Ensuciando la Constitución

Mucha atención se le ha puesto a las propuestas de reforma constitucional en materia política que el presidente López envió al Congreso de la Unión con el claro objetivo de destruir la democracia liberal. Así, propone debilitar a las autoridades electorales (INE y Trife), la eliminación de los diputados plurinominales para tratar de recrear un sistema político de partido mayoritario y hegemónico con una participación sólo de carácter simbólico de partidos de oposición. Adicionalmente, también quiere eliminar la independencia del Poder Judicial al proponer la elección mediante el voto ciudadano de todos los ministros, magistrados y jueces de distrito. Estas dos propuestas implican subordinar al Poder Ejecutivo los otros dos poderes de la Unión, el Legislativo y el Judicial, eliminando de facto la división de poderes que es esencial para tener un sistema político y económico con democracia y libertad.

Y, por si lo anterior no bastara, sus propuestas eliminan cualquier vestigio de rendición de cuentas al eliminar el Inai, con lo cual desaparecería la transparencia en el ejercicio del gasto público, además de que no habría ninguna institución a cargo de proteger los datos personales. Las propuestas buscan, de facto, el establecimiento de una dictadura de partido con un presidente todopoderoso, la recreación de la “dictadura perfecta” como caracterizó Mario Vargas Llosa el sistema político priista del siglo pasado.

En el artículo de la semana pasada señalé como un grave error las propuestas presidenciales de eliminar la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, órganos autónomos del Estado mexicano, así como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La eliminación de estos organismos y el traspaso de sus funciones regulatorias a las secretarías de Estado se traduciría en una regulación que refleje las preferencias del presidente, además de facilitar la captura regulatoria por parte de quienes son objetivo de la regulación, lo que se reflejaría en una regulación ineficiente de los mercados y una fuente de corrupción con la consecuente pérdida de eficiencia en la asignación de recursos y en el bienestar de la sociedad.

Hay otras propuestas de reformas constitucionales que ameritan ser analizadas por ser muy malas ideas, mismas que ensuciarían todavía más la magna y manirrota Constitución, particularmente el artículo 4, uno lleno de “derechos sociales” que implican una presión sobre las finanzas públicas, así como otras que introducirían rigideces no deseadas que reducirían el bienestar social y que analizaré la próxima semana.

De entre las primeras destaca reducir la edad para recibir la pensión de adulto mayor de 68 a 65 años en un contexto de dinámica demográfica en la cual la población está paulatinamente envejeciendo y la esperanza de vida aumentando, debilitando las finanzas públicas. En lugar de reducir la edad para recibir esta transferencia gubernamental, ésta tendría que incrementarse a 70 años, mismos que debería ser la edad mínima para jubilarse y recibir la pensión completa. También en materia pensionaria, garantizarle una pensión igual al último sueldo recibido, para quienes tienen un salario igual o menor al salario medio de cotización en el Insituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), implicaría destinar para ello un monto creciente de recursos fiscales con el consecuente costo de oportunidad al no poder destinar estos mismos recursos a otros fines como educación, salud y seguridad.

Otras tres propuestas de reforma constitucional sin sentido y que también debilitarían estructuralmente las finanzas públicas son elevar a rango constitucional los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida y uno nuevo de pensiones para personas con discapacidad. El primero de ellos no ha mostrado ser un programa efectivo de capacitación laboral mientras que el segundo es un programa con incentivos perversos que fomenta la deforestación. El tercero propone una pensión universal desde el nacimiento hasta los 64 años a personas que tengan una discapacidad y aquí cabe la pregunta ¿cualquier tipo de discapacidad? Asimismo, se propone establecer en la Constitución programas de apoyo a productores de alimentos, tanto agrícolas como pecuarios, adquisición gubernamental a precios de garantía y regalo de fertilizantes para pequeños productores.

Otra propuesta es establecer en la Constitución que maestros de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), médicos y enfermeras, policías y miembros de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas tengan un salario mínimo garantizado no menor al salario promedio de los trabajadores del sector privado que cotizan en el IMSS. ¿Con qué ojos, mi divino tuerto, no sólo el gobierno federal sino también los estatales y municipales de quienes dependen médicos, enfermeras y policías?

Otra más es ampliar el derecho al acceso a los servicios de salud para incorporar en el artículo 4 constitucional la figura de atención médica integral, universal y gratuita incluyendo estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos. También se propone modificar el precepto de derecho a una vivienda digna para incorporar la figura de arrendamiento a través de la renta social equivalente al 30% del salario del trabajador de forma tal que pasados 10 años pueda adquirir la vivienda con las rentas ya pagadas, esto aunado a que el Infonavit también sería directamente constructor de viviendas.

El presidente López debe pensar que los recursos fiscales son infinitos; como ello no es así, de ser aprobadas estas tonterías, el próximo gobierno tendría garantizada una crisis fiscal, aun con una reforma tributaria que incremente los ingresos públicos. Si ahora ya como está la Constitución es magna y manirrota, de aprobarse todas estas reformas sería magna, manirrota y notoriamente irresponsable.

Este artículo fue publicado originalmente en El Economista (México) el 19 de febrero de 2024.