Estados Unidos no necesita empresas patrocinadas por el Gobierno

Los miembros del Congreso y del sector hipotecario se muestran desconcertados por las recientes declaraciones del Gobierno sobre Fannie Mae y Freddie Mac. Pero, dada la caótica política económica del Gobierno, no es de extrañar que estos comentarios contradictorios hayan desconcertado a alguien.

La principal fuente de confusión es que el Gobierno parece querer poner fin a la tutela de estas empresas, pero manteniéndolas bajo control gubernamental. Es evidente que este enfoque roza la incoherencia. Sin embargo, el Gobierno aún no ha presentado ningún plan, por lo que quizá convenga esperar a ver qué propone.

Por otra parte, el Gobierno parece deleitarse con este tipo de incoherencias. Por ejemplo, es cierto que el Gobierno ha defendido algunos principios de la economía de libre mercado. Pero es difícil ver dónde los ha aplicado. En el mejor de los casos, el Gobierno ha utilizado esos principios de forma muy desigual.

Si, por ejemplo, la administración realmente está en contra de "un gobierno dictatorial que dice a ciertas industrias que no pueden hacer lo que necesitan", entonces la solución es sacar al gobierno de la financiación de la vivienda. Pero la primera administración Trump no logró poner fin a la tutela, por lo que hay aún menos razones para pensar que realmente sacarán al gobierno del sistema de financiación de la vivienda.

El beneficio privado con pérdidas socializadas no es libre mercado

Lamentablemente, eso significa que, en última instancia, la administración dejará sin cambios el núcleo del problema de las empresas patrocinadas por el Gobierno (GSE, por sus siglas en inglés). Es decir, los estadounidenses seguirán teniendo un sistema impulsado por el Gobierno que privatiza los beneficios y socializa las pérdidas. Dicho de otro modo, los estadounidenses se quedarán con el mismo sistema altamente defectuoso que implosionó en 2008.

Ni la administración ni el Congreso parecen dispuestos a corregir el error, pero el Gobierno federal nunca debería haberse involucrado tanto en la vivienda. Solo había un camino que podía tomar esa implicación, y la dificultad para poner fin a la tutela no es más que una prueba más.

Los orígenes de las GSE se remontan a la época del New Deal, cuando el Congreso autorizó la creación de "asociaciones hipotecarias nacionales" financiadas con fondos privados para comprar hipotecas aseguradas por el Gobierno federal (a través de la recién creada Administración Federal de la Vivienda). Al igual que muchos otros programas de la época, la idea era impulsar los sectores bancario y de la construcción, creando más puestos de trabajo.

Pero cuando nadie formó ninguna de estas asociaciones, lo hizo la Corporación Financiera de Reconstrucción (creada por la administración Hoover). La RFC constituyó la Asociación Hipotecaria Nacional de Washington, y luego cambió rápidamente su nombre por el de Asociación Hipotecaria Federal Nacional, dando lugar a Fannie Mae (utilizando las letras FNMA).

La política federal ha liberalizado las condiciones crediticias durante décadas

Al principio, los numerosos actores del sector inmobiliario se opusieron a una mayor intervención del Gobierno, pero finalmente todos se sumaron a la iniciativa. Al fin y al cabo, disponer de un flujo constante de fondos es muy bueno para los negocios.

Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, Fannie siguió siendo un actor secundario en el mercado inmobiliario, pero en 1953 ya contaba con una cartera de 2.500 millones de dólares (El gasto total federal fue de 72.000 millones de dólares). Algunos miembros de la administración Eisenhower querían que el gobierno federal tuviera un papel menos importante en la vivienda, pero para entonces el gobierno ya estaba muy arraigado. La única pregunta era cómo sería exactamente esa participación en el futuro.

Aunque la Ley de Vivienda de 1954, firmada por el presidente Eisenhower, permitía a Fannie obtener capital privado, la ley contenía un lenguaje ambiguo sobre la privatización. La ley no establecía ningún tipo de plazo ni esbozaba un proceso, por lo que Fannie nunca se privatizó.

Y lo que es más importante, en ese momento, el Gobierno federal y el sector financiero estaban totalmente comprometidos con "aumentar la disponibilidad de fondos hipotecarios en condiciones de crédito más liberales". Mientras que en 1953 solo alrededor del 8% de los préstamos del Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos se concedían sin pago inicial, esa cifra se disparó a más del 28% en 1954, con un aumento similar en los vencimientos.

