La gran crisis de las pensiones (públicas)

Adrián Ravier dice que es necesaria una transición desde los sistemas de pensiones públicas hacia unos de pensiones privadas ya que lo acumulado por los sistemas públicos no alcanzará para aquellos que han contribuido por más de tres décadas.

Por Adrián Ravier

Pere Rusiñol ha publicado un polémico artículo en el diario Público de España que podemos resumir en los siguientes diez puntos: 1) que los fondos privados de pensiones que se manejan en los mercados mundiales alcanzan hoy los 12,7 millones de euros, el equivalente a 12 veces el PIB de España y el 27 % del PIB mundial; 2) que llegamos a estos niveles dada la proliferación de estudios en la segunda mitad de la década de 1990 elaborados por el Banco Mundial y otras instituciones financieras que señalaban la quiebra de los sistemas públicos de pensiones y que reclamaban su privatización; 3) que de hecho, entre 1995 y 2000, los fondos privados vivieron un auge excepcional en todo el mundo, pasando a gestionar de 4,9 a 11,5 billones de euros; 4) que en España, tal expansión fue todavía mayor en términos relativos pasando, en el mismo período, de 13 a 38 mil millones de euros; 5) que si bien se esperaba la quiebra para el año 2000, el derrumbe no llegó y desde entonces los ejercicios de Seguridad Social se han cerrado siempre con “superávit”, acumulando ahorros que representan el 6 % del PIB; 6) que, en consecuencia, las pensiones que están en crisis no son las públicas, sino las privadas, las que estuvieron ligadas a la evolución de la bolsa y se hundieron con la crisis financiera internacional de 2008, mostrando el punto débil de la administración privada de pensiones; 7) que las cifras son demoledoras precisamente “en 2008”, donde los fondos privados en el mundo perdieron el 18,3 % de su valor, siendo todavía mayores las caídas en el Reino Unido, EE.UU. y Canadá; 8) que en EE.UU. la crisis de las pensiones ya ha estallado, siendo 31 los Estados que están amenazados de quedarse pronto sin dinero para pagar las pensiones prometidas por su sistema privado de capitalización; 9) que en Europa la situación no es mejor y que la recuperación que estamos viendo de las economías es débil; 10 ) que el escenario que se promueve ahora para las pensiones es el anglosajón, donde se fueron reduciendo las pensiones públicas para hacer inevitable el complemento privado.

El resumen refleja que el artículo está bien escrito, bien estructurado y bien documentado, pero intentaremos ofrecer una lectura diferente de los hechos.

La naturaleza coactiva de las pensiones (privadas y públicas)

En primer lugar, es un mito pensar que el sistema de pensiones en problemas que el autor comenta, sea privado. Lo cierto es que en ningún país del mundo se ha eliminado la naturaleza coactiva del sistema, otorgando verdadera libertad para que el trabajador disponga de los frutos de su trabajo y los asigne como mejor le parezca, asumiendo sus propios riesgos. Tanto en el sistema público y de reparto de España, como en el sistema de capitalización privada de Chile, los trabajadores tienen la obligación de aportar un porcentaje mínimo de su salario. Es importante señalar que la situación óptima es la de permitir que cada trabajador asigne el porcentaje que desee al sistema previsional, sea 0 o 100 %, según las preferencias subjetivas de cada individuo. Algunos dirán que algunos sujetos no serán previsores y no ahorrarán dinero para su futuro, pero esto se sostiene sólo si pensamos que el Estado sabe mejor que el propio individuo lo que es mejor para él.

El fracaso del sistema de reparto

En segundo lugar, resulta una fábula destacar los éxitos del sistema de reparto. Creado en 1889 con las mejores intenciones, el sistema de reparto implicaba una proporción en la que 30 trabajadores financiaban a un jubilado. Ya en siglo XXI, los cambios demográficos —la tendencia generaliza hacia una caída en la tasa de natalidad y los avances médicos que alargan la vida de las personas— han modificado esta proporción. Hoy sólo tres trabajadores financian a un jubilado y la proporción será cada vez menor.

El fracaso del sistema queda bien reflejado en las palabras de Alberto Benegas Lynch (h), cuando señala que “[l]os actuales jubilados reciben montos que no guardan relación alguna con lo que han aportado durante su vida activa y la perspectiva de los actuales aportantes se vislumbra como un camino hacia la miseria”.

