España: Por un sistema mayoritario

Lorenzo Bernaldo de Quirós indica que "La fórmula electoral proporcional, comprendida la española, tiene además una clara incidencia económica sobre la expansión del gasto público, de los impuestos y de las regulaciones...los países con modelos electorales basados en ella tienen niveles de gasto, de déficit público y de impuestos mayores que los [países con sistemas] mayoritarios".

Por Lorenzo Bernaldo de Quirós

Casi con toda seguridad, el próximo Congreso de los Diputados de España se caracterizará por un alto nivel de fragmentación que forzará a realizar pactos de, al menos tres partidos, para formar gobierno. De esta forma el sistema electoral vigente, diseñado, para combinar las ventajas de un Parlamento capaz de representar la pluralidad de la sociedad española con la constitución de gabinetes estables dejará de cumplir ese papel. Esta situación adquiere una enorme trascendencia en un momento en el que España necesita sostener e impulsar un ambicioso proyecto reformista para consolidar la recuperación y revitalizar o, mejor, regenerar la democracia. Por ello, la reforma del actual esquema de elección de la dirigencia política patria tiene una importancia capital. Es de facto uno de los cambios estructurales que España necesita.

Salvo en las fases en las que un partido ha logrado una mayoría absoluta o ha estado cerca de ella, los gobiernos españoles se han visto forzados a realizar pactos post-electorales para sobrevivir. Esta situación se considera positiva en tanto obliga a los gobernantes a consensuar con las minorías su política y evita el abuso de poder derivado de las mayorías absolutas. Sin embargo, esas hipotéticas virtudes han desvirtuado la responsabilidad de los gobiernos ante los electores y, en el extremo, han conducido a aplicar programas o medidas contrarias a sus deseos. Este escenario es peor que el de una coalición formal. Permite camuflar con mayor facilidad los intereses particulares que se favorecen y concede un extraordinario e irresponsable poder a los grupos minoritarios, cuyos votos son decisivos para que el gobierno se mantenga. En caso de necesidad, dificulta de una manera extraordinaria la adopción, cuando es preciso, de profundas reformas institucionales y económicas que un país X en un momento Y ha de acometer.

Por el contrario, los sistemas electorales mayoritarios proporcionan gabinetes y oposiciones fuertes y responsables. Quien accede a la gobernación no precisa establecer ninguna negociación ex post para desarrollar su manifiesto y los electores tienen la posibilidad de juzgar con claridad el éxito o el fracaso de su gestión, y actuar en consecuencia. De este modo se reducen los costes de información/decisión de los ciudadanos. Además, la elección a través de distritos uninominales establece una conexión directa entre los votantes y sus representantes porque el candidato, aunque se presente por un partido, goza de mayor fuerza e independencia que, si lo hace en una lista cerrada y bloqueada, en la cual los estados mayores de las formaciones políticas no dejan a los ciudadanos otra opción que votar a la totalidad de la candidatura que se les presenta.

Otro aspecto básico en contra de la proporcionalidad es la limitación que impone a la destitución de los gobiernos. Con ella, un partido puede perder las elecciones o una parte sustancial de sus escaños y, sin embargo, tener la posibilidad de formar un gobierno de coalición con otras fuerzas parlamentarias más pequeñas si logra articular una mayoría suficiente. En este escenario, los comicios dejan de ser un verdadero y decisivo juicio popular sobre la gestión gubernamental. En suma y al contrario de lo que se piensa, la regla proporcional atenúa la competencia dentro del mercado político, permite construir cárteles gubernamentales cuya política puede estar muy lejos de representar la "voluntad del pueblo" y resta estímulos a la renovación de los partidos políticos porque aminora los costes del castigo sufrido en los comicios.

La fórmula electoral proporcional, comprendida la española, tiene además una clara incidencia económica sobre la expansión del gasto público, de los impuestos y de las regulaciones. Los gabinetes con posiciones parlamentarias frágiles entran en una dinámica de permanente negociación y regateo con las minorías para sacar adelante sus proyectos en el Parlamento. En consecuencia, éstas tienen la posibilidad de ejercer un derecho de veto sobre las decisiones del gobierno y éste las sortea concediéndoles prebendas. En estas circunstancias, el margen de actuación y el poder de los buscadores de rentas y de los diferentes grupos de interés se incrementan. Por eso, los países con modelos electorales basados en ella tienen niveles de gasto, de déficit público y de impuestos mayores que los mayoritarios. En promedio, la proporcionalidad se traduce en un aumento del gasto público y de los impuestos en porcentaje del PIB del orden del 5 por 100 superior al existente en los Estado con reglas electorales mayoritarias (Persson T., Rolandi G., Tabellini G., "Electoral Rules and government spending in parlamentary democracies", CEPR, abril 2006).

La probable ruptura del bipartidismo imperfecto existente en España desde 1977 y la segmentación del Parlamento en múltiples facciones tiene serias probabilidades de traducirse en la imposibilidad de acometer las reformas precisas para sentar las bases de un crecimiento sostenido. Lo realizado hasta ahora necesita continuidad y ponerlo en riesgo constituye un ejercicio de frivolidad. En el corto plazo, la existencia de un Ejecutivo débil crearía desconfianza en los mercados y en los agentes económicos internos y externos. De entrada, ello se traduciría en una escalada de la prima de riesgo; en el medio conduciría a consolidar un modelo de corte socio-estatista que reduce el potencial de crecimiento de la economía española. La falta de intensidad reformista en Europa es en gran medida es el resultado de la inexistencia de gabinetes fuertes. Hacen los retoques imprescindibles para salir del paso pero no son capaces de plantear cambios de fondo.

Cuando se escuchan voces entusiastas a favor de la ruptura del bipartidismo en España se olvidan los aspectos enunciados en estas líneas que son los importantes para la estabilidad económica y política del Estado. La principal deficiencia del régimen bipartidista español es su imperfección, esto es, la inexistencia de un sistema mayoritario que reduzca el poder de la partitocracia que no de los partidos. Plantear una propuesta de esta naturaleza y en estos momentos preelectorales quizá parezca una extravagancia académica y, desde luego, se es consciente de su inviabilidad inmediata pero ésta es sin duda una de las cuestiones fundamentales para mejorar el funcionamiento de la democracia española.

Por último, esta reforma debería ser abrazada con fervor por todos aquellos que consideran que los partidos tradicionales no representan la mayoría social del país y ellos sí. Al mismo tiempo forzaría a que los votantes ejerciesen su derecho de voto con mayor responsabilidad porque de su decisión determinaría sin escapatoria alguna quien gobierna España.

Este artículo fue publicado originalmente en El Mundo (España) el 12 de abril de 2015.