La Ley de 1954 también permitió a la FHA (Administración Federal de Vivienda) asegurar préstamos más grandes con pagos iniciales más pequeños y plazos más largos. Tras firmar el proyecto de ley, Eisenhower predijo que los cambios "elevarían el nivel de vida de nuestra población, ayudarían a nuestras comunidades a deshacerse de los barrios marginales, fortalecerían nuestro sistema de crédito hipotecario y estimularían en gran medida la industria de la construcción y toda la economía del país".

En 1958, el presidente Eisenhower firmó una ley "antirrecesión" que otorgaba 550 millones de dólares a Fannie Mae para comprar hipotecas para proyectos de renovación urbana, así como otros 300 millones de dólares para préstamos directos de vivienda para veteranos. Incluía "hasta 1850 millones de dólares" en fondos gubernamentales para ayudar a construir "otras 100.000 viviendas, crear 500.000 nuevos puestos de trabajo... y sentar unas bases sólidas para aquellas industrias en declive que dependen en gran medida de la construcción de viviendas". La renovación urbana estaba en pleno apogeo.

Fannie y Freddie siempre estuvieron patrocinadas por el Gobierno

En 1968, el presupuesto federal era un problema tan grave que el presidente Johnson reorganizó Fannie Mae de nuevo. Este cambio no privatizó Fannie y, en todo caso, consolidó el modelo de las GSE.

La empresa recién reorganizada seguía contando con una línea de crédito de 2.250 millones de dólares del Tesoro de los Estados Unidos, una exención de los impuestos estatales y locales sobre la renta y una exención del registro en la Comisión de Bolsa y Valores. La ley también permitía al presidente de Estados Unidos destituir a sus directores y permitir a los bancos regulados por el Gobierno federal comprar cantidades ilimitadas de deuda de Fannie, lo que le otorgaba el mismo trato regulatorio que a los valores del Tesoro de los Estados Unidos.

Los mercados de bonos, ante la evidente realidad de que Fannie no era realmente una empresa privada, se referían a su deuda como deuda «de agencia», con una sutil diferencia respecto a la deuda del Tesoro.

En 1970, el presidente Nixon firmó la Ley de Financiación de la Vivienda de Emergencia de 1970, que permitía a Fannie Mae comprar hipotecas convencionales (las no aseguradas por el gobierno federal). La ley también creó Freddie Mac, una GSE totalmente nueva diseñada exclusivamente para los bancos federales de préstamos hipotecarios.

A finales de la década de 1970, la cuestión del propósito público frente al beneficio privado de las GSE era tan confusa como siempre, y los grupos de intereses creados habían logrado aislar a las GSE de la privatización.

El gobierno limitado prevalece sobre la cooperación público-privada

No debería sorprender a nadie que las empresas pudieran evitar la quiebra y la liquidación total tras su fracaso en 2008. Todos los que tenían interés en que siguiera fluyendo el dinero hacia el sector inmobiliario, especialmente con algún tipo de respaldo gubernamental, se habían enriquecido y querían más. A medida que el Gobierno se acerca a algún tipo de liberación de la tutela, esas voces solo se harán más fuertes.

Sin embargo, es fundamental que los estadounidenses recuerden cómo se llegó a esta situación: una mezcla tóxica de cooperación público-privada que privatizó cada vez más los beneficios, mientras que los contribuyentes asumían más riesgos y las pérdidas resultantes. Las pérdidas que los contribuyentes se vieron obligados a asumir después de 2008 son muy fáciles de ver.

En 2009, Fannie había registrado 10 trimestres consecutivos de pérdidas. Las pérdidas acumuladas en 2009 ascendieron a 72.000 millones de dólares, el tamaño del presupuesto federal total cuando Eisenhower reorganizó Fannie. En 2012, el Tesoro de los Estados Unidos había prestado casi 450.000 millones de dólares a las dos GSE en quiebra.

Por otra parte, entre 2008 y 2010, la Reserva Federal compró 175.000 millones de dólares en bonos de las GSE y 1,25 billones ("trillions" en inglés) de dólares en valores respaldados por hipotecas de las GSE. Los 1,25 billones de dólares representaban entre el 50% y el 70% de las emisiones mensuales de las GSE.

Los costos sociales del sistema de las GSE han sido enormes, sin un beneficio comparable, porque los funcionarios electos han incumplido repetidamente los principios de gobierno limitado y libre empresa. Los costos seguirán aumentando si siguen cometiendo el mismo error, y eso no debería sorprender a nadie.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 16 de junio de 2025.