Las pensiones privadas

En tercer lugar, y este sí es un elemento importante del artículo de Rusiñol, debemos ocuparnos por analizar la coyuntura que enfrentan las administradoras privadas en todo el mundo. Como he destacado en otro lugar, representa un enorme progreso abandonar el sistema de reparto como el de España y reemplazarlo por un sistema de capitalización privada como el de Chile.

En tal sentido están trabajando en España los miembros de la Asociación para la Reforma de las Pensiones. ¿Pero en qué consiste tal reforma? Simplemente en que el dinero vaya a una cuenta privada de cada persona. De ser un impuesto se convierte en ahorros personales. Uno es propietario del capital y este capital crece a un interés compuesto (interés que genera interés) durante treinta o cuarenta años. Cuando uno se jubila no tendrá por qué preocuparse de si el Estado cuidó bien su dinero o en qué condiciones está “la caja” de la Seguridad Social para determinar qué pensión podrá percibir dependiendo de la “bondad” del gobernante de turno. En un sistema de capitalización el dinero está invertido y lo que se percibe a modo de pensión tiene una fuerte relación con lo que se fue aportando y con la rentabilidad que obtuvo la empresa privada elegida.

Más aún, si fallezco antes de percibir estos ingresos, puedo convertirlos en una herencia para mis hijos. También se pueden crear incentivos para favorecer el ahorro y así lograr o jubilaciones más tempranas o rentas de mayor cuantía.

El exitoso caso de Chile

En el caso de Chile, en casi treinta años los fondos de pensiones no perdieron un solo peso. No sólo eso, el sistema se constituyó bajo la previsión de que iba a lograr una rentabilidad anual del 4% y, sin embargo, desde sus comienzos las empresas privadas han cosechado una rentabilidad superior al 10%.

Casi treinta años después, uno puede observar los exitosos resultados del sistema privado. No sólo se ha conseguido duplicar las pensiones que reciben los jubilados, sino que el ahorro que surge como resultado del sistema privado de pensiones ha dado lugar a enormes inversiones que favorecen el crecimiento económico y reducen al mínimo la tasa de desempleo. La reforma chilena fue, en última instancia, la reforma fundamental que causó su milagro económico, hasta el punto de colocar hoy a este país en una situación diferenciada del resto de Latinoamérica.

La crisis de las pensiones privadas

Pero detengámonos aquí por un momento. Decíamos recién que en un sistema de capitalización privada como el chileno, las administradoras de pensiones privadas canalizarán el ahorro de la gente hacia el mercado de capitales, financiando las inversiones de las empresas de mayor envergadura, las que además de crear empleo, potencian el crecimiento económico del país.

La crisis financiera internacional, sin embargo, ha dado un duro golpe a estos mercados en todo el mundo. Las acciones de muchas empresas importantes han caído, y muchas administradoras privadas de pensiones han visto decrecer su capital, aun cuando diversificaron el riesgo.

Esta es la coyuntura que relata Rusiñol para señalar los problemas de las administradoras privadas, inspirada en las sesgadas observaciones de Miren Etxezarreta y Alejandro Inurrieta.

Es cierto que no hay consenso sobre las causas de la crisis. Es cierto que ésta tuvo múltiples causas. Pero como ha señalado Robert Higgs, “[e]n EE.UU., las más importantes fueron las siguientes: la política monetaria de dinero fácil de la Reserva Federal (FED) entre 2001 y 2005, que estimuló el boom inmobiliario; las presiones que muchos burócratas y agencias gubernamentales ejercieron sobre los bancos y otros prestamistas para rebajar los estándares crediticios sobre la concesión de hipotecas, con el fin de prestar más a quienes querían comprar casas y carecían de las cualidades suficientes para recibir préstamos bajo los criterios de evaluación bancaria tradicionales; el rápido crecimiento de las muy apalancadas empresas semi-gubernamentales (GSE, government-sponsored enterprises) Fannie Mae y Freddie Mac, que actuaban como compradoras de hipotecas en el mercado secundario y emisoras de títulos para financiar sus propias operaciones; el fracaso de las (oficialmente privilegiadas) agencias de calificación para identificar los riesgos reales asociados con muchos de los derivados financieros que estaban basados en el flujo futuro esperado de los pagos de préstamos hipotecarios; y el fracaso de muchas instituciones financieras a la hora de reconocer los riesgos reales de sus inversiones, y evitar esos riesgos o protegerse o asegurarse adecuadamente de ellos”.

