La "gran mentira" de Trump no tiene que ver con 2020

En un discurso pronunciado recientemente, el presidente Donald Trump afirmó que se han producido graves violaciones de la seguridad electoral y reiteró sus afirmaciones de que las elecciones de 2020 se vieron comprometidas. Al igual que en el pasado, estas declaraciones son totalmente indefendibles. Y es probable que formen parte de un esfuerzo ilegal por federalizar el control sobre las próximas elecciones de mitad de mandato, con el fin de inclinar los resultados a favor de su partido. Esperemos que las cortes y el sistema federal de Estados Unidos continúen frenándolo.

Trump afirmó en su discurso que unos 278.000 no ciudadanos se registraron ilegalmente para votar. No hay evidencia real que respalde esto, y ni siquiera él afirmó tener pruebas de que hubiera habido un número significativo de votos ilegales por parte de no ciudadanos. Décadas de esfuerzos por encontrar dicha evidencia —incluso por parte de la organización de derecha Heritage Foundation— no han revelado más que unas pocas docenas de casos, a lo largo de varias décadas. Una búsqueda en la base de datos de fraude electoral de Heritage arroja solo 99 supuestos casos de votación por parte de no ciudadanos entre 1982 y 2025.

Trump también afirmó que potencias extranjeras intervinieron para impedir su elección en 2020, y que China "obtuvo" unos 220 000 expedientes de votantes. En enero de 2021, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos —entonces dirigida por los propios funcionarios designados políticamente por Trump durante su primer mandato— concluyó que la interferencia extranjera no inclinó la balanza electoral en su contra y que China ni siquiera intentó hacerlo. La afirmación sobre el acceso a los expedientes de votantes no tiene sentido. Como señala mi colega del Instituto Cato, Walter Olson —especialista en derecho electoral—, "esto no significa nada", ya que es posible comprar o alquilar información de votantes de los estados que la consideran información pública.

Los estadounidenses harían bien en rechazar las afirmaciones falsas de fraude de Trump, destinadas a allanar el camino para sus propios esfuerzos, muy reales, por socavar nuestras elecciones.

Estas afirmaciones tienen como objetivo reforzar las afirmaciones de larga data de Trump de que, de alguna manera, le “robaron” las elecciones de 2020. La evidencia abrumadora demuestra lo contrario. Entre 2020 y 2021, Trump y sus aliados políticos presentaron 64 demandas judiciales para impugnar los resultados en seis estados clave. Tal como se detalla en "Lost, Not Stolen", un análisis de estos casos realizado por destacados abogados republicanos, especialistas en derecho electoral y exjueces federales, ninguna de estas decisiones encontró evidencia significativa de fraude electoral.

Si bien algunos casos fueron desestimados por motivos procesales, 30 se resolvieron en cuanto al fondo, y en otros 14 los demandantes retiraron voluntariamente sus demandas (probablemente porque carecían de evidencia para sustentar sus alegatos). Trump solo ganó un caso: una decisión en Pensilvania relacionada con fallas procesales que no afectaban a una cantidad de votos ni remotamente suficiente como para anular el margen de más de 80.000 votos con el que Joe Biden se impuso en ese estado. Investigaciones posteriores realizadas en varios estados indecisos —incluidas las llevadas a cabo por republicanos en Arizona y Míchigan— tampoco encontraron evidencia significativa de fraude importante.

Si alguna combinación de demócratas y potencias extranjeras hubiera logrado "robar" las elecciones de 2020 mientras Trump estaba en la Casa Blanca, y evitar ser descubiertos en el proceso, uno se pregunta por qué no lo hicieron de nuevo en 2024, cuando un presidente demócrata estaba en el poder y controlaba el Departamento de Justicia y la comunidad de inteligencia. El hecho de que nada de eso haya ocurrido entonces es una prueba más de que tampoco ocurrió en 2020.

El verdadero propósito de las continuas mentiras de Trump sobre las elecciones de 2020 y la seguridad electoral podría ser reforzar sus esfuerzos por "nacionalizar" el control de las elecciones intermedias de 2026, para así poder sesgar los resultados a favor de su partido, en un momento en que la mayoría de los encuestadores y analistas electorales esperan que los republicanos pierdan el control de al menos una de las cámaras del Congreso, y posiblemente de ambas.

Afortunadamente, el Artículo 1, Sección 4 de la Constitución otorga a los estados la responsabilidad principal de la administración electoral, sujeta a la anulación por parte de la legislación del Congreso. Ninguna ley federal vigente le otorga a Trump la autoridad que busca. Numerosas cortes federales —incluso en casos presididos por jueces nombrados por republicanos— han rechazado sus intentos de modificar las normas de identificación de votantes mediante una orden ejecutiva y tomar el control de los registros electorales estatales. Las cortes deberían fallar de manera similar en contra de cualquier intento de utilizar a las agencias federales de aplicación de la ley o —peor aún— a las tropas, para tomar el control de los centros de votación y las boletas electorales, tal como lo hizo la Corte Suprema en diciembre al rechazar acertadamente los intentos ilegales de Trump de utilizar a la Guardia Nacional en Illinois y otros estados demócratas. Los gobiernos estatales también deberían hacer todo lo posible para resistir tales intentos de usurpación de poder a través del proceso político y movilizar a la opinión pública en contra de cualquier intento.

El sistema descentralizado de administración electoral de Estados Unidos tiene desventajas, así como virtudes. Pero, como señala el destacado experto en derecho electoral Richard L. Hasen, ofrece una valiosa protección contra "un presidente empeñado, como Trump, en subvertir las elecciones". Hasen, quien anteriormente era partidario de la centralización del derecho electoral, agrega que esto lo ha llevado a reconsiderar su postura. Los estadounidenses harían bien en prestar atención al argumento de Hasen y también en rechazar las falsas acusaciones de fraude de Trump, destinadas a allanar el camino para sus propios esfuerzos, muy reales, por socavar nuestras elecciones.

Este artículo fue publicado originalmente en Boston Globe (Estados Unidos) el 17 de julio de 2026.