Honduras, no fue un golpe

Juan Carlos Hidalgo argumenta por qué lo sucedido en Honduras el 28 de junio no califica como un golpe de estado sino como la defensa del orden constitucional.

Por Juan Carlos Hidalgo

Lo que pasó en Honduras el 28 de junio no fue un golpe militar. Fue la destitución constitucional de un presidente que abusó de su poder y trató de pasar por encima de las instituciones democráticas de su país para mantenerse en la presidencia. El grado en que dicho incidente ha sido mal reportado es verdaderamente impresionante. Aquí hay algunos datos incuestionables.

Primero que todo, la decisión de remover al presidente Manuel Zalaya de su puesto no fue tomada por los militares. Fue la Corte Suprema del país la que de manera unánime ordenó a las fuerzas armadas el 26 de junio arrestar al presidente bajo los cargos de “traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones”.

La constitución hondureña no establece ningún procedimiento de juicio político por parte del Congreso. No obstante, en el 2003 se enmendó la misma de tal forma que se le dio a la Corte Suprema, y no al Congreso, la responsabilidad de conocer los procesos iniciados en contra “de los más altos funcionarios del Estado”. Esta enmienda también eliminó el beneficio de la inmunidad del cual se habían beneficiado hasta ese entonces las autoridades políticas. Por lo tanto, el presidente estaba sujeto a un proceso judicial—al igual que cualquier otro ciudadano.

También es importante indicar que luego de la salida de Zelaya, las fuerzas armadas no obtuvieron o retuvieron el poder. El Congreso hondureño, como está especificado en la constitución, prontamente juramentó en la presidencia al presidente del Congreso. De manera que el poder se mantuvo en manos de civiles. Las fuerzas armadas simplemente ejecutaron una orden de la Corte, como está previsto en la constitución.

La constitución hondureña se distingue de otras constituciones latinoamericanas debido a su repetido énfasis en los límites a los periodos presidenciales. Debido al pasado autoritario del país, cuando tanto las dictaduras civiles y militares eran la norma, la constitución hondureña prohíbe cualquier tipo de reelección presidencial.

El documento es muy claro acerca de esto: El Artículo 4 establece que los intentos de violar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia constituyen una “traición a la Patria”. El Artículo 42.5 incluso dice que cualquier persona que incite, promueva o apoye la reelección presidencial perderá su ciudadanía.

Y el Artículo 239 dice que cualquier persona que haya desempeñado el ejercicio de la presidencia no podrá ser presidente o vice-presidente de nuevo. Además, señala que el individuo que ocupe esa posición y “quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”. Añado las itálicas para agregarle énfasis. Nótese el uso del término “de inmediato”.

También, la constitución hondureña estipula que el único mecanismo mediante el cual se le puede enmendar es a través de dos votos separados en el Congreso con mayoría absoluta (dos tercios). Sin embargo, el Artículo 375 afirma que bajo ninguna circunstancia se enmendar la constitución para permitir una reelección presidencial.

Zelaya estaba promoviendo un referéndum acerca de la necesidad de una nueva constitución que abriría la puerta a su reelección. La consulta, que estaba programada para el día en que fue removido del poder, había sido declarada ilegal por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Elecciones, y había sido condenada por el Congreso y el fiscal general de Honduras.

Desde fines de mayo, el fiscal general había iniciado un expediente en contra del presidente por promover la consulta. La Corte Suprema notificó al presidente varias veces de que sus acciones estaban fuera de orden. Zelaya ignoró estas advertencias, y más bien ordenó a las fuerzas armadas hondureñas brindar la asistencia logística en la ejecución de su consulta ilegal. El jefe de las fuerzas armadas, cumpliendo con la decisión de la Corte Suprema, se negó a obedecer. Zelaya lo despidió.

El Tribunal de Elecciones ordenó la confiscación de las papeletas y otros materiales electorales que iban a ser utilizados en la votación. Zelaya entonces lideró personalmente una turba que ingresó violentamente a una base de la fuerza aérea para llevarse los materiales que ahí estaban siendo custodiados.

Considerando las acciones deliberadas y reincidentes de Zelaya en contra de la constitución y del Estado de Derecho, el 25 de junio el fiscal general pidió su arresto a la Corte Suprema. Al siguiente día, la Corte de manera unánime emitió una orden de captura y pidió a las fuerzas armadas que la llevaran a cabo.

No obstante, algo salió mal. En lugar de arrestarlo, las fuerzas armadas expulsaron del país a Zelaya, desobedeciendo los términos de su orden de captura. Esto fue una clara violación de la constitución: El Artículo 102 protege al ciudadano de ser expatriado. El ejército dice que actuó de dicha forma para evitar enfrentamientos con los partidarios de Zelaya, quienes probablemente habrían intentado ingresar a la fuerza a las instalaciones en las que el depuesto presidente hubiera estado encarcelado. Eso habría resultado en un derramamiento de sangre y una perdida terrible de vidas.

Pero las fuerzas armadas actuaron ilegalmente, y la oficina del fiscal general ya ha iniciado una investigación contra las autoridades militares que decidieron expulsar a Zelaya. El ejército ha dicho que cumplirá con cualquier decisión de la Corte en este caso.

El Presidente Obama ha declarado que este “golpe” fue ilegal. Pero si hubiese leído la constitución hondureña—o si por lo menos alguien le hubiese facilitado un breve análisis de los detalles de este documento—parece poco probable que podría sostener tal conclusión tan firme.