Es incorrecto que los agentes de ICE se enmascaren sistemáticamente cuando detienen a personas

Me había perdido la noticia de hace dos semanas sobre lo que ocurrió después de que (aparentes) agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), uno de ellos con un pasamontañas para ocultar su rostro, detuvieran a dos hombres en el juzgado de Charlottesville, Virginia. Según informó el periódico local Daily Progress, la secuela fue que un portavoz *anónimo* (¡!) del ICE amenazó con procesar a dos personas que se encontraban en el lugar y que cuestionaron la acción y pidieron a los agentes que se identificaran o mostraran una orden judicial. El titular decía: !El ICE promete que los transeúntes que cuestionaron la redada de Charlottesville serán procesados".

Dejemos a un lado la cuestión de cuándo es adecuado procesar a los transeúntes en estas circunstancias, si es que lo es. En primer lugar, ¿por qué se considera aceptable que los agentes del ICE lleven máscaras para ocultar su identidad? Así lo hicieron la semana pasada, según muestra un vídeo, cuando detuvieron al alcalde de Newark, Nueva Jersey, Ras Baraka, mientras protestaba ante un centro de detención. Una búsqueda casual revela que los agentes del ICE han llevado la cara cubierta, pasamontañas y similares en redadas y detenciones registradas en todo el país (Westminster, MD; Douglas County, CO; Great Barrington, MA; Bellingham, WA). Los agentes federales llevaban máscaras cuando secuestraron a la estudiante de posgrado turca Rümeysa Öztürk en una calle cercana a su casa de la zona de Boston (Ella fue liberada por un juez la semana pasada). El Departamento de Seguridad Nacional de Trump parece haberlo convertido en una práctica habitual.

¿En qué momento nos encontraremos como nación con una policía secreta?

Las personas que se enmascaran antes de los enfrentamientos callejeros normalmente lo hacen para evitar la responsabilidad legal y pública, especialmente cuando no se traen nada bueno entre manos.

No tienen por qué creerme. En su carta enviada a la Universidad de Harvard el 11 de abril, la propia administración Trump insistió, como parte de sus demandas para endurecer la disciplina estudiantil, en que "Harvard debe implementar una prohibición integral de las máscaras con sanciones graves e inmediatas por violación, no menos que la suspensión". Su razonamiento era bastante sencillo: si los manifestantes estudiantiles pueden ocultar su identidad, pueden infringir leyes o normas con impunidad.

Lo mismo pueden hacer los agentes del ICE, o al menos quienquiera que lleve a cabo estas redadas y detenciones en nombre del ICE. Aparte del enmascaramiento, a menudo se ve a los agentes en los vídeos con atuendos tan aleatorios y mal combinados que han suscitado especulaciones de que se trata de personas prestadas por las fuerzas del orden locales o estatales o incluso de seguridad privada. Es difícil saberlo cuando eludir la identificación forma parte del plan.

Los defensores de esta práctica afirman que si se conocieran las identidades de los equipos de detención, ellos o sus familias podrían convertirse en blanco de la vergüenza pública, el acoso o incluso la violencia. Preocupaciones similares no han disuadido a los jueces, que en el último año han sufrido una oleada de amenazas, a menudo graves. A pesar del miedo real, los juristas no han recurrido –y en una sociedad libre, no deben recurrir– a ocultar su papel en la administración de la ley.

Las hipótesis sobre si el enmascaramiento policial podría tener usos adecuados en circunstancias muy extremas –por ejemplo, en la detención de miembros de una importante banda criminal conocida por sus represalias contra las fuerzas del orden– son menos relevantes que las detenciones federales de las últimas semanas, que a menudo han tenido como objetivo a personas sin antecedentes policiales en absoluto, y mucho menos un historial de violencia. Pero el enmascaramiento –al igual que el exceso de agentes, vehículos y armamento enviados al lugar de los hechos– transmite un mensaje de intimidación.

Para la administración Trump, convertir las redadas enmascaradas en una práctica habitual encaja en un esfuerzo más amplio por eludir la rendición de cuentas por acciones potencialmente ilegales e inconstitucionales. En los procedimientos de desacato sobre sus expulsiones de extranjeros, por ejemplo, como señalé la semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional ha desafiado la insistencia de un juez en que deje claro qué funcionarios individuales tomaron decisiones clave, un paso necesario si los jueces quieren imponer la responsabilidad correctamente.

Y el último rumor de la administración –que podría intentar suspender el propio recurso de hábeas corpus– puede verse desde una perspectiva como un intento aún mayor de eludir la identificación y la responsabilidad por mala conducta. Al fin y al cabo, es a través del hábeas corpus y de procedimientos similares como los jueces determinan si en una redada se ha detenido por error a la persona equivocada, si se ha detenido a alguien que es ciudadano o se encuentra legalmente en el país, o si se han eludido los trámites legales necesarios, errores que alimentan la ira pública y la demanda de un control más estricto del proceso (En la práctica, las propuestas del asesor presidencial Stephen Miller sobre la suspensión del hábeas corpus son en sí mismas ilegales, ya que la Constitución otorga al Congreso la competencia para tal suspensión y exige, como ha explicado mi colega Ilya Somin, que se produzca en caso de invasión o rebelión y que sea necesaria para la seguridad pública, condiciones que no se cumplen en la actualidad).

Independientemente de que se lleve a cabo o no, el hecho de que la Administración haya planteado la idea de suspender el hábeas corpus muestra claramente hacia dónde quieren ir algunas de sus figuras clave. ¿Sin hábeas corpus? No habrá revelaciones públicas sobre quiénes fueron detenidos injustamente y qué se les hizo injustamente. Y aún más impunidad para una Administración que parece empeñada en pisotear las libertades constitucionales.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 12 de mayo de 2025.