Ilusiones constituyentes

Por Carlos Sabino

Las Asambleas Constituyentes, sobre todo cuando son “originarias” y absolutas en su poder, cautivan desde hace tiempo la imaginación de los latinoamericanos. En los últimos años, desde que el venezolano Chávez lograra triunfar en las elecciones presidenciales de 1998, se han convertido en el estandarte principal de todo candidato populista, radical o antisistema que haya aparecido en nuestra región, aunque muchos otros – desde diferentes posiciones políticas- también se han acogido a la misma propuesta.

La idea tiene ilustres antecedentes que explican, en parte, el fervor con que todavía se la promueve. Desde que los franceses destronaran a su rey, hace más de doscientos años, y siguiendo el famoso ejemplo de las cortes reunidas en Cádiz que promulgaron la constitución española de 1812, los habitantes de América Latina han perseguido siempre la ilusión de resolver sus problemas mediante la reunión de un cuerpo colegiado, representante de toda la población, que asuma la tarea de fundar o refundar repúblicas, de partir otra vez “desde cero”, reformándolo todo y diseñando el país que quisiese el pueblo soberano.

Decenas de constituyentes se han congregado en nuestra región desde la independencia, pero pocas – si acaso dos o tres- han logrado producir los resultados ambicionados: un sistema político estable, aceptado por la gran mayoría de la población, que permita la armoniosa convivencia de todos y el progreso de las naciones. Muy por el contrario, la inmensa mayoría de estas asambleas sólo han servido “para designar al caudillo de turno como presidente de la República y realizar ciertas modificaciones que se requerían para concentrar poder", como explicara hace poco el constitucionalista ecuatoriano Rafael Ollarte Martínez.

Las constituyentes han fracasado porque no han comprendido que el propósito de una constitución estable y fructífera no es imponer la voluntad de una mayoría circunstancial, arrollando y oprimiendo a las minorías, sino crear normas estables, aceptadas por un amplio consenso, que permitan a todos los partidos y corrientes de opinión sentirse seguros en cuanto a que se respetarán sus derechos. Y la experiencia reciente, como lo prueban varios casos que conocemos, poco se aparta de lo que acontecía en otros siglos.

Chávez impuso en Venezuela la convocatoria a una constituyente “originaria”, con poderes absolutos, sin molestarse siquiera en reformar la constitución vigente, la de 1961, que expresamente prohibía su reforma por ese método. Al igual que los caudillos del siglo XIX logró que se aprobara -apoyado por una mayoría circunstancial y una ley electoral modificada para favorecerlo- una nueva ley fundamental que le dio poderes casi absolutos y que le ha permitido cometer toda clase de desmanes antidemocráticos.

En Bolivia, ahora, está sucediendo algo parecido. Evo Morales, montado en una ola de alta popularidad, convocó a una constituyente que tomaría todas sus decisiones de importancia, según la ley aprobada expresamente, por una mayoría de dos tercios. Pero como no ha alcanzado esta cifra, sus partidarios, siguiendo el criterio de que la mayoría debe aplastar a la minoría, insisten ahora en que las decisiones se tomen por mayoría simple. Esto ha provocado no pocas tensiones en la nación andina.

En varios otros países de la región, como por ejemplo en Ecuador, los candidatos del populismo radical de izquierda proponen con insistencia que se convoque a una constituyente para resolver de una vez los problemas del país. Buena parte del electorado, allí y en otros países, apoya esta propuesta, con la vana esperanza de que todo se solucionará si empezamos otra vez desde el comienzo, borrando de un plumazo el pasado y dándole el poder a algún caudillo más o menos mesiánico.

Mientras los latinoamericanos sigamos pensando así, creyendo en soluciones mágicas y casi instantáneas, nunca lograremos tener en nuestros países auténticos estados de derecho. Porque una buena constitución no es la que resulta de entusiasmos momentáneos o de caudillos supuestamente iluminados sino una compleja obra de relojería, delicada y bien balanceada, que permite construir un sistema político que da el poder a la mayoría, respeta escrupulosamente a las minorías y garantiza que gobiernos de diferente signo puedan alternarse en el poder sin traumas ni sobresaltos.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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