El Salvador: ¡Hágase la luz!

Habiéndose asentado el polvo y hecho el conteo de los daños luego de la épica batalla librada por los partidos en las urnas, y tras la fanfarria de las inauguraciones en que los ediles electos para el período 2012-2015 tomaron posesión en sus respectivas alcaldías, comenzaron a sacarse al sol muchos trapos sucios.

Destacan las quejas interpuestas ante los medios e instituciones gubernamentales por muchos empleados municipales, respaldados por los partidos para los que militan, por despidos que consideran injustificados de parte de los nuevos alcaldes cuando las administraciones municipales cambiaron de color partidario. Las exigencias de que “se haga justicia” se basan en que la militancia en un partido no debería ser objeto de despido, y que las acciones se basan en revanchismos políticos. A lo anterior se han sumado diferentes voces de la opinión pública, llamando a lo sucedido violaciones a los derechos humanos y apelando a la necesidad de sustento de los empleados afectados. El escenario ha estado decorado por las declaraciones de diferentes nuevos alcaldes denunciando plazas fantasmas y el deplorable estado de las finanzas que encontraron al asumir las sillas edilicias.

Se ha dejado de lado en la discusión el hecho de que bajo un criterio técnico, más que despidos masivos lo que no ha habido son renovaciones de contrato: ningún alcalde debería estar facultado para firmar contratos de ninguna índole cuya validez vaya más allá del período para el que ha sido electo, pues de lo contrario estaría obstaculizando la gobernabilidad de la próxima administración en caso de que la misma cambie, e irrespetando la legitimidad democrática con que se revistió su gestión al ser electo por la ciudadanía. Lo anterior legitima la libertad de los alcaldes recién electos de decidir sobre la renovación de contratos de los empleados municipales. Sin embargo, lo anterior es simplemente la forma en un problema que, de no encontrársele corrección al fondo, estará presente cada tres años cuando haya un cambio partidario en los gobiernos locales.

El problema de fondo existe desde muchos períodos atrás: las planillas laborales municipales por años han servido para financiar los salarios de activistas partidarios, disfrazando su labor proselitista de trabajo municipal. La falta de transparencia ha conseguido que mezquinos intereses crezcan en las sombras, haciendo posible que las maquinarias electorales de los diferentes partidos sean financiadas con los impuestos del contribuyente. Así como la luz del día espanta a los gérmenes que se amparan en la oscuridad para crecer, la transparencia en las administraciones locales serviría para que el ciudadano pudiera auditar el número de plazas en las comunas, las especificaciones de cada puesto y la idoneidad de los empleados que han sido contratados para desempeñarlo. Esto permitiría una sana competencia para solicitar a uno de estos puestos de trabajo y al final, se premiaría la idoneidad más que la militancia, teniendo como resultado una mejor gestión municipal.

Buscar la estabilidad laboral para los empleados municipales a través de un decreto legislativo podría ser una medicina que por curar un mal, termine matando al paciente al cortar la necesaria flexibilidad laboral que debe primar cuando se habla de contrataciones, si se quieren dar a los empleados los incentivos adecuados para que rindan. La ventana que podría permitir la entrada de luz a este panorama tan oscuro podría darse a través de la conformación de concejos municipales plurales, en los que la participación de otros partidos serviría para mantener una constante auditoría sobre las administraciones. Si los concejos plurales son un tema que ha sido discutido por tanto tiempo, ¿por qué le seguirán teniendo miedo los partidos?

Este artículo fue publicado originalmente en El Diario de Hoy (El Salvador) el 9 de mayo de 2012.