La 32.ª participación accionaria del presidente Trump lleva su racha de adquisiciones a Venezuela

Desde hace más de un año, los expertos del Instituto Cato han advertido que la administración de Trump está convirtiendo al gobierno federal en accionista de empresas favorecidas. Su nuevo acuerdo petrolero con Venezuela suma la entrada número 32 a la cartera en rápida expansión del Tío Sam (tabla al final): una participación del 35 por ciento en la empresa matriz de North American Blue Energy Partners (NABEP), una productora petrolera de capital privado controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, quien cuenta con conexiones políticas. El acuerdo ofrece el ejemplo más claro hasta la fecha de un gobierno basado en negociaciones opacas y comunicados de prensa.

Según la Casa Blanca, las autoridades venezolanas otorgaron a NABEP concesiones por 100 años sobre 17 yacimientos petroleros que contienen unos 65 mil millones de barriles. La Oficina de Capital Estratégico (OSC) del Pentágono obtiene la participación del 35 por ciento, mientras que el Departamento de Estado tiene el derecho de comprar el 20 por ciento de la producción a precio de costo y la prioridad para adquirir el 80 por ciento restante. El acuerdo también exige que los ciudadanos estadounidenses ocupen la mayoría de los puestos en la junta directiva y le otorga a Washington poder de veto sobre cada nombramiento.

La participación ha sido descrita como "pasiva", mientras que la Casa Blanca afirma que no le costará nada a los contribuyentes. Esa descripción es difícil de conciliar con el control de Washington sobre la junta directiva de NABEP y una cuenta a través de la cual se canalizarán sus pagos a la empresa petrolera estatal de Venezuela. El público aún no ha visto el acuerdo firmado entre Estados Unidos y NABEP ni los contratos de los yacimientos. El gobierno no ha revelado quiénes son los demás propietarios e inversionistas de NABEP, cómo se calculará el "precio de costo", qué recibirían o qué riesgos correrían los contribuyentes, ni cómo el gobierno podría salir de la inversión. Tampoco ha explicado por qué se seleccionó a la NABEP sin un proceso competitivo. La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el partido gobernante, ha respaldado desde entonces el acuerdo, pero sin los documentos de la concesión, el público aún no puede determinar si los plazos de 100 años cumplen con la ley venezolana. El anuncio promete hasta 100 mil millones de dólares en inversión y afirma que la participación del gobierno podría valer cientos de mil millones de dólares. No han surgido compromisos firmes que respalden esa cifra de 100 mil millones de dólares, y el gobierno no ha explicado su valoración. 

En conjunto, las afirmaciones del gobierno equivalen a economía de comunicados de prensa a escala imperial.

La opacidad se extiende a la base legal del acuerdo. El gobierno no ha presentado un argumento formal que justifique la facultad del poder ejecutivo para adquirir acciones, y ninguna ley autoriza expresamente al Pentágono a hacerlo. La ley de la OSC prevé préstamos y garantías de préstamos para apoyar tecnologías específicas, pero no dice nada sobre la participación directa en el capital, y el petróleo no figura entre las categorías que abarca. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo inicialmente que la OSC "no adquiere participaciones accionarias en empresas privadas". Días más tarde, un funcionario de la Casa Blanca afirmó que el Congreso le había otorgado esa autoridad a la OSC, aunque no identificó ninguna disposición al respecto. Semafor informa que el Congreso había rechazado anteriormente las solicitudes del Pentágono para obtener ese poder. Esta contradicción sugiere que el gobierno está improvisando y contando con que un Congreso republicano sumiso siga haciendo la vista gorda.

La elección de Betancourt hace que esa opacidad sea aún más preocupante. En Venezuela, se le conoce como un "Bolichico", uno de esos empresarios con conexiones políticas que se enriquecieron bajo el mandato de Hugo Chávez. Su empresa, Derwick Associates, obtuvo contratos para centrales eléctricas sin licitación después de que una sequía paralizara el sistema eléctrico del país. Investigaciones de organismos de control y del Parlamento alegaron posteriormente que Derwick infló los precios de las piezas a más del doble. No se presentaron cargos y Derwick negó haber cometido irregularidades. Pero figuras de la oposición consideran a Betancourt como parte de la corrupción y el colapso de la infraestructura de Venezuela, mientras que los residentes siguen sufriendo apagones recurrentes.

Según se informa, Betancourt también sigue siendo objeto de una investigación suiza por lavado de dinero, aunque nunca se le han presentado cargos y, una vez más, niega haber cometido irregularidades. El Washington Post informó que altos funcionarios de Trump presionaron a las autoridades suizas para que resolvieran el asunto sin cargos penales y levantaran sus restricciones de viaje. El Departamento de Justicia no ha dado curso a una solicitud suiza para su arresto, incluso cuando él ingresó a Estados Unidos para reunirse con la administración. Semafor informó posteriormente que un funcionario de la Casa Blanca reconoció que la administración había intervenido en la investigación para que se pudiera cerrar el acuerdo con NABEP. Sin duda, parece que la administración eligió a un personaje cuestionable y luego utilizó el poder federal para eliminar los obstáculos legales en su camino.

La selección de Betancourt encaja en un patrón más amplio de preocupaciones por el amiguismo en toda la cartera de participaciones de la administración. Vulcan Elements se aseguró una adjudicación propuesta por el Departamento de Comercio por 50 millones de dólares, que incluía una participación accionaria del gobierno y un compromiso de préstamo condicional del Pentágono por 620 millones de dólares, aproximadamente tres meses después de que 1789 Capital —donde Donald Trump Jr. es socio— invirtiera en la empresa. ProPublica informó posteriormente que el asesor de la Casa Blanca Peter Navarro, amigo de Trump Jr., inició la solicitud de préstamo y que Vulcan fue el único acuerdo, entre las docenas que se estaban considerando, que se originó a partir de un alto asesor presidencial. A PsiQuantum, otra inversión de 1789 Capital, se le ofrecieron posteriormente 100 millones de dólares en financiamiento federal a cambio de una participación minoritaria del gobierno. La administración también ofreció a USA Rare Earth un paquete de financiamiento de 1,6 mil millones de dólares a cambio de una participación accionaria, al tiempo que condicionó parcialmente el acuerdo a una captación de capital de 1,5 mil millones de dólares liderada por Cantor Fitzgerald, la antigua firma del secretario de Comercio Howard Lutnick, que ahora dirigen sus hijos. La administración puede insistir en que estos vínculos son incidentales, pero su falta de transparencia al no revelar cómo se selecciona a los beneficiarios le priva del beneficio de la duda.

El legislador de la oposición venezolana Henrique Capriles citó la "opacidad y corrupción" del gobierno de Rodríguez al cuestionar el acuerdo petrolero. Se refería a Caracas, pero Washington está generando las mismas sospechas al ocultar los términos del acuerdo, al tiempo que favorece a una empresa y ayuda a su propietario con una investigación en el extranjero.

Mi colega Ian Vásquez ya ha catalogado los defectos más generales del acuerdo. Como él escribe, es "un regalo para los socialistas de todo el mundo, quienes ahora pueden señalarlo con cierta credibilidad como un ejemplo de acaparamiento imperial de recursos". Sí, y la cartera de 32 empresas revela el peligro a nivel nacional, ya que la administración de Trump normaliza la propiedad pública a través de acuerdos opacos e improvisados. El Congreso debería exigir la divulgación del acuerdo y detener esta cartera corporativa antes de que llegue la entrada n.º 33.

Nota metodológica: La tabla excluye las transacciones de la Corporación Financiera para el Desarrollo (DFC) porque el Congreso autorizó expresamente a la DFC a realizar inversiones minoritarias de capital en la Ley BUILD de 2018, años antes de la segunda administración de Trump. Se incluye la acción de oro de US Steel porque otorga al gobierno federal derechos de veto específicos sobre la empresa, a pesar de no tener ningún interés económico convencional.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 4 de septiembre de 2026.