España: De desahucios y otras fruslerías

Lorenzo Bernaldo de Quirós considera que "La política de vivienda propugnada por Ahora Madrid y por Barcelona Comú es la expresión paradigmática del viejo axioma 'El infierno está lleno de buenas intenciones'. Nadie discute las benéficas intenciones de las señoras Carmena y Colau pero no es discutible que los medios propuestos para llevarlas a puerto producirían efectos distintos a los esperados".

Por Lorenzo Bernaldo de Quirós

El reconocimiento de la alcaldesa de Madrid, la señora Manuela Carmena, de que el Ayuntamiento carece de potestad para cumplir su promesa electoral de paralizar los desahucios ha sido interpretado por muchos, incluidos algunos representantes del glorioso capitalismo patrio, como un ejercicio de realismo y una muestra de la tendencia a moderarse de los revolucionarios cuando llegan al poder en una sociedad democrática y moderna. Esta declaración se une al conocimiento de otra marcha atrás del flamante equipo de gobierno de Ahora Madrid: la imposibilidad de crear un banco público municipal destinado a suministrar crédito a las pymes cuya política crediticia sería acorde con los proyectos que tuviesen una sensibilidad ética y social similar a la del podemismo municipal. En dos semanas dos de las iniciativas estelares del programa municipal de la extrema izquierda han saltado en pedazos. Al final, su acceso al poder se ha asentado sobre un lema "Se realista, ofrece lo imposible".

El asunto de los desahucios ha sido una de las principales bazas electorales jugadas por Podemos y sus compañeros de viaje como bandera movilizadora, sobre todo, en Madrid y Barcelona. Era evidente que la ley hacía inviable las propuestas podemitas pero también lo es que se ha convertido un problema marginal en un punto central de la agenda política. La lucha contra los desahucios permitía simbolizar en un tema de alta audiencia social todas las lacras del sistema y, sobre todo, la falta de escrúpulos de una casta, la bancaria, dispuesta a construir sus beneficios sobre la sangre de los ciudadanos que perdían su vivienda. Este relato demagógico ha triunfado y se ha convertido en parte de la sabiduría convencional. Sin embargo, es en buena medida una ficción, una falacia construida sobre una ignorancia olímpica de la realidad.

Es un drama que una familia pierda su casa porque es incapaz de hacer frente al pago de la hipoteca que suscribió. Las ejecuciones hipotecarias son un problema grave pero afectan a un segmento muy pequeño de los propietarios de primera vivienda en España, en concreto, al 0,05% del total según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Por otra parte, el 60% de esos desahucios se produjeron entre 2005 y 2008, esto es, en el periodo de gestión ministerial del partido socialista. Se trata, pues, de un problema heredado de la anterior Administración y que en el primer trimestre de este año ha comenzado a decaer, en concreto ha disminuido en un 5% a causa del descenso de paro y de las medidas adoptadas por el Gobierno.

El Gabinete popular, en colaboración con los bancos, ha logrado que se produjeran más de 16.300 reestructuraciones de deuda, más de 4.500 daciones en pago y se ha creado un Fondo Social de vivienda que ha permitido a más de 2.000 familias acceder a un alquiler social. Además, se aprobó una paralización temporal de los lanzamientos que ha permitido hasta el momento cerca de 14.000 suspensiones de desahucios, medida que se ha incorporado al decreto-ley de segunda oportunidad por un período de dos años más. El negocio de la banca no es administrar y gestionar un patrimonio inmobiliario sino suministrar crédito. Además, el impago de hipotecas y, en última instancia, el retorno de los pisos a la entidad acreedora consume recursos propios porque han de ser provisionados. Por eso, los desahucios no son nunca la primera opción de la banca, movida por el perverso deseo de despojar a los propietarios de su residencia.

Aunque sean ilegales e impracticables, las propuestas destinadas a impedir los desahucios tienen efectos negativos porque generan incertidumbre. Ante la eventualidad de no cobrar los créditos hipotecarios o ante la posibilidad de que se pongan dificultades para hacerlo, las entidades financieras encarecerán el precio de las hipotecas y restringirán la oferta de ellas a quienes le ofrezcan mayores garantías de pago. De igual modo, el mercado de alquileres se reducirá y será más caro si los dueños de los pisos destinados a ese fin tienen problemas o expectativas de tenerlos para que sus inquilinos paguen o para desahuciarlos si no lo hacen. Las principales víctimas de esa situación son los hogares con menores ingresos. Esto es así, el resto es literatura y un ejercicio de demagogia destinado a explotar la angustia de la gente.

En esa misma línea, las ideas destinadas a construir viviendas sociales o a subvencionar los arrendamientos para las rentas bajas constituyen un componente esencial de la denominada por la sociología y por la teoría económica trampa de la pobreza. Su aplicación implica la creación de áreas residenciales nuevas en las que, por definición, existirán menos oportunidades de trabajo y peor calidad educativa, lo que reduce de manera significativa la movilidad social. Esta es la experiencia de los Estados en los cuáles esos programas han alcanzado un mayor desarrollo, EE.UU. y Gran Bretaña. Se ha encerrado a sus beneficiarios en guetos que se perpetúan de generación en generación (Niemietz K., Redefining the Poverty Debate, IEA, 2012).

La ausencia o, mejor, la carestía de residencias para familias con rentas bajas es un efecto de la legislación sobre el suelo y sobre los arrendamientos urbanos vigente en España. Los ayuntamientos restringen la oferta de terreno edificable, lo que eleva los costes de la construcción y, por tanto, de la vivienda. Si las señoras Carmena y Ada Colau quieren abaratar el acceso a una morada digna de las personas con ingresos bajos, la solución es aumentar la superficie para construir. Sobre esta materia sí tienen competencia los ayuntamientos. Al mismo tiempo, el escaso volumen de pisos en alquiler, frente a lo acaecido en otros países europeos, no es sólo el resultado de la vocación propietaria de los españoles, sino de la existencia de una ley que desincentiva el desarrollo de ese mercado. Los más de tres millones de pisos vacíos existentes en España no se ponen en alquiler ante la obligación de sus propietarios de casarse con el arrendatario cinco años, con incrementos de renta ligados a la evolución del IPC y con un procedimiento largo y costoso para desalojar a los inquilinos que no paguen. En este ámbito, la autoridad competente es el Gobierno central.

La política de vivienda propugnada por Ahora Madrid y por Barcelona Comú es la expresión paradigmática del viejo axioma "El infierno está lleno de buenas intenciones". Nadie discute las benéficas intenciones de las señoras Carmena y Colau pero no es discutible que los medios propuestos para llevarlas a puerto producirían efectos distintos a los esperados. Sus utopías se asemejan a la metáfora de una bellísima mujer, hombre, homosexual, lesbiana o travesti, para ser políticamente correctos, con la cabeza en las nubes y los pies en un charco de miseria.

Este artículo fue publicado originalmente en El Mundo (España) el 21 de junio de 2015.