Investigación financiada por el Estado publicada en revistas financiadas por el Estado: ¿qué puede salir mal?

El Secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy, Jr., dijo recientemente a los oyentes del podcast "Ultimate Human" que podría impedir a los investigadores del Estado publicar sus hallazgos en las prestigiosas revistas médicas, según el Washington Post.

Kennedy señaló a The Lancet, el New England Journal of Medicine, y JAMA (el Journal of the American Medical Association), etiquetándolos de corruptos y "bajo el control de la industria farmacéutica". Expresó su deseo de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos creara sus propias revistas y afirmó que el gobierno exigiría a los investigadores a los que financia que publiquen sus hallazgos exclusivamente en esas revistas. En el podcast, Kennedy señaló que estas revistas serán, por definición, preeminentes, "porque si obtienes financiación [de los NIH], te está ungiendo como un científico bueno y legítimo".

Dejemos a un lado la cuestión de si las revistas médicas independientes y prestigiosas son susceptibles a la influencia de las empresas farmacéuticas. ¿Qué podemos esperar que ocurra cuando los cargos políticos (por ejemplo, los directores de los Institutos Nacionales de Salud y de la Administración de Alimentos y Medicamentos) deciden cómo asignar el dinero de los contribuyentes a la investigación destinada a promover la agenda científica del gobierno, que posteriormente será revisada por pares y publicada en revistas estatales?

Dice el refrán: "Quien financia la música pone la melodía". En su discurso de despedida, el Presidente Dwight Eisenhower advirtió contra el riesgo de que la política pública cayera bajo el dominio de una poderosa élite científico-tecnológica. Los científicos que solicitan subvenciones a menudo evitan desafiar las opiniones dominantes, sabiendo que tal disidencia podría perjudicar sus posibilidades de financiación. Como se explica aquí y aquí, la financiación pública puede distorsionar la integridad de la investigación científica.

Los investigadores financiados con fondos privados compiten en el mercado de las ideas, tratando de publicar sus hallazgos en revistas del sector privado. Aunque ningún individuo es inmune a las fuerzas corruptoras, una plaza pública científica competitiva y abierta tiene más probabilidades de llegar a la verdad y al progreso que un monopolio estatal, que es ineludiblemente vulnerable a las preocupaciones políticas y de intereses especiales.

Si el Secretario Kennedy se toma en serio la reforma de la ciencia, debería centrarse en fomentar la independencia y la transparencia, no en consolidar el control. La creación de revistas gestionadas por el Estado que sólo publiquen investigaciones financiadas por el Estado y revisadas por editores nombrados por el gobierno corre el riesgo de transformar la ciencia en propaganda.

La mejor salvaguarda de la integridad científica no es una mayor centralización, sino la competencia, el debate abierto y la libertad de seguir las pruebas allá donde nos lleven.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 28 de mayo de 2025.