Hora de acabar con la guerra contra las drogas

El general Barry McCaffrey, el zar antidroga estadounidense, sugirió recientemente que la Organización de Estados Americanos (OEA) asuma la responsabilidad de determinar qué países están colaborando en el combate al narcotráfico. El gobierno estadounidense se puede evitar muchos quebraderos de cabeza y disputas diplomáticas con sus vecinos latinoamericanos si logra que la OEA se responsabilice del proceso de certificación, pero tal decisión no reduciría en lo más mínimo el problema del narcotráfico.

El problema surgió por las leyes antidrogas draconianas de Estados Unidos. Esas leyes "han contribuído en gran medida al aumento de la violencia y a la criminalización de vastos sectores — especialmente entre la población negra— de una sociedad que cada vez está más fragmentada," afirma en su informe anual de 1997 el Observatorio Geopolítico de las Drogas, un centro de investigación francés. Sin embargo, Washington sigue culpando a los latinoamericanos por el consumo interno de drogas. "Si esos extranjeros no trajesen drogas a nuestro país," es la racionalización preferida. Los latinoamericanos, por su parte, cada vez están más hartos de esa actitud farisaica de Washington y quieren que el gobierno de Estados Unidos asuma su responsabilidad por los problemas creados.

Responsabilizar a Estados Unidos del narcotráfico latinoamericano puede recordar el antiamericanismo de antaño. Pero no es así. Estados Unidos es el mayor mercado de narcóticos del mundo, consumiendo una octava parte, o sea unos 50 mil millones de dólares al año. Por lo tanto, las leyes y las políticas antidrogas de Estados Unidos no solamente afectan a la sociedad de este país sino también a los países productores y de tránsito de narcóticos.

Como la mayoría de las drogas consumidas en Estados Unidos se producen en Latinoamérica, el gobierno estadounidense ha convertido esa región en el principal campo de batalla de su guerra contra el narcotráfico. Pero tratar de detener las drogas donde se producen o en la frontera no tiene lógica mientras las drogas sigan siendo ilegales en Estados Unidos. En el sucio negocio de los narcóticos, la mayor parte del valor (hasta un noventa por ciento) se añade una vez que se cruza la frontera de Estados Unidos. Eso refleja que la prima de riesgo en la venta de drogas aumenta a medida que se aproximan al punto de venta al por menor. Por consiguiente, todos los esfuerzos por erradicar los cultivos y de interdicción —es decir, los esfuerzos por reducir la oferta de drogas— apenas hacen una muy pequeña mella en los márgenes de beneficios de los narcotraficantes.

La despenalización de las drogas en Estados Unidos eliminaría las primas de riesgo del tráfico de drogas y, por consiguiente, los inmensos márgenes de beneficio. Pero en vez de admitir que la solución al problema está en casa, el gobierno estadounidense ejercita su considerable influencia para coaccionar a otros países a que colaboren en una guerra imposible de ganar.

Y el proceso de certificación está en el centro de esa guerra. Pero es un ejercicio arbitrario e hipócrita. Por ejemplo, los esfuerzos antidrogas de México no son mejores que los de Colombia. La corrupción y la violencia relacionadas con el narcotráfico se manifiestan a diario en México. Aún así, México recibió la certificación este año mientras que Colombia fue descertificada por segundo año consecutivo. Claro que la razón de la "certificación" de México es que comparte enormes intereses ecónomicos con Estados Unidos, mientras que el costo de "descertificar" a Colombia es pequeño.

Lamentablemente, la mera amenaza de la descertificación ha llevado a México, donde la violencia relacionada al narcotráfico va en aumento, a impulsar sus propios esfuerzos prohibicionistas. Por ejemplo, el gobierno mexicano recientemente concedió poderes de vigilancia adicionales a las fuerzas armadas, de hecho ya convertidas en el principal actor en el combate al narcotráfico.

Para Washington puede lucir la militarización de las sociedades latinoamericanas como algo positivo a sus intereses, pero el proceso de certificación ha fracasado y continuará fracasando en detener el flujo de narcóticos ilegales a Estados Unidos. Por otra parte, ese mismo proceso está debilitando aceleradamente las frágiles democracias del hemisferio y fomenta las violaciones a los derechos civiles de los latinoamericanos.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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