Intensifican la socialización de pérdidas
Mauricio Ríos García explica que las reformas de los ochenta y noventa en Bolivia le han permitido al gobierno de Evo Morales un margen de maniobra que no han tenido sus otros gobiernos socialistas de la región.
El hecho de que se disponga de los fondos que administran las AFP tiene varias implicaciones que pasan por lo jurídico, histórico, ético y práctico. Muchos se preguntan desde hace mucho cómo es que un gobierno de estas características, con tanta improvisación y populismo, logra mantener cierta estabilidad económica y mantenerse en el poder, si ha implementado todas y cada una de las medidas que han significado, sin excepciones, el fracaso rotundo de sus colegas en el resto de la región.
La respuesta es sencilla: no todos los países en los que ha fracasado el Socialismo del Siglo XXI realizaron las medidas de ajuste y reformas estructurales entre mediados de los años 80 y 90, que a Bolivia permitieron un margen de maniobra en materia de política económica tan grande como hasta el día de hoy. Lamentablemente los errores que se cometieron en tales reformas, como el no haber establecido garantía alguna para que ningún gobierno posterior pudieran improvisar y además atribuirse la gran fortuna del contexto internacional de los últimos diez años como el actual, impidieron el crecimiento sano y sostenido en el largo plazo.
Así pues, Bolivia va rápidamente encaminada a convertir su desaceleración en recesión. El disponer de los aportes que administran las AFP es una más de las ya incontables ilustraciones de un problema estructural generalizado de la economía, de un modelo que no funciona en absoluto porque no responde a la nueva realidad de bajos precios del gas. No saben hacer política económica sin recursos. Por ejemplo, solamente hay que fijarse en lo que hasta el momento significa un fenómeno como el Brexit: Theresa May busca modificar la estructura económica del Reino Unido luego de ya casi 10 años de Gran Recesión convirtiéndolo en un refugio fiscal frente a la Unión Europea, que se resiste a las reformas y no sale del bajo crecimiento de largo plazo o la recesión, reduciendo agresivamente los impuestos.
Cuando el Estado forzosamente utiliza fondos privados o incluso del contribuyente para rescatar a distintos grupos privilegiados de poder en problemas en vez de permitir a la economía que se reacomode sola, se están "socializando pérdidas"; aquellos quienes durante la etapa del auge ahorraron y realizaron inversiones prudentes, ahora tienen que además pagar por el error de juicio económico de terceros, o peor aún, por sus derroches y desenfrenos. Este tipo de medidas alocadas solamente precipitan la economía hacia el descontrol, y para que el desenlace sea similar al de Argentina, Brasil y Ecuador —esperemos que no el de Venezuela— es solamente una cuestión de tiempo.
Ayer la pregunta era qué hacer con las rentas del gas, y luego fue qué hacer con las reservas; hoy la pregunta es hasta dónde, cómo y cuándo se incrementarán los impuestos, y cómo se puede echar mano de "sólo el 5%" de los aportes a las AFP o cualquier otra bolsa sin causar mayores problemas. ¿Mañana será cómo disponer también de los depósitos de quienes más tienen en el sistema financiero, y cómo recurrir nuevamente a la prerrogativa del impuesto-inflación sin que se caiga el halo democrático? Lo que preocupa no es el momento actual de la economía, sino la tendencia que tiene, y lamentablemente hemos acertado con cada advertencia. No se pueden postergar los ajustes y reformas ad infinitum sin sacrificar el crecimiento de largo plazo, porque por muy estable que sea la economía, habrá crisis.
La pregunta del millón, entonces, es qué se puede hacer al respecto y en semejante entorno. Lo primero es no esperar a que las cosas empeoren suponiendo que lo menos probable no es posible. En el momento menos esperado el escenario es más difícil de lo que nadie se imaginó en un principio, y ya no se podrá hacer mucho al respecto. Nadie sabe si sucederá lo peor con la economía, pero tampoco existe ninguna garantía para que no suceda lo peor.
Es necesario que la gente ponga su dinero a buen recaudo. Lógicamente, quienes mayores recursos tienen son quienes tienen mayores probabilidades de convertirse en víctimas directas de la voracidad fiscal del Estado, pero al mismo tiempo serán también quienes mayores posibilidades tienen de implementar estrategias sofisticadas y no convencionales para la preservación de su patrimonio y el de su familia.