En pocas palabras, digamos que es difícil negar que han sido los propios estados y las autoridades monetarias las que han generado las burbujas inmobiliarias en EE.UU., Europa y también en algunos países en desarrollo.

Es el propio Estado también el que ha generado la crisis de las pensiones, tanto públicas como privadas. En el caso de las pensiones públicas por el exacerbado gasto público que se consumió no sólo los impuestos, sino también los ahorros de los trabajadores. En el caso de las administradoras de pensiones privadas porque el Estado ha creado burbujas bursátiles e inmobiliarias que se consumen el capital genuino de aquellos que lo trabajan, lo producen y lo ahorran.

Una respuesta al estudio de Rusiñol

Volviendo sobre la síntesis del artículo de Rusiñol, debemos señalar que los puntos 1 a 4 sólo demuestran la preferencia de la gente por el sistema de capitalización, y la tendencia de los gobiernos a ir buscando salidas al sistema de pensiones de reparto, a favor del sistema privado. Que tal expansión de los fondos privados ocurra como consecuencia de los estudios y documentos elaborados por el Banco Mundial y otras instituciones financieras, es una observación miope, que desconfía del sentido crítico de los especialistas en la materia.

En relación con el punto 5, resulta un error conceptual tomar los saldos positivos de cada ejercicio de Seguridad Social como un superávit acumulado que la buena gestión del sistema de reparto está generando. Tal “superávit” no es comparable con la renta que una empresa obtiene luego de deducir de los ingresos generados, todas las erogaciones. En un sistema de pensiones, siempre la caja es positiva, porque justamente está acumulando ahorros que si son bien invertidos permitirán en el futuro ser devueltos al trabajador con la rentabilidad conseguida. Lo que sería interesante que Rusiñol analice, así como lo ha hecho con las pensiones privadas, es tomar la variación del capital acumulado por la Seguridad Social antes y después de la crisis financiera internacional. Sería natural que tales montos caigan, luego de una depresión de las características sufridas por España, Europa y el mundo. Si no cayeron, es debido simplemente a que esos fondos no estaban siendo invertidos en ningún proyecto de inversión, y estaban simplemente perdiendo el costo de oportunidad de obtener la renta para la cual son precisamente ahorrados.

Continuando con la síntesis, y como ya hemos señalado, los puntos 7 a 9 nos indican que las pensiones que están en crisis son tanto las públicas, como las privadas. Las primeras, de reparto, porque son insostenibles en el largo plazo, y en la medida que no se tomen medidas inmediatamente habrá dificultades para ofrecer a la actual población económicamente activa, pensiones que les permita tener una vida digna en el futuro. Las segundas, administradas de forma privada, porque no pueden estar exentas a las burbujas bursátiles e inmobiliarias que las autoridades monetarias generan en todo el mundo y que destruyen capital, fruto del manejo monopólico de la moneda.

Para cerrar, es natural que los gobiernos estén trabajando en una transición como la del modelo anglosajón. Abandonar el sistema de reparto de forma instantánea dejaría a los actuales jubilados sin pensiones, u obligaría a los gobiernos a asumir enormes deudas públicas que permitan sufragar la transición. Esto es la consecuencia lógica luego de que los aportes de los actuales pensionados, hayan sido consumidos por los gobiernos en períodos anteriores. De hecho, sería interesante calcular cuántos meses de pensiones se pagarían con el insignificante ahorro acumulado de la Seguridad Social, que Rusiñol estimó en el 6 % del PIB para España. ¿Alcanza este “superávit” para financiar las pensiones totales de todos aquellos que durante tres o cuatro décadas aportaron al sistema de reparto? Por supuesto que no.

De ahí que la transición necesite ir reduciendo gradualmente las pensiones públicas, para dar lugar a las pensiones privadas. Este es precisamente el desafío que los gobiernos deberán asumir en esta segunda década del siglo XXI y es Chile, a mí entender, el país que cuenta con el mayor éxito en esta tarea en el pasado.

La lección que nos debe dejar Rusiñol es que no alcanza con privatizar las pensiones y cruzarnos de brazos. Necesitamos una reforma integral del estado. Es preciso que además de ampliar las libertades de los trabajadores en relación con la disponibilidad de sus salarios, ataquemos el problema madre de la problemática actual, cual es el monopolio de la banca central en el manejo de la política monetaria.