Joe Biden: Nuestro Presidente, el principal guerrero cultural

A principios de julio, el New York Times publicó en portada un artículo en el que admiraba la perspicacia política del presidente Biden en cuestiones de guerra cultural ("Biden Sidesteaks Any Notion That He's a 'Flaming Woke Warrior'", NYT, 4 de julio de 2023). Por lo visto, hay que reconocerlo: Biden ha "evitado hábilmente verse envuelto en batallas sobre cuestiones sociales muy controvertidas", como los derechos de los transexuales. "En un momento en el que los partidos políticos estadounidenses están intercambiando fuego feroz", nos dicen, "el presidente se mantiene al margen de la refriega".

La afirmación es pura palabrería. De hecho, Biden ha hecho uso en repetidas ocasiones de todos los poderes de la presidencia en un intento de imponer un acuerdo forzado sobre cuestiones en las que el pueblo estadounidense está profundamente dividido.

El análisis, realizado por el periodista del Times Reid Epstein, prima totalmente el estilo sobre la sustancia. Ser mayor y estar un poco fuera de onda es el superpoder secreto del presidente en cuestiones sociales, dice el argumento. Biden es "blanco, hombre, tiene 80 años y no está especialmente al día en el lenguaje de la izquierda"; escribe Epstein; "el presidente no ha adoptado la terminología de los activistas progresistas" y a veces parece confundido por ella.

Para ser justos, es difícil incluso para los no octogenarios estar al día de la siempre proliferante jerga en este ámbito. El mes pasado, el Secretario de Estado de Biden, Anthony Blinken, advirtió a los desprevenidos estadounidenses de los peligros de la "bifobia" y la "interfobia", y la semana pasada se publicaron nuevas directrices de "equidad sanitaria" de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre  los hombres que dan de lactar a los infantes ("chestfeeding infants"). El propio Epstein se confundió un poco; la versión original del artículo incluía esta desconcertante frase: "[Biden] tampoco recuerda siempre las palabras que la mayoría de los políticos estadounidenses utilizan para describir a las personas del mismo sexo".

Pero incluso si, como insiste el artículo del Times, "el Sr. Biden nunca se ha presentado como un guerrero cultural de izquierdas", lo que el presidente está haciendo realmente con las armas del poder ejecutivo debería contar para algo. Por ejemplo:

• Los edictos sobre el Título IX propuestos por el presidente le darían el poder de establecer normas nacionales sobre qué niño puede usar qué baño y quién puede jugar en el equipo femenino en todas las escuelas estatales K-12 y prácticamente en todas las universidades de Estados Unidos;
• una normativa propuesta por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Biden obligaría a médicos y hospitales a proporcionar "atención de afirmación de género" –bloqueadores de la pubertad, hormonas transgénero y cirugías de cambio de sexo "superior" e "inferior"– incluso a niños menores. Las aseguradoras privadas –y el contribuyente, a través de Medicaid– tendrán que pagar la factura;
• Y en la "Orden Ejecutiva sobre el Avance de la Igualdad para Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Queer e Intersexuales" de junio de 2022, el presidente propone enviar a la Comisión Federal de Comercio (FTC) a perseguir a los médicos que practiquen la "terapia de conversión", que puede definirse con suficiente amplitud como para incluir a los psicólogos que se resistan a entregar inmediatamente los bloqueadores de la pubertad.

¿"Mantenerse al margen"? Vamos, hombre.

Millones de estadounidenses creen que la intervención médica en menores con identificación trans es una "atención de afirmación de género" compasiva; millones más creen que equivale a experimentar con niños en pleno contagio social. El estado de las pruebas médicas en este caso es "preocupantemente débil"; pero aunque no lo fuera, no es probable que el debate se zanje diciendo a la gente que se calle y "confíe en la ciencia".

El intento de Biden de forzar un acuerdo sobre cuestiones transgénero apunta a un problema mayor con "la deformación de nuestra estructura gubernamental" hacia el gobierno unipersonal. El diseño constitucional original exigía un amplio consenso para los cambios políticos de gran alcance, pero como advierten los profesores de Derecho John O. McGinnis y Michael B. Rappaport en un importante artículo reciente titulado "Presidential Polarization" ("La polarización presidencial"):

"ahora el presidente puede adoptar tales cambios unilateralmente.... En el ámbito nacional, la delegación de decisiones políticas del Congreso en el poder ejecutivo permite a la administración del Presidente crear las normativas más importantes de nuestra vida económica y social. El resultado son regulaciones relativamente extremas que pueden cambiar radicalmente entre administraciones de distintos partidos".

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se presenta a las elecciones presidenciales, y tiene su propia opinión sobre el tratamiento médico de la disforia de género: dice que equivale a convertir a los niños en "conejillos de indias" y "mutilarlos." Si sale elegido, seguro que se inspirará en la medida de Biden en la FTC; tal vez incluso impulse algunos procesos creativos en virtud de la ley federal de Mutilación Genital Femenina.

Alexander Hamilton suponía que la "energía en el ejecutivo" conduciría a una "administración firme de las leyes". Al servicio de la guerra cultural presidencial, esa energía puede significar oscilar entre lo "obligatorio" y lo "prohibido" en ciclos de cuatro a ocho años, dependiendo del partido que consiga hacerse con la Casa Blanca.

Peor aún, como señalan McGinnis y Rappaport:

"La presidencia administrativa imperial también eleva lo que está en juego en cualquier elección presidencial, haciendo temer a cada bando que el otro disfrutará de un poder sustancial y en gran medida incontrolado en muchas áreas de la política".

Ese temor fomenta el peligroso sentimiento de que cada elección es una "Elección del Vuelo 93": cargar la cabina, hacerlo o morir. El incesante crecimiento del poder federal –y su concentración en el poder ejecutivo– ha convertido a nuestro gobierno en un catalizador de conflictos sociales.

Tener un presidente que realmente se mantenga al margen de la guerra cultural no es sólo un objetivo meritorio: en las condiciones actuales puede ser esencial para la "tranquilidad nacional" que se supone que debe garantizar nuestro gobierno federal. Pero a menos que esperemos que se abstengan por la bondad de su corazón, necesitaremos reformas estructurales que limiten su poder de intervención.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 10 de julio de 2023.