La derecha en la encrucijada

El modelo europeo de posguerra, construido sobre el pacto socialdemócrata de la segunda mitad del siglo XX, atraviesa una crisis estructural de carácter irreversible. Surgido tras 1945 bajo las premisas de crecimiento demográfico sostenido, incrementos continuos de productividad y un Estado del bienestar expansivo, financiado en gran parte, por el dividendo de seguridad proporcionado por Estados Unidos es inviable. Las tasas de fertilidad por debajo de 1,5 en la mayor parte de la Unión Europea, el estancamiento y ampliación de la brecha de productividad relativa respecto a Estados Unidos y la saturación de la carga fiscal y regulatoria han transformado el antiguo pacto en una maquinaria burocrática cada vez más insostenible. En este escenario, la derecha europea se enfrenta a una disyuntiva existencial: o rompe de manera explícita con las premisas del modelo socialdemócrata o desaparecerá.

La derecha tradicional en la práctica, se ha limitado a gestionar con mayor o menor rigor fiscal y eficiencia administrativa los mismos pilares del estatismo imperante desde finales de los años 90. Esta sumisión conceptual la convierte en heredera y continuadora de un edificio en ruinas. La pérdida de hegemonía histórica de la CDU/CSU en Alemania o la implosión del espacio de centro-derecha en Francia ilustran con claridad las consecuencias de esa estrategia: la derecha que insiste en permanecer vinculada al consenso de 1945 carece de proyecto político propio y queda expuesta a una vulnerabilidad estructural permanente.

Frente a esa situación, la nueva derecha populista o soberanista ha irrumpido presentándose como ruptura radical. Un análisis detenido de sus propuestas revela, sin embargo, una profunda incoherencia. Lejos de combatir las premisas económicas del modelo socialdemócrata, esta corriente tiende a hipertrofiarlas bajo un ropaje estatista y proteccionista. Su diagnóstico apela a la nostalgia identitaria y su receta se centra en el cierre de mercados, la protección de “campeones nacionales” ineficientes y una mayor intervención estatal selectiva. En la práctica, se trata de un grito reiterado sin arquitectura institucional real: abundante indignación retórica y escasa capacidad para revertir el estancamiento de la productividad o la quiebra financiera del Estado del bienestar. 

El único ideario situado en el espectro de la derecha que posee contenido analítico sólido, coherencia interna y capacidad transformadora es el de la tradición liberal. El liberalismo no pretende remendar el modelo ni replegarse en el aislacionismo estatista; propone transformar de raíz las estructuras normativas, institucionales y económicas que asfixian a Europa. Y es precisamente ahí donde se revela su superioridad: el liberalismo es más coherente y más duro que la derecha testosterónica.

En el ámbito económico, la respuesta liberal ataca la causa raíz del declive europeo: la hipertrofia regulatoria, la voracidad fiscal; en suma, la existencia de un Estado pantagruélico. Propone un desmantelamiento sistemático de las trabas burocráticas, una reducción significativa de la presión fiscal y la reforma del Estado del bienestar mediante esquemas de capitalización y libre elección, tomando como referencia experiencias contrastadas como los sistemas de pensiones de Suecia y Australia. Frente a la protección de industrias obsoletas o el blindaje de “campeones nacionales” que caracteriza al soberanismo, el liberalismo restaura el mecanismo de incentivos de mercado: premia el mérito, la innovación y la productividad. Esta posición es más dura porque confronta directamente a los intereses creados —sindicatos de sectores protegidos, burocracias regulatorias y empresas rentistas— en lugar de alimentarlos. La nueva derecha, al apostar por el proteccionismo y la intervención, perpetúa las rigideces que han ensanchado la brecha de productividad con Norteamérica y Asia.

Respecto a la inmigración y el orden público, una aproximación liberal ortodoxa resulta inherentemente más estricta en la aplicación del derecho. Parte del principio indiscutible de la soberanía de la ley, la igualdad ante la misma y el respeto irrestricto a la propiedad y al espacio público. Un modelo migratorio liberal exige una política basada en el mérito, la capacidad de integración y la contribución económica neta, eliminando de raíz los incentivos perversos generados por el acceso automático a las redes de subsidios estatales. Quien vulnera el contrato social o atenta contra las libertades individuales pierde el derecho a la permanencia. Esta firmeza no se sustenta en prejuicios identitarios, sino en la defensa intransigente del Estado de Derecho, lo que confiere mayor solidez jurídica y sostenibilidad a los controles fronterizos y a las expulsiones.

En la batalla cultural, el liberalismo rechaza el uso de las instituciones como herramientas de ingeniería social de cualquier signo. Mientras la nueva derecha tiende a responder a la corrección política progresista intentando imponer, a través del poder del Estado, su propia agenda conservadora, el liberalismo defiende la libertad de expresión dentro del marco de los derechos fundamentales, desarbola el tutelaje moral estatal y devuelve la autonomía plena al individuo frente al colectivismo ideológico, sea este progresista o reaccionario. Esta posición es más dura porque exige coherencia: no se puede criticar la censura blanda de un lado para reclamar después la imposición estatal de una visión particular de la cultura o la familia. El resultado es un marco institucional más robusto y menos vulnerable a acusaciones de hipocresía.

La experiencia histórica refuerza el argumento. En los años ochenta y noventa, cuando la mayoría de los partidos de centro-derecha adoptaron agendas liberales —Margaret Thatcher en el Reino Unido, Ronald Reagan en Estados Unidos, Helmut Kohl en Alemania—, no solo se registraron resultados económicos superiores, sino que el espacio electoral de la extrema derecha se redujo de forma significativa. Existía entonces una oferta de derecha coherente, orientada al crecimiento, la desregulación y la responsabilidad individual. Cuando esa oferta se diluyó y el centro-derecha regresó a la administración del consenso socialdemócrata, el vacío fue ocupado por el populismo.

La crisis política europea no constituye un fenómeno pasajero, sino el síntoma definitivo de que el pacto de 1945 está liquidado. La centro-derecha tradicional carece de futuro si se obstina en actuar como albacea de un edificio en ruinas. La nueva derecha, convertida en un grito reiterado sin arquitectura económica ni institucional real, ofrece una falsa ruptura. La única vía de supervivencia y victoria para la derecha europea consiste en desligarse por completo de la socialdemocracia caduca y asumir una agenda liberal ambiciosa, rigurosa y sin complejos. En la práctica, este programa es más coherente —porque no contradice sus propios principios económicos y jurídicos— y más duro —porque ataca de raíz las distorsiones y los incentivos perversos, no solo sus síntomas—. Esa es la diferencia decisiva entre administrar el declive con eslóganes y revertirlo con una agenda de reformas profundas.

Este artículo fue publicado originalmente en El Economista (España) el 9 de septiembre de 2026.