En España ya tenemos una banca pública
Juan Ramón Rallo explica cómo el actual sistema bancario español ya es considerablemente intervenido y señala que, por lo tanto, la propuesta de nacionalizar la banca de ATTAC (un grupo de izquierda) no se distingue mucho del sistema bancario que condujo a la crisis.
Por Juan Ramón Rallo
La organización de extrema izquierda ATTAC propone nacionalizar las cajas de ahorros en España para reinstaurar un modelo de banca pública que logre estimular la economía. Desde luego, parece una propuesta revolucionaria —¡nacionalizar los bancos!—, pero me temo que no es más que una muestra del cul-de-sac en el que se encuentra la ultraizquierda: el Estado ya copa todos los espacios hacia los que pretende extender sus intervenciones, de modo que sólo les queda reinventarse nominalmente.
Veámoslo. Las cajas de ahorro en España son ya de facto instituciones públicas. La mayor parte de ellas están controladas por los consistorios municipales y los organismos regionales. De hecho, lo habitual es que el presidente de cada caja sea o un político retirado de alguno de los grandes partidos o alguien cercano a los mismos: ahí tenemos a Rodrigo Rato, ex ministro de Economía del PP, presidiendo Caja Madrid; José Luis Olivas, ex presidente de la Generalidad Valencia por el PP, al frente de Bancaja; Narcís Serra, ex vicepresidente del Gobierno por el PSOE, dirigiendo Caixa Catalunya; o Juan Pedro Hernández Moltó, ex diputado del PSOE, comandando la quebrada Caja Castilla-La Mancha.
Si de algo no adolecían nuestras cajas era, precisamente, de falta de control político. Su actividad podía orientarse perfectamente y sin obstáculo alguno a satisfacer “fines sociales”, cualesquiera éstos fueran. Carecen de accionistas a quienes retribuir el capital y, de hecho, la única obligación corporativa que poseen es la de devolver a la “comunidad” parte de los beneficios que han obtenido (misión que instrumentan a través de la llamada “Obra Benéfico Social”). Por consiguiente, la dirección estatal de las mismas es una realidad desde hace décadas.
Por qué ahora ATTAC solicita su nacionalización es un misterio que no atisbo a comprender, salvo que con ello pretendan enmascarar la triste realidad de su ideología pauperizadora, es decir, de la banca pública. ¿Cuál ha sido el resultado de la “gestión pública y social” de las cajas durante esta crisis? Básicamente, se han convertido en el talón de Aquiles de la economía española: más del 70% de todo su crédito lo otorgaron a sectores relacionados con la construcción, de modo que con el pinchazo inmobiliario están técnicamente quebradas. La propia ATTAC, aún a regañadientes, se ve forzada a admitirlo cuando habla de que las cajas se encuentran en una “situación de dificultad por haber copiado indebidamente el modo de funcionamiento de la banca privada”. Pero, al margen de que no explican qué impediría a una “banca (aún más) pública” comportarse en el futuro tal y como lo han hecho las cajas politizadas en el pasado, tampoco queda demasiado claro en qué se distinguiría el funcionamiento que ellos proponen para la banca pública del que en la práctica se dio durante los últimos años.
Por ejemplo, ATTAC defiende que las cajas deben adecuarse a los parámetros de la “banca ética”, a saber: “la renuncia al afán de lucro, el mantenimiento de obra y responsabilidad social, la transparencia y la atención preferente a los sectores sociales con mayores dificultades para acceder a la financiación bancaria: medianas y pequeñas empresas, microempresas, familias de baja renta, jóvenes emprendedores y mujeres”. ¡Pero esto es justamente lo que han hecho las cajas españolas y los bancos privados estadounidenses al extender crédito a los subprime! Presta y no mires a quién.
Es más, en la actual situación de crisis, donde la demanda solvente de crédito se ha desplomado y donde los bancos agonizan por reconstruir sus posiciones de liquidez, los de ATTAC reclaman que sea la banca pública la que lidere la expansión del crédito. Pero, ¿a quién exactamente debe extendérsele ahora el crédito y con qué recursos? Porque si de lo que se trata es de que el Estado asuma el coste de proyectos ruinosos vía inyecciones de capital que compensen los créditos fallidos, al menos deberían tener el decoro de admitirlo en lugar de prometer que se llevarán a cabo “las operaciones de saneamiento y reestructuración o intervención convenientes sin que en ningún caso se generen costes adicionales para el erario público en beneficio del interés privado”. La cuadratura del círculo, oiga: más crédito para todos los que no pueden devolverlo sin que nadie se empobrezca. No veo entonces por qué motivo las muy politizadas e igualmente pródigas cajas de ahorros españolas han sido las únicas que, de momento, han solicitado ser recapitalizadas por el Estado. ¿No era la banca ética la panacea gratuita para todos los males habidos y por haber de nuestra economía?
Sólo una idea interesante se desprende del documento: “La confederación bancaria asumirá como horizonte a medio y largo plazo su progresiva renuncia al sistema de reserva fraccionaria para introducir y tratar de generalizar sistemas de financiación innovadores que no provoquen los problemas de inestabilidad e incremento artificial de deuda que están asociados al privilegio de creación de dinero por esa vía del que goza la banca privada”.
Aunque con esta propuesta podrían tener su poso de razón, ¿alguien puede creerse que en un contexto de expansión del crédito fiduciario, la banca pública y solidaria se autoexcluirá de esa orgía financiera y se limitará a ofrecer a las clases medias préstamos a tipos de interés muy superiores a los de su competencia privada? ¿De verdad tendrán el coraje de quedar como los usureros de la economía? Es más, ¿a qué se refieren con eso de “generalizar sistemas de financiación innovadores”? El negocio bancario ortodoxo es bastante aburrido —en el siglo XIX se resumía en “saber distinguir una letra de cambio de una hipoteca”— así que se me escapa dónde quieren innovar y, sobre todo, cómo contribuirá esa supuesta innovación a reducir el coste de sus créditos. Más bien parece una manera de querer hacer lo mismo que los bancos privados pero sin que se note; ya saben, shadow banking y demás jerga neolingüista.
En cualquier caso, el remedio para las expansiones insostenibles de crédito no pasa por constituir una banca pública cuya raison d’être sea suicidarse económicamente, sino abrir realmente la banca a la competencia: es decir, abolir de leyes de curso forzoso, suprimir los fondos de garantía de depósitos, cerrar de los bancos centrales y permitir la emisión de dineros privados. Es decir, justo lo contrario de lo que propone ATTAC con su banca pública.
La competencia, señores izquierdistas, no es mala, tampoco entre bancos; el cáncer de nuestras economías capitalistas no es la inexistente libertad financiera, sino que las entidades privadas cuentan con una red pública que les protege de la iliquidez y de la insolvencia en la que incurren para maximizar sus beneficios a corto plazo: beneficios privados, pérdidas socializadas.
Dentro de este grotesco marco, sólo nos faltaría que los que aprueban los rescates fueran los mismos que tienen que ser rescatados. Si lo de ahora les (nos) parece un aquelarre, imagínense qué sería si tuviéramos a Madoff de presidente del Gobierno, de director de la banca pública y de auditor de ambos. Ese es el modelo que están defendiendo los señores de ATTAC.