes, sino tan solo algunos sectores que él arbitrariamente designe. Una vez más, una exhibición de indemocracia.

La actitud de la izquierda sindical-Frente Amplio rechina aún más, si tenemos en cuenta que incluso durante la dictadura militar, se demostró mayor respeto por el pronunciamiento popular. En efecto, al realizar un plebiscito en 1980 con el fin de reformar la constitución vigente y perpetuarse en el poder, al perder, los militares acataron el voto ciudadano. 

Por lo dicho, queda claro la tendencia autoritaria de algunos sectores o personalidades izquierdistas y su poco respeto hacia las opiniones y decisiones de sus conciudadanos manifestadas mediante el voto. Es decir, son indemocráticos.