España: Y si nos intervienen

Lorenzo Bernaldo de Quirós considera que la intervención en países como Grecia, Portugal e Irlanda "no se ha traducido en la recuperación de sus economías, sino en la consolidación de un estado de estancamiento-recesión sin horizonte de salida".

Por Lorenzo Bernaldo de Quirós

Salvo un milagro y esta supra terrenal hipótesis es de compleja materialización en economía, España se verá forzada a solicitar un rescate total ante la imposibilidad de financiar y refinanciar su endeudamiento. La conversión de la Eurozona en una unión fiscal, bancaria y política es un proceso largo y proceloso, peligrosamente lejano, a la vista de las crecientes tensiones en los mercados. Ante este panorama, las perspectivas económicas españolas y el futuro del euro presentan un paisaje tenebroso. Es impensable que la intervención del cuarto mayor Estado de la Unión Europea no genere un efecto contagio sobre los demás países y desencadene una espiral desestabilizadora con serias probabilidades de destruir la Unión Monetaria. Desde esta perspectiva es fundamental analizar las potenciales consecuencias de un “salvamento” europeo de la vieja Piel de Toro.

De entrada, el rescate de España agotaría los fondos de los dos principales instrumentos creados por la UE a tal fin. La capacidad de préstamo combinada del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MES) asciende a 500.000 millones de euros. De ese montante, 100.000 han sido ya comprometidos para la recapitalización de los bancos y las cajas españolas y los 400.000 restantes son insuficientes para establecer un cortafuegos efectivo que evite el contagio a otros estados con problemas similares al español, en concreto, a Italia. Por añadidura, el proceso de aprobación de las medidas de asistencia financiera a los Estados es premiso y, en algunos casos, entraña su aprobación por los parlamentos nacionales. La mezcla de una dotación de recursos insuficiente (FEEF y MES) con mecánica de decisiones muy lenta resulta explosiva. Aunque España fuese rescatada, Italia no podría serlo, salvo que se arbitrase una nueva ampliación del capital de esos dos mecanismos, lo que es una probabilidad remota. Nadie ve a los rubios del Norte dispuestos a solidarizarse con los enanos del Sur y, menos, con Merkel en su antesala electoral.

Aunque el FEEF y el MES se dotasen con mayor capital, esto no constituiría un cortafuegos efectivo para cauterizar el contagio. Los ataques contra la deuda soberana de otros Estados no remitirían porque el montante de recursos a disposición de esas instituciones es limitado y, en consecuencia, los mercados mantendrían sus belicosas acciones hasta agotarlos. En suma, cualquier fondo de rescate es un sustituto imperfecto del Banco Central de Europa (BCE) cuyos recursos, por definición son ilimitados, y por tanto constituyen el único arma creíble para impedir el desencadenamiento de una espiral de dominó en la Eurozona. Es más, probablemente, ni siquiera tendría que hacer un uso efectivo de su poder. Bastaría un anuncio creíble de que estaría dispuesto a comprar por tiempo ilimitado y en la cuantía necesaria  la deuda soberana de los países embarcados en planes de consolidación fiscal y de liberalización, para desactivar las acciones especulativas.  

En términos domésticos, la intervención supondría de facto transferir el control y ejecución de la política económica a una troika de la UE, del FMI y del BCE. Ello conduciría a la aplicación de un programa de estabilización y de reformas estructurales, no muy diferente al diseñado por el Gobierno Rajoy. Ahora bien, esta política sería insuficiente para que España volviese a una senda de crecimiento lo suficientemente vigorosa para hacer frente al servicio de su deuda pública y privada en el corto y en el medio plazo. Esta es la experiencia de Grecia pero también la de otros Estados que han sido mucho más ortodoxos en sus planes de ajuste, léase Portugal e Irlanda. La intervención no se ha traducido en la recuperación de sus economías, sino en la consolidación de un estado de estancamiento-recesión sin horizonte de salida.

En este contexto, el proyecto para estimular el crecimiento en la Eurozona perfilado en la pasada Cumbre de Roma no tiene utilidad para España. La propuesta de ampliar el capital del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para incrementar su capacidad de préstamo y confiar en una participación del sector privado en la financiación de proyectos de inversión es utópica porque será poco probable que aquel esté dispuesto a invertir en una economía en recesión. De igual modo, la apuesta por el desarrollo de las infraestructuras tiene poco sentido en un país como España, con una suficiente y moderna dotación de capital público fijo, desarrollada con los fondos estructurales proporcionados por la UE. Por último, la evidencia empírica muestra que el uso de dinero público para impulsar la competitividad y reducir el paro tiene una efectividad discutible y, en el mejor de los casos, no produce réditos en el corto plazo.

Si el rescate se traduce, como es habitual, en dejar fuera del mercado, con respiración asistida, a la economía española durante tres años, es improbable que una política que no permitirá crecer devuelva la confianza a los inversores cuando la intervención toque a su fin. Esto significa que existe un riesgo evidente de que España se vea obligada a demandar ayuda financiera adicional para no hacer default. Esta opción cobra mayor realismo si se descuenta que el rescate de España creará tensiones desestabilizadoras agudas sobre los demás Estados de la Periferia. En concreto, Italia necesitará ayuda para eludir la bancarrota; Portugal, Irlanda también y, antes o después, los países centrales del euro se enfrentarían a una situación similar. ¿De dónde va a salir el dinero para acometer operaciones de rescate de esa envergadura? Obviamente no del sector privado.

Por otra parte, la intervención supondría la deslegitimación del Gobierno y del centro-derecha español en un momento en el que no existe una alternativa real y creíble. Si la opinión pública considera que los dos grandes partidos han fracasado en la gestión de la crisis no existiría dentro del sistema ninguna posibilidad de recambio. Si las expectativas de instalarse en un período recesivo o de crecimiento anémico durante años se consolidan, la amenaza de una polarización de la escena social y política se dispararía abriéndose los portillos a la emergencia de fuerzas extremistas a la izquierda y a la derecha del espectro partidista. Al mismo tiempo, el rescate haría muy fácil a los movimientos secesionistas explotar el sentimiento de España como un proyecto fallido y desatar una abierta dinámica de ruptura. Este tipo de reacciones pueden parecer extremas pero han sido una constante histórica.

En conclusión, la economía española está atrapada en una coyuntura diabólica que una intervención sólo contribuiría agravar. Si los “hombres de negro” se hacen con el control de la situación habrá que empezar a entonar un dantesco “lasciate ogni speranza”.