Europa: Las oportunidades de la crisis

Por Lorenzo Bernaldo de Quirós

La Constitución Europea estaba mal concebida desde el principio. En terminología hayekiana es una expresión del racionalismo constructivista, esto es, del deseo de construir instituciones o sociedades “ex nihilo”, sin tener en cuenta la realidad. A estas alturas del siglo, la idea de una Europa unificada es utópica y está condenada al fracaso por una razón elemental: En el Viejo Continente conviven filosofías políticas distintas, preferencias económicas dispares y tradiciones sociales diferentes, forjadas a lo largo de los siglos. Esa diversidad intrínseca a la historia continental explica que la non nata Carta Magna sea vista en unos países como ultraliberal y, en otros, como estatista; en unos, como federalista y, en otros, como una amenaza a la independencia nacional... La divergencia de puntos de vista y de prejuicios nacionales es tan grande que es un error garrafal transferir cada vez más competencias a la Unión Europea.

El proyecto más realista de construcción europea fue y es el simbolizado por el Mercado Único. La libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales dentro de la UE es el más poderoso instrumento de integración. En ese marco, los países tienen la posibilidad de elegir el modelo socio-económico que desean, eso sí, sometido a la competencia de quienes apuestan por otro diferente. En el medio plazo, ese esquema competitivo pone de relieve las debilidades y fortalezas de cada sistema y permite a los ciudadanos elegir con un conocimiento más preciso porque perciben cuales son los costes y los beneficios derivados de su elección. Con el tiempo, ese proceso de mercado lleva a una armonización espontánea que tiende bien eliminar y/o a reducir los elementos más ineficientes de los modelos menos competitivos bien a mantenerlos si los ciudadanos así lo deciden con sus votos. En otras palabras, armonizar no requiere una coordinación central. A través de la “mano invisible” de la concurrencia inter-gubernamental, los niveles nacionales de impuestos y de regulaciones propenden a converger.

Ese entorno institucional presupone la vigencia de un principio, proclamado siempre en la UE, pero cuya aplicación se ha vulnerado de manera sistemática: La subsidiariedad. Esto significa que las decisiones deben tomarse en el más bajo escalón de gobierno y, en consecuencia, su ejecución por los órganos supranacionales debe considerarse como la “última” opción. En Europa ha sucedido todo lo contrario. La Comisión con la ayuda de los gobiernos no se ha limitado a exigir la eliminación de las barreras a la libre competencia existentes dentro de las fronteras comunitarias, sino que se ha arrogado cada vez más poderes para regular casi todos los aspectos de la vida social y económica de los Estados miembro. En la práctica, ha funcionado como un cártel entre la Eurocracia y los grandes países –Francia y Alemania- para frenar la creación de un mercado interior competitivo y para exportar a los demás los costos del modelo franco-alemán. Es innegable que el texto constitucional rechazado por franceses y holandeses sentaba las bases para una mayor centralización de poderes en la UE a costa de los estados nacionales.

La deriva centralizadora de la UE constituye no sólo una equivocación económica, sino política. En primer lugar, porque priva a los electorados nacionales de decisiones fundamentales sobre su bienestar, como el nivel de impuestos o el grado de protección social que desean tener, e incluso puede imponerles políticas ya rechazadas por ellos. En segundo lugar, porque la UE se ha mostrado capaz de diseñar programas nefastos que, una vez, implantados resulta imposible desmantelar. La PAC es un ejemplo paradigmático. En tercer lugar, porque la imposición de los estándares medios de la UE a los países de la ampliación en los planos fiscal, medioambiental, social etc. reduciría de modo drástico sus posibilidades de crecer. Desde esta óptica, bienvenida sea la derrota de la Constitución europea ya que pone los cimientos para reforzar el statu quo y para neutralizar a través de la armonización legislativa cualquier pretensión de ensayar modelos distintos a los existentes en Francia y Alemania o, mejor, a los defendidos por Chirac y Schröder.

En este contexto, la crisis abierta por el NO franco-holandés a la Constitución ofrece una oportunidad de oro para modificar la pendiente negativa por la cual se deslizaba el proceso de construcción europea. Una UE de 25 miembros puede funcionar a la perfección y ser un instrumento para acabar con la euroesclerosis si se constituye en un espacio económico abierto y competitivo. Francia y Alemania tendrán más incentivos para abrazar agendas reformistas si ven que el Reino Unido, Irlanda o Polonia prosperan con modelos más liberales que el suyo. Para que esta dinámica funcione, los gobiernos nacionales deben tener más libertad de maniobra, no menos. Al mismo tiempo, un esquema de esta naturaleza es el mejor antídoto para evitar que el conjunto de la UE se convierta en un área económica estatizada y rígida, incapaz de prosperar en un mundo globalizado.

La presidencia británica de la UE es un momento extraordinario para poner de relieve la visión de una Europa diversa cuya unidad no puede imponerse desde afuera sino a través de un desarrollo lento y progresivo impulsado por las fuerzas del libre mercado.