¡Están furiosos!
Eduardo Turrent Díaz explica como la Secretaría de Energía de México pretende favorecer a las empresas estatales predominantes, CFE y Pemex, menoscabando así la garantía de competencia económica a los ciudadanos.
Los procesos jurídicos se alargarán exacerbando la incertidumbre; el conflicto ejercerá un efecto disuasivo sobre las inversiones en general...
En los manuales de teoría económica puede leerse que los monopolios, sean públicos o privados, tienden a ser perjudiciales para el bienestar de los consumidores. Es decir, para toda la población. Tienden a generar un menor producto con costos operativos más altos, una producción o servicio de menor calidad privando además a la ciudadanía de opciones de elección. Eso reza la teoría económica, pero la política energética del actual gobierno, específicamente en los campos de electricidad y del suministro de hidrocarburos, parece estar enfocada en exclusiva al fortalecimiento del poder monopólico de las empresas estatales predominantes en ambos sectores: CFE y Pemex.
Un nuevo episodio en esa campaña para fortalecer monopólicamente a dichos mastodontes enfermizos y perdidosos se escenificó recientemente en la semana. Ello, a raíz de un decreto expedido por la Secretaría de Energía (Sener) obligando a los distribuidores de gas natural a proveerse del fluido únicamente por parte de Pemex o de CFE. La reacción fue una demanda de amparo presentada por 10 de esos distribuidores. Y lo peor estuvo en que un juez especializado en competencia económica aceptó esa demanda de amparo.
¡Las altas autoridades de México reaccionaron con gran enojo! Ya les había llovido sobre mojado en su campaña promonopolio con el amparo que se concedió a la empresa Iberdrola por una multa estratosférica de 1.145 millones de pesos, además de los veredictos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en el sentido de que el decreto de la Sener afectaría de manera grave las condiciones de competencia en el mercado de gas natural y de electricidad. Según ese órgano autónomo, se infligiría desde luego daño a las empresas distribuidoras, pero también pondría en riesgo, en última instancia, “la seguridad energética y confiabilidad del sistema”.
La política prohibitiva que intenta poner en ejecución la Sener, es susceptible de elevar los costos de los energéticos y por tanto los precios a los consumidores. Exactamente como lo predica la teoría económica con los monopolios. A mayor abundamiento, la política toda en favor de la monopolización parece ser anticonstitucional, al afectar el principio de garantía de competencia económica a los ciudadanos.
En el turbio panorama del conflicto descrito, solo dos conclusiones se pueden enunciar de manera tentativa. Primera, los procesos jurídicos en juego se alargarán exacerbando la incertidumbre. Segundo, el conflicto ejercerá de manera perversa en efecto disuasivo sobre las inversiones en general.
Este artículo fue publicado originalmente en El Economista (México) el 21 de julio de 2022.