España, una ciénaga keynesiana

Juan Ramón Rallo indica que mientras que España atraviesa una deflación, el gobierno insiste en mantener un alto costo salarial y que esta incongruencia se refleja en la alta tasa de desempleo.

Por Juan Ramón Rallo

Entre 2001 y 2007 España experimentó la que probablemente haya sido la mayor burbuja inmobiliaria del mundo gracias a que alrededor del 60% de todos los créditos de un sistema financiero tremendamente endeudo con el extranjero se dirigieron hacia el ladrillo. España, pues, rezuma deuda por todos los costados después de haber vivido durante años muy por encima de sus posibilidades.

¿Y con qué instrumentos contamos para amortizarla? Apenas una rígida economía preparada para producir, eso sí, más de medio millón de inmuebles anuales a unos precios totalmente sobrevalorados que, consecuentemente, nadie ni en España ni en el extranjero está dispuesto a pagar. Por consiguiente, es claro que nuestro aparato productivo debe someterse a un fuerte correctivo que desvíe a trabajadores y bienes de capital a otras áreas de la economía que les permitan generar superávits externos con los que ir saldando nuestra abultada deuda.

Parece de sentido común, ¿no? Pues no. Para el cerril keynesianismo que nos desgobierna la clave es otra: España no padece un problema de deuda y de competitividad, no. Tan sólo atraviesa un bache, fruto de una inexplicable e injustificable contracción crediticia internacional, que nos impide aprovechar al máximo todo nuestro potencial. Sería un error, por tanto, quedarnos de brazos cruzados esperando que la situación crediticia se normalice porque, de hecho, podría llegar a agravarse si no la confrontamos activamente: una producción por debajo de nuestro potencial implica una renta futura menor que no nos permitirá amortizar nuestra deuda lo suficientemente (perpetuando la contracción del crédito).

La conclusión keynesiana es, pues, diametralmente opuesta a la que dicta el sentido común: es necesario que el único agente –el Estado– que tiene músculo financiero suficiente para seguir endeudándose en estos tiempos de tribulación lo haga con la finalidad de “movilizar” el espíritu nacional y los recursos ociosos. Será un endeudamiento adicional que se autoliquidará y que a la larga será más beneficioso que esperar a que el mercado se recupere.

Tomando como base estas delirantes ideas, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero está llevado a cabo una desastrosa política económica que sólo tiene como resultado el progresivo empeoramiento de la situación española. Así, convencido de que la economía gozaba de perfecta salud antes de 2008 y de que apenas eran necesarios meros ajustes de matiz que el Estado podía implementar por decreto ley, ha bloqueado sistemáticamente cualquier intento de liberalizar el muy inflexible mercado laboral español dominado por las centrales sindicales. ¿Resultado? En pleno período de deflación de precios, derivado del hundimiento de la demanda por unos productos escasamente competitivos, los costes salariales no paran de aumentar. Así, entre junio de 2008 y junio de 2009 el IPC ha caído un 1% mientras que los costes salariales han crecido un 4%.

¿Qué competitividad puede ganarse cuando los costes de producción no dejan de aumentar? Poca o ninguna, tal y como atestigua que la tasa de paro en España se aproxime al 20% y que en el último año el Gobierno se haya gastado alrededor de 30.000 millones de euros (el 3% del PIB) en prestaciones al desempleo. Así es como crea riqueza la alternativa keynesiana: manteniendo rígidos los salarios y mandando a un gran porcentaje de los trabajadores al paro.

Pero como, según la visión keynesiana, en realidad tampoco era necesario ganar competitividad, sino simplemente darle un empujoncito a la demanda interna para estimular nuestra actividad, el Ejecutivo tampoco se ha preocupado demasiado ante la sangría laboral: si el mercado no contrata a los desempleados a salarios artificialmente elevados, el Estado lo hará.

Con esta lógica se pergeñó un suicida programa de obras públicas –conocido como Plan E– destinado a recolocar a los parados desde la construcción privada a la construcción estatal; como si pasar de un ladrillo artificialmente caro a otro eminentemente innecesario fuera a solucionar los problemas de nuestro caduco aparato productivo.

¿Resultados? Pocos más que dilapidar 8.000 millones de euros en abrir zanjas que sólo servían para volver a cerrarlas; los 100.000 empleos que a modo de espejismo se crearon durante el segundo trimestre de 2009 ya se han perdido en lo que llevamos de agosto y septiembre. Nos fundimos las reservas de comida para darnos el último atracón antes de morirnos de hambre.

Y es que si a finales de 2007 nos enfrentábamos a un serio problema de insolvencia de los agentes privados –debido a la expansión crediticia que promovió el Banco Central Europeo–, ahora ese recetario de errores científicos llamado keynesianismo nos endilgado el riesgo de insolvencia pública. Si los españoles no teníamos ya suficientes obligaciones que atender, Zapatero nos ha añadido en apenas año y medio unos 250.000 millones más de deuda (el 25% del PIB).

Ahí es nada; construyendo un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos: una deuda pública del 65%, alrededor de 4,5 millones de parados, un sistema bancario quebrado y una estructura productiva muerta e incapaz de funcionar si no es con un déficit exterior anual del orden del 5% del PIB. Si no fuera porque nos encontramos dentro del euro gorroneando la solvencia germana, hace tiempo que habríamos padecido una crisis monetaria como la de Letonia. Sólo que allí ya han empezado con los ajustes y aquí todavía seguimos retrasando con más deuda la hora de la verdad.