Hay que poner límites a los sistemas de vigilancia antes de que Estados Unidos caiga en un abismo orwelliano

Mike Fox dice que la premisa fundacional del orden constitucional estadounidense es que el gobierno debe justificar sus intromisiones ante el ciudadano, no que el ciudadano deba justificar sus movimientos diarios ante un algoritmo.

Por Mike Fox

Las calles bordeadas de palmeras del condado de Pasco, en Florida, pueden parecer a años luz de los ventosos inviernos de Chicago, pero comparten un punto en común escalofriante: ambos han utilizado la vigilancia policial predictiva contra sus residentes más vulnerables.

Durante años, la oficina del sheriff del condado de Pasco llevó a cabo un programa de vigilancia policial predictiva que utilizaba algoritmos para elaborar listas de residentes supuestamente destinados a cometer delitos en el futuro. Los agentes identificaron a "delincuentes reincidentes" —un término erróneo, ya que estas personas no habían cometido delitos— quienes se enfrentaron a un acoso implacable y sin orden judicial, diseñado para expulsarlos del condado. Solo después de un prolongado litigio por parte del Instituto para la Justicia, el sheriff reconoció las violaciones constitucionales, cerró el programa y aceptó un acuerdo de seis cifras a finales de 2024.

Si bien cabría esperar que la progresista Chicago rechazara tales tácticas, el departamento de policía de la ciudad contaba con una base de datos que utilizaba análisis de datos para predecir qué residentes tenían más probabilidades de verse involucrados en tiroteos —ya fuera como tirador o como víctima—. El enfoque del Departamento de Policía de Chicago tal vez no fue tan agresivo como el del condado de Pasco, pero tampoco logró una reducción significativa de la delincuencia. El programa fue desactivado en 2019.

Pero el problema de la vigilancia persiste.

En todo el país, las agencias de seguridad pública han comenzado a delegar el requisito de la Cuarta Enmienda de una sospecha individualizada a software opaco y redes de rastreo automatizadas. Como mi colega del Instituto Cato, Matthew Cavedon, señaló recientemente, los lectores automáticos de placas "ya no son lectores de placas; a estas alturas son lectores de personas".

Los defensores insisten en que los estadounidenses que respetan la ley no tienen nada que temer porque a la policía no le interesa nuestra rutina diaria, y promocionan los lectores de placas como herramientas vitales de investigación y disuasión. Sin embargo, donde existen bases de datos de rastreo masivo, los abusos son inevitables. El área de Chicago no es la excepción.

En Naperville, el oficial Oscar Maldonado está acusado de usar la base de datos Flock para rastrear los movimientos del exprometido de su novia. William Copp, exjefe de policía de Holiday Hills y oficial a tiempo parcial de Prairie Grove, utilizó Flock para acosar a sus antiguos compañeros y a otras personas, según los fiscales del condado de McHenry. Y justo este mes, la Policía Estatal de Illinois informó que Jeremy Harrison, un exteniente de Joliet, también hizo un uso indebido de Flock.

Maldonado, Copp y Harrison no son los únicos en sus presuntas acciones. En todo el país, el Instituto para la Justicia ha documentado más de 270 casos de uso indebido de lectores de placas a nivel nacional.

Flock defiende sus cámaras alegando que simplemente "capturan lo que cualquiera ya podría ver desde la calle", enfocándose en "el vehículo, no en la persona". La ficción de que una red de cámaras totalmente integrada y que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, simplemente replica a un oficial de patrulla en una esquina ignora la escala y la permanencia. Ningún oficial humano podría rastrear a millones de conductores simultáneamente, conservar sus patrones históricos de desplazamiento de manera indefinida y recordar sus movimientos con solo presionar una tecla.

Esta red de vigilancia funciona en conjunto con la proliferación del código penal y un Tribunal Supremo que ha dado luz verde a las detenciones de tráfico con pretextos. Según la doctrina de precedentes vigente del Tribunal Supremo, un oficial solo necesita una infracción menor de tránsito o de equipo —un ambientador colgando del espejo retrovisor o una luz trasera rota— para detener a alguien basándose en su raza o etnia.

Las agencias federales aprovechan habitualmente esta dinámica. La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha estado operando un programa secreto que analiza nuestros registros financieros y patrones de viaje para marcar a conductores comunes como sospechosos, y pasa la información a la policía local. La policía local puede entonces seguir al objetivo hasta que exceda el límite de velocidad en 1 milla, detenerlo e interrogar y registrar a ciudadanos que nunca sospechan que la parada de tráfico de rutina fue en realidad orquestada por la Patrulla Fronteriza.

Pero la cooperación va mucho más allá de las simples detenciones de tránsito, como señaló recientemente Lisa Kurian Philip, de WBEZ, en su reportaje, en el que detalla cómo las autoridades federales de inmigración han accedido a los datos de Flock en el Elgin Community College y otras universidades de Illinois.

Establecer controles estrictos sobre la tecnología de vigilancia automatizada es un primer paso necesario, pero los parches administrativos no protegerán a los estadounidenses del Gran Hermano. Como mínimo absoluto, los legisladores deben exigir que las fuerzas del orden obtengan una orden judicial antes de consultar las bases de datos de lectores de placas.

Sin embargo, ni siquiera el requisito de una orden judicial elimina el peligro fundamental que representa una red de cámaras omnipresente que graba cada uno de nuestros movimientos. Los padres fundadores promulgaron la Cuarta Enmienda por su aversión a las órdenes judiciales de propósito general —los denostados "mandatos de asistencia" que otorgaban a las autoridades británicas un poder amplio y sin sospecha para inspeccionar a cualquier persona a su antojo—. La vigilancia automatizada y generalizada resucita esa misma práctica en la era moderna.

Al conmemorar el 250.º aniversario de nuestra nación, debemos recordar que nacimos del deseo de liberarnos de un gobierno tiránico. La premisa fundacional del orden constitucional estadounidense es que el gobierno debe justificar sus intromisiones ante el ciudadano, no que el ciudadano deba justificar sus movimientos diarios ante un algoritmo. Si los legisladores no reafirman ese límite hoy, la libertad de desenvolvernos en la vida pública sin ser objeto de sospecha solo existirá en la memoria.

Este artículo fue publicado originalmente en Chicago Sun-Times (Estados Unidos) el 21 de octubre de 2026.