La destitución de Pam Bondi

Agradezco que Pam Bondi ya no sea fiscal general de Estados Unidos. Su negativa a respetar las normas de la práctica jurídica durante su mandato en el Departamento de Justicia resultaba a menudo sorprendente. Su despreocupación ética quedó patente desde su primer día en el cargo, cuando emitió un memorándum en el que ordenaba a los abogados del Departamento de Justicia que "promovieran con celo […] los intereses de su cliente", lo que incluía "defender enérgicamente las políticas y acciones presidenciales frente a impugnaciones legales", y amenazaba con medidas disciplinarias o el despido a cualquiera que se negara a hacerlo.

Esa línea argumental derribó la distinción entre la lealtad que los abogados del Departamento de Justicia supuestamente deben al presidente y la lealtad que deben a su deber de hacer cumplir y defender la Constitución y las leyes de Estados Unidos —y ese colapso ético tuvo muchas repercusiones. Consideremos la orden del Departamento de Justicia de retirar los cargos de corrupción contra el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, aparentemente a cambio de la cooperación de Adams en las políticas de control de la inmigración. Seis fiscales del Departamento de Justicia dimitieron de inmediato en señal de protesta.

O pensemos en el despido del fiscal del Departamento de Justicia Erez Reuveni: su destitución pareció estar motivada por su admisión en audiencia pública de que un residente de Maryland había sido deportado por error a una prisión salvadoreña, y es razonable concluir que fue despedido por cumplir con su deber ético de ser sincero ante el tribunal. O pensemos en las implicaciones de la orden pública de Trump a Bondi de imputar a Letitia James, James Comey y Adam Schiff.

El consiguiente uso que hizo Bondi del Departamento de Justicia para ajustar cuentas políticas creó una extraordinaria cadena de acontecimientos: el despido del fiscal de carrera de mayor rango del Distrito Este de Virginia tras determinar que las pruebas no podían sustentar las acusaciones, el nombramiento ilegal de una de las abogadas personales de Trump como fiscal jefe del distrito, la posterior desestimación judicial de los casos que ella presentó y la reiterada negativa de los grandes jurados a volver a acusar a los objetivos de la ira de Trump.

El comportamiento público de Bondi se apartó en ocasiones no solo de las normas legales, sino también de las normas de comportamiento civilizado que la gente espera de sus funcionarios públicos. He aquí un breve retrato de su comparecencia más reciente ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes:

En un momento dado, Bondi se lanzó a una defensa de Trump amplia, animada y de varios minutos de duración, en la que se presentó a sí misma como la principal protectora del presidente y se desvió mucho más allá de su trabajo real como máxima responsable de la aplicación de la ley del país.

"Ustedes se sientan aquí y atacan al presidente, y yo no lo voy a tolerar ni lo voy a aguantar", gritó Bondi durante un extenso discurso en el que incluso elogió al presidente por el reciente repunte del índice Dow Jones Industrial Average.

Pintó al presidente como víctima de procesos de destitución e investigaciones infundadas, afirmando erróneamente en un momento dado que el exfiscal especial Robert Mueller no había encontrado interferencia extranjera en las elecciones presidenciales de 2016.

La desviación de Bondi de las normas profesionales vino acompañada de un despido masivo sin precedentes de fiscales de primera línea por parte del Departamento de Justicia y —lo que resulta más emblemático— de su destitución del jefe de la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia y de su director de ética. Más recientemente, Bondi propuso una nueva norma ética que era, en general, una usurpación de poder: establecería algo así como un control monopolístico sobre las investigaciones del Departamento de Justicia (DOJ) sobre la conducta profesional de sus propios abogados, obligando así a las autoridades éticas estatales —los custodios tradicionales de tales investigaciones— a retrasar o poner fin a sus propias investigaciones sobre conductas indebidas.

Mis colegas y yo interpretamos la norma propuesta por Bondi como un intento de proteger a los abogados del Departamento de Justicia de algunas de las obligaciones éticas que los abogados suelen cumplir, y recientemente presentamos dos comentarios normativos diferentes sobre dicha norma propuesta. El comentario que presentaron mis colegas Mike Fox y Matthew Cavedon explica en detalle cómo la norma propuesta, de promulgarse, aislaría aún más a los abogados del Departamento de Justicia del ya débil sistema de supervisión ética bajo el que trabajan actualmente. El comentario que presenté ofrece una serie de argumentos que explican los defectos de la norma: la redacción de la norma es imprecisa y, por lo tanto, su efecto práctico resulta algo enigmático; la norma no puede justificarse por la ley en la que supuestamente se basa; las consecuencias de la norma —el menoscabo de la aplicación de la ética estatal— serían contraproducentes; la norma no puede justificarse por las razones expuestas en el documento de notificación de la misma; y la norma es incompatible con la Orden Ejecutiva presidencial 13132 sobre federalismo y con las preocupaciones federalistas en general.

En resumen, esta norma propuesta funciona como una especie de símbolo del vacío ético que Pam Bondi trajo al Departamento de Justicia. A ella —y a ella misma— conviene decirle: "¡Adiós y buen viaje!".

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 14 de abril de 2026.