La inútil fijación de precios del transporte

por Fernando Alessandri

Fernando Alessandri es Director para América Latina de la International Policy Network y colaborador de www.elcato.org.

El gobierno chileno se ha hecho parte en una lucha absurda por el control del nivel de precios del transporte público. Basándose en el supuesto de que velarían por un "precio justo", se acoge a una red organizada, con la venia del Estado, que ejerce un control monopólico sobre el transporte público chileno. De esta relación de dependencia nacen promesas de uno y otro lado, que olvidan la gravitancia de la realidad internacional en una economía del tamaño de la chilena.

Por Fernando Alessandri

El gobierno chileno se ha hecho parte en una lucha absurda por el control del nivel de precios del transporte público. Basándose en el supuesto de que velarían por un "precio justo", se acoge a una red organizada, con la venia del Estado, que ejerce un control monopólico sobre el transporte público chileno. De esta relación de dependencia nacen promesas de uno y otro lado, que olvidan la gravitancia de la realidad internacional en una economía del tamaño de la chilena.

Durante los últimos 10 años, los sucesivos gobiernos demócratacristianos han promovido una serie de medidas que han desencadenado la crisis que hoy enfrenta al gobierno con el gremio de transportes, al intentar determinar el valor del servicio prestado por los microbuseros. El "pecado original" vendría de una interpretación de la Ley de Concesiones, en la que los transportistas se comprometen a cumplir con un rango de precios a cobrar por sus servicios, mientras el gobierno promete estabilidad en el precio del petróleo. Como la supuesta estabilidad en el precio del crudo se logra con el denominado "Fondo del Petróleo", una facultad interventora prácticamente imposible de fiscalizar, y los precios de los pasajes no los determina la oferta y demanda de los usuarios, estamos ante un problema sin solución.

Paralelamente, el gobierno a través de su Ministerio de Hacienda ha promovido alzas sostenidas de los impuestos a la gasolina, con el fin de "financiar" beneficios para los jubilados... claro, como si los jubilados tuvieran alas y no utilizaran vehículos.

El Ministerio de Transportes, por su parte, ha buscado limitar el parque de taxis, una reacción espontánea que busca resolver la lentitud del transporte en microbús con un servicio privado. Esta medida, en la práctica, motiva a que surjan soluciones paralelas que desafían el exceso de normas y solucionan una necesidad fundamental de las personas: el desplazamiento rápido de un lugar a otro al menor precio posible.

En pleno año electoral, como era de suponer, el precio del petróleo se mantuvo estable, a punta de dólares fiscales. Incluso, en el furor de la reñida segunda vuelta electoral que determinaría el próximo presidente, el gobierno propuso un gasto cercano a los doscientos millones de dólares, para maquillar la realidad del mercado y sortear con éxito la recta final del año más difícil de la administración Frei. La iniciativa no pudo siquiera ser evitada por un enroque parlamentario de última hora.

La coalición social demócrata chilena debe comprender de una buena vez, que es con libertad que se alcanza "el precio justo". Un análisis serio haría evidente el daño que produce a Chile el que un estanque que en Estados Unidos cuesta 12 dólares, les cueste 42 a los chilenos motorizados, que los vehículos menos contaminantes y más seguros paguen aranceles absurdos y que el precio del transporte público dependa de los arreglos a los que lleguen los dirigentes de la locomoción con los funcionarios ministeriales. Todo por un exceso de regulación.

Como todo este asunto es "legal", y relativamente nuevo, pocos se preguntan sobre la existencia de una alternativa distinta a la actualmente vigente y bien sabido es que pocas cosas hay más difíciles que encontrar burocracias proclives al cambio.

El rol del gobierno debiera limitarse, en este caso, a la optimización de los flujos vehículares en las vías que se resisten a licitar y no a la lucha grecoromana con los gremios que ellos mismos han contribuido a fortalecer. Por ello es especialmente preocupante que sea un ministro esencialmente político, como es el Secretario General de la Presidencia, el que busca resolver un problema de carácter netamente técnico. Si continúan interviniendo en el nivel de precios y limitando la libre competencia, Chile no alcanzará jamás una solución al problema de los traslados en Santiago, una de las ciudades más extendidas del planeta.

El objetivo final del "precio justo" pasa más por evitar alzas en los impuestos al petróleo y sus derivados, que por el despilfarro de recursos que produce el sostener artificialmente precios antojadizos para el crudo. El sistema actual transforma al Estado en un intermediario tremendamente distorsionador, ya que le permite manipular las tarifas del transporte público con fines políticos.

Con un sistema más abierto y competitivo, probablemente tengamos microbuses de lujo y otros menos cómodos, pero las personas podrían elegir si quieren pagar más o menos por ir de un lugar otro, y el gobierno se dedicaría a labores más importantes que la especulación en el mercado petrolero y la negociación con un grupo que ya no tendría razón de existir.