El Salvador: La extorsión hecha ley

Cristina López G. dice que "El insostenible gasto en subsidios está lejos de ser una 'política social efectiva' solo es una transferencia de pagos de millones de dólares a hogares y sectores que no son pobres".

Por Cristina López G.

Cualquier capitán de un barco que está comenzando a hundirse, busca deshacerse de pesos innecesarios y tirar por la borda cualquier cargamento con tal de mantener la nave a flote. Ante la zozobra de las arcas del Estado por la altísima deuda pública y el déficit fiscal, el presidente Mauricio Funes está buscando (finalmente) tirar los pesadísimos subsidios por la borda, con una tímida propuesta de reducir el subsidio al transporte público, que el contribuyente paga a través del combustible y que es repartido entre los empresarios de transporte para permitirles funcionar con un precio artificialmente bajo para sus pasajeros. Lo anterior en realidad es una extorsión hecha ley por parte de los empresarios de buses, que a cambio de mantener un precio artificial hincan a nuestros gobernantes poniendo en la balanza de negociación lo único que parecen tomarse en serio nuestros políticos: su popularidad en las encuestas.

Como era de esperarse, los dos partidos mayoritarios FMLN y ARENA, cuyos principios coinciden tanto como el día y la noche, se encontraron esta vez del mismo lado de la discusión: luchando por mantener el subsidio al transporte. Unos, diciendo defender al consumidor y otros velando por la subsistencia empresarial pues, según los diputados areneros “con la reducción del subsidio habría empresas de transporte que irían a la quiebra”. Ambos argumentos son erróneos: el subsidio no beneficia al consumidor, pues se reparte entre los empresarios de buses sin exigírseles rendición de cuentas, servicio eficiente o cumplimiento de leyes. Más grave es aún que ARENA busque perpetuar un insostenible Estado de Bienestar, pero corporativo: es decir, que con los impuestos de muchos, se garantice la sostenibilidad empresarial de unos pocos, además ineficientes. Otros resultados veríamos si los diputados de ARENA que se inclinan por mantener el subsidio como está entendieran que un empresario que necesita un subsidio para no quebrar, ni es eficiente ni debería llamarse empresario.

El insostenible gasto en subsidios está lejos de ser una “política social efectiva”: solo es una transferencia de pagos de millones de dólares a hogares y sectores que no son pobres. De 2004 a 2011 se gastaron $1.856 millones de dólares en subsidios: un equivalente aproximado a la construcción de 10 Puertos de la Unión (fuentes: Ministerio de Hacienda y FUSADES). Este despilfarro, no crea ni fomenta la creación de riqueza o desarrollo económico (pre-condición para el desarrollo social que tanto vende “full-color” el gobierno, a través de creativas campañas publicitarias): más bien destruye riqueza quitándosela al contribuyente trabajador y restándole capacidad de consumo, ahorro e inversión.

Este gasto y el consecuente endeudamiento necesario para sostener la capacidad de despilfarro, ha desordenado las finanzas públicas y no reduce el costo de la vida de los salvadoreños; lo que el gobierno “provee” en ineficientes servicios y precios bajos artificiales, en realidad lo pagamos algunos con nuestros impuestos y los más necesitados con la inflación de precios. Ver el subsidio como una herramienta de apoyo económico por parte del Estado a sus ciudadanos es igual de absurdo que la situación en que un padre siente un alivio económico porque su hijo lo “invita” a cenar usando su mesada, ignorando ingenuamente quién es el que en realidad está pagando los dos platos.

Este artículo fue publicado originalmente en El Diario de Hoy (El Salvador) el 20 de mayo de 2012.