Hay que crear una vía legal de entrada para los inmigrantes

Por Daniel T. Griswold

Un grupo de nueve inmigrantes supuestamente ilegales murieron y 12 fueron heridos en un accidente automovilístico mientras que escapaban de agentes federales el martes de la semana pasada, en lo que se ha vuelto el recordatorio más horroroso de la necesidad de una reforma de inmigración. El accidente ocurrió en Yuma, Arizona, donde solo tres meses antes el Presidente Bush habló a favor de un cambio integral al sistema de inmigración. Afortunadamente, un compromiso propuesto que está recibiendo atención en Washington ofrece esperanza para la seguridad de nuestra frontera, la reducción de la inmigración ilegal y la satisfacción de las necesidades de nuestra economía creciente.

El plan propuesto por el Representante Mike Pence de Indiana y por el Senador Kay Bailey Hutchinson de Texas, ambos republicanos, el 25 de julio, permitiría que los mexicanos y los centroamericanos entren a EE.UU. mediante un programa de trabajadores temporales. Los trabajadores que se encuentran aquí de manera ilegal necesitarían salir del país y aplicar para poder volver a entrar. El programa sería administrado por compañías privadas operando puntos de inmigración fuera del país.

El compromiso desde ya se ha ganado comentarios positivos del Presidente Bush, y podría cerrar la brecha entre un plan de reforma de inmigración integral que fue aprobado por el Senado en mayo y una ley que se limita a las provisiones para la ejecución de la ley actual aprobada por el Congreso en diciembre del año anterior. El plan Pence-Hutchinson cortaría el nudo gordiano de críticas a la “amnistía” al requerir que los trabajadores se vayan del país y vuelvan a entrar legalmente luego de un corto periodo en vez de legalizarlos mientras que están aquí.

Los críticos de la reforma integral dicen que el Congreso ya probó la legalización en los 1980s y que no funcionó. Pero la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 (IRCA por sus siglas en inglés) falló en gran parte porque no incluía una vía más amplia para que los trabajadores entren al país legalmente. Legalizó a 2,7 millones de trabajadores que ya estaban aquí, pero como no expandió la oportunidad a que nuevos trabajadores entren legalmente, la cantidad de trabajadores ilegales simplemente se volvió a acumular otra vez.

IRCA si aumentó dramáticamente el cumplimiento de las leyes, pero sin una verdadera reforma, estaba condenada a fallar. En las últimas dos décadas, el gobierno estadounidense ha aumentado su gasto en la protección de la frontera por un factor de diez y las horas que cada agente permanece en la frontera han aumentado por un factor de ocho. El gobierno también ha construido millas de paredes hacia el interior del desierto, ha invadido cientos de lugares de trabajo y ha arrestado a miles de trabajadores ilegales, y todavía hay ahora 12 millones de ellos viviendo adentro de nuestras fronteras.

Pence y Hutchinson reconocen que cualquier reforma de inmigración que se merezca tal nombre debe satisfacer las necesidades legítimas que nuestra economía creciente tiene de trabajadores adicionales. La economía estadounidense continúa creando cientos de miles de trabajos cada año para trabajadores de habilidades básicas en sectores importantes tales como la construcción, el turismo, las ventas al por menor, y la preparación de comida. Al mismo tiempo, el número de estadounidenses dispuestos a tomar estos trabajos continúa encogiéndose mientras que nuestra población se vuelve más vieja y mejor educada. Pero aún así nuestro sistema de inmigración no provee vía legal alguna para que nuestros vecinos pacíficos y trabajadores entren a nuestro país más que sea temporalmente para llenar este vacío en el mercado laboral.

La actual ley del Congreso ignora esta realidad en otro malhadado intento de hacer cumplir una ley que es imposible de cumplir. Las provisiones para el cumplimiento de la ley, las cuales incluyen $1,4 mil millones, una pared de 700 millas a lo largo de la frontera con México, solo desplazarían el flujo de trabajadores más hacia el desierto, aumentando el precio que los coyoteros cobran por sus servicios y el número de cadáveres hallados a lo largo de la frontera cada año. En cambio, el plan de compromiso permitiría que los trabajadores necesitados entren al país legalmente mediante puertos de entrada establecidos para dedicar su tiempo y recursos a interceptar a los verdaderos criminales y terroristas en lugar de los que podrían ser trabajadores de limpieza o de construcción.

La falla crítica del plan del compromiso es su provisión para demorar la aprobación de cualquier programa de trabajadores temporales hasta que el presidente haya declarado que nuestras fronteras son “seguras”. Esto es algo que resultará en frustración. Como las últimas dos décadas han demostrado, el intento de ejecutar la ley por si solo no resolverá el problema de la inmigración ilegal. La reforma de nuestras leyes de inmigración, incluyendo la creación de un programa de trabajadores temporales, debe ser una parte esencial del proceso de asegurar nuestra frontera. El Congreso debería aumentar la seguridad en la frontera y permitir que un mayor número de trabajadores entren al país simultáneamente.

Al lograr ambos objetivos, el plan Pence-Hutchinson podría solucionar el problema de la inmigración ilegal. El compromiso reemplazaría la inmigración ilegal con la inmigración legal sin conceder una amnistía a trabajadores ilegales que ya están en el país, como la de 1986 . Si el Congreso republicano no logra aprobar una verdadera reforma de inmigración, estaría repitiendo los errores del pasado mientras que perpetúa la inmigración ilegal y el caos en nuestras fronteras. Implementar reformas exitosas será difícil, pero como lo vimos el martes en Yuma, el fracaso tiene un costo terrible.

Este artículo fue publicado en la revista American Spectator el 11 de agosto de 2006.

Traducido por Gabriela Calderón para Cato Institute.