La agonía Argentina

A la crisis política, económica y social se suma ahora la institucional. La decisión del gobierno de reemplazar a la Corte Suprema tras declarar ésta inconstitucional el "corralito" agrava todavía más la caótica situación de la República austral y la convierte en un país en el cual no existe nada parecido a un asomo de legalidad. A la ruptura por parte de los sucesivos gobiernos argentinos de las reglas del juego se suma ahora la demolición de la última garantía de seguridad y de respeto a la ley. La decisión gubernamental de eliminar el control de poder que supone la Corte Suprema se traduce en la concesión de una patente de curso para que el ejecutivo Duhalde actúe sin restricción legal alguna. Por eso, la confianza en una salida racional e inteligente a la crisis se convierte en una hipótesis casi imposible. ¿Quién sustituirá a los jueces, unos acólitos del poder?

Junto a este dramático hecho, los acontecimientos siguen su rumbo inexorable hacia el desastre. Las medidas bancarias certifican la quiebra del sistema de pagos argentino; imponen una pérdida a los bancos de unos 30 mil millones de dólares cuando el total de su activo patrimonial supone 15,000. Esto unido a la contracción del crédito provocada por el "corralito" se traduce en una caída de la oferta monetaria total del 30 por ciento, superior a la registrada en los EE.UU. en los años treinta y causante básico de la Gran Depresión. Con una banca quebrada, la economía argentina irá directamente al colapso en un plazo de tiempo no superior a los dos meses. La conversión de los bancos en un enemigo externo tal vez sea rentable a corto plazo en términos políticos pero es suicida en el medio plazo y no podrá evitar lo inevitable: la parálisis de la actividad económica.

La importancia de las restricciones impuestas por el gabinete De la Rúa a las transacciones financieras normales y acentuadas por Duhalde ya han tenido consecuencias demoledoras. Han paralizado el flujo normal de cobros y pagos de la economía, lo que se ha traducido en una aportación negativa al crecimiento del PIB entre el 5 y el 8 por ciento del PIB. El gobierno ha suprimido la liquidez imprescindible en una economía de cambio indirecto en la cual las operaciones se realizan a través del dinero. Esto ha dado un golpe brutal a una actividad productiva en recesión desde hace más de tres años y probablemente se traducirá en un incremento negativo del PIB en 2002 del orden del 20 por ciento. Esto significa un aumento del paro de hasta el 30 por ciento de la población activa y un descenso de los salarios reales del 50 por ciento.

Las consecuencias sociales y económicas de este escenario son explosivas. Ni el FMI ni el Banco Mundial ni los inversionistas internacionales van a dar un peso a un gobierno sin otro programa que la demagogia y sin otro horizonte que el caos. El hambre que castiga ya a Buenos Aires se extenderá al resto del país y una legión de desheredados sin esperanza puede llevar a Argentina a una situación de anarquía. Este desarrollo es inevitable si no se produce un cambio radical en la estrategia económica de Duhalde. De lo contrario, cualquier salida es posible: la emergencia de un Chávez argentino o la vuelta directa o indirecta de las fuerzas armadas al centro de la política nacional. Esta segunda posibilidad es improbable pero no imposible si las soluciones institucionales normales se ven bloqueadas por la irresponsabilidad de las fuerzas políticas dominantes: La Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista.