Kioto y las eléctricas españolas

Por Lorenzo Bernaldo de Quirós

El Protocolo de Kioto se ha convertido en un shock de oferta negativo para muchos sectores productivos. La justificación científica para hacer de las emisiones de CO2 la causa de un supuesto efecto invernadero ha sido cuestionada por numerosos expertos, incluidos 25 premios Nóbel de Física y Química.

Por otra parte, los costes de la kiotada se reparten desigualmente entre las naciones, ya que recaen casi en su totalidad sobre los países desarrollados. Kioto constituye una subvención directa a las economías emergentes y en vías de desarrollo, a las cuales concede una ventaja competitiva sobre la base de hipótesis cuanto menos aventuradas; esta es la causa por la cual algunos Estados ricos se han negando a aceptarlo y no lo han ratificado. En cualquier caso, la UE se ha apuntado a las tesis más “verdes” y, por tanto, España se ve forzada a introducir una legislación cuyos negativos efectos sobre amplios sectores de la actividad económica pueden ser muy considerables, al menos, en el medio plazo.

Uno de los ámbitos más golpeados por la Directiva Europea que convierte en norma comunitaria y estatal el Protocolo de Kioto es el de la energía, en especial el eléctrico, cuyas compañías no podrán superar los 88 millones de toneladas de emisiones de CO2 fijados en el Plan de Asignación (PNA) elaborado por el Gobierno para el período 2005-2007. La consecución de ese objetivo exige a todas las empresas de esa industria disminuir de manera sustancial la producción de gases de efecto invernadero. Obviamente, este requisito afecta con mayor contundencia a las corporaciones con centrales obsoletas y contaminantes, como es el caso de aquellas con un mix de generación con mayor componente de carbón. La presión derivada de Kioto fuerza a renovar a marchas forzadas el parque de generación eléctrica español a favor de tecnologías limpias, sobre todo energías renovables y ciclo combinado. Quienes no hicieron los deberes y apostaron por los beneficios a corto plazo vía generación ineficiente tienen problemas.

Las decisiones adoptadas hasta el momento por el Gobierno, a través de los reales decretos que regulan el comercio de derechos de emisión y el PNA, dibujan un camino que dificulta la posibilidad de alcanzar las metas asumidas por España al ratificar Kioto. Quizá sea una metástasis de lo ocurrido en la ciudad imperial nipona la causa por la cual el gabinete ha optado por una distribución desigual de los costes de dicho Protocolo entre las distintas ramas de producción. Las compañías eléctricas han de disminuir un 7% sus emisiones de CO2 en tanto el resto de los sectores pueden incrementarlas en un 11%. Para más inri, la discriminación se introduce también dentro del propio sector eléctrico en forma de una hipotética igualdad de trato, expresión clara del viejo lema “café para todos”, que no distingue entre las corporaciones que anticiparon el cambio estructural, por ejemplo Iberdrola, y aquellas otras que, por visión alicorta o por simple incompetencia, no abordaron la reestructuración de su aparato productivo. Ahora se ven obligadas a hacer en tiempo récord lo que no han sido capaces de acometer en años. Se trata de castigar a quienes sacrificaron beneficios a corto para invertir en competitividad a largo y premiar a quienes no se ajustaron cuando debieron hacerlo.

Aunque resulte doloroso, la regla de una economía de mercado es clara: quienes lo hacen bien ganan dinero y sobreviven, los que lo hacen mal lo pierden y, si no reaccionan, desaparecen. Esta lógica es igual para el sector energético, para el financiero, para cualquier compañía en un sistema capitalista. Cuando se incumple este principio elemental, los incentivos para ser eficiente y competitivo desaparecen. En España, Endesa, caso emblemático, mantuvo una estrategia que le proporcionó pingües beneficios durante décadas. Ahora, no es lógico que quienes jugaron la carta del futuro, Iberdrola, financien a su competidor, sufraguen su antigua y lucrativa ineficiencia. El Gobierno no puede convertirse en salvador de los errores cometidos por los gestores privados sin lanzar una pésima señal a los agentes económicos.

Algunas corporaciones eléctricas siguen pensando que viven en los felices tiempos del oligopolio, en el cual, alrededor de una mesa, se decidía el reparto del mercado y la cuenta de resultados con la bendición del poder político. Ese mundo se terminó. Con sus indudables limitaciones, la liberalización del sector eléctrico español ha introducido un nuevo paradigma en su funcionamiento y ha hecho insostenible la dinámica colusoria del pasado. En este contexto, la cesión del Gobierno ante los intentos de algunas compañías de nacionalizar, con cargo a las demás, sus ineficiencias es incompatible con la creación de un mercado eléctrico abierto, sometido a las fuerzas de la competencia. Si se quiere ayudar a que los dinosaurios eléctricos se modernicen sin pagar precio alguno, extremo poco presentable, es mejor subvencionarles directamente que distorsionar el mercado penalizando a las corporaciones eficientes. Por cierto, ¿no sería sensato replantearse la infantil obsesión antinuclear si se quiere una energía limpia y una oferta energética autónoma y suficiente para satisfacer la demanda?