El proyecto de ley es más un desastre que algo "hermoso"

Aquí vamos otra vez. La semana pasada, el Senado finalmente aprobó su versión de la "Ley grandiosa y hermosa", y la Cámara de Representantes la ratificó. Lo que ya era un desastre descomunal se ha convertido en una oda a la falta de seriedad por valor de 4 billones de dólares ("trillions" en inglés).

Esto no es una reforma fiscal.

Es una piñata bipartidista llena de prebendas, trucos y, por supuesto, deuda. Se nos dice que aplaudamos porque el proyecto de ley hace permanentes algunas políticas favorables al crecimiento, como la amortización acelerada del 100% y los gastos de investigación y desarrollo. Sin embargo, unas pocas perlas en un vasto océano de malas políticas no son motivo de celebración. Es como maravillarse ante las habitaciones recién pintadas de una casa en llamas.

Nos han dicho que aplaudamos porque el proyecto de ley elimina o recorta 147.000 millones de dólares de las peores ayudas de la versión de la Cámara de Representantes. Pero, como señala un análisis de Arnold Ventures, el Senado también ha añadido 186.000 millones de dólares al bote. Eso supone un aumento neto de 39.000 millones de dólares en gastos superfluos.

Esto es lo que Washington llama compromiso: la Cámara propone 1 dólar, el Senado propone 2 y, de alguna manera, acabamos gastando 3. El Congreso está consiguiendo tanto arruinarnos como violar sus propias normas presupuestarias.

Con 3,2 billones de dólares en costes directos y 700.000 millones en pagos de intereses, la propuesta presupuestaria elevaría el nuevo endeudamiento total a 3,9 billones, según un análisis anterior de la Oficina Presupuestaria del Congreso. El expresidente Joe Biden tardó cuatro años en añadir 4,7 billones de dólares al déficit.

No pasen por alto el cinismo que encierra este proyecto de ley. Aumenta el límite de la deducción por impuestos estatales y locales (conocida desde hace tiempo como una bendición para los ricos) a 40.000 dólares (con una "eliminación gradual" en 2029 que nadie cree que se vaya a producir).

Hay cientos de miles de millones en disposiciones "temporales" que todo el mundo sabe que se prorrogarán. El impacto en el déficit es tan grande que ni siquiera las previsiones más optimistas pueden cuadrar las cuentas.

Este proyecto de ley también viola flagrantemente las propias instrucciones de la Cámara de Representantes para la reconciliación presupuestaria, que recomiendan 2 billones de dólares en compensaciones del gasto.

La versión de la Cámara de Representantes se quedó algo corta, al combinar 3,8 billones de dólares en desgravaciones fiscales con 1,6 billones en recortes. ¿La versión del Senado? Casi 4,5 billones de dólares en recortes fiscales y solo 1,4 billones en reducciones del gasto, lo que supone un incumplimiento de 600 000 millones de dólares del acuerdo al que supuestamente llegaron los legisladores.

Los republicanos hablaron en su día seriamente de armonizar los impuestos y el gasto.

Les preocupaba la distorsión económica, la simplicidad y la ampliación de la base impositiva. Ahora, muchos solo quieren el azúcar agregado de los recortes fiscales sin disciplina fiscal.

Mientras tanto, los demócratas quieren ampliar enormemente el Estado y fingir que los multimillonarios pueden pagar la factura por sí solos.

Ambas partes están equivocadas.

Las cuentas no cuadran y la moralidad del gasto imprudente es aún peor.

Quienes quieren presentar este proyecto de ley como favorable al crecimiento están soñando.

Se basan en hipótesis económicas poco realistas sobre un repunte a corto plazo para justificar las consecuencias del aumento de la deuda a largo plazo, y apuestan por trucos presupuestarios que ocultan los costes y que nadie se toma en serio.

La realidad es muy diferente.

Mi colega Jack Salmon calcula que, si se suman todas las medidas favorables al crecimiento, se obtiene un crecimiento adicional de alrededor del 1%, pero este se ve literalmente anulado por la contracción provocada por la prórroga del límite a las deducciones por impuestos a nivel local y de los estados (SALT).

Por desgracia, la generosidad financiada con deuda suele venderse con la frase mágica "recortes fiscales".

Para que quede claro, los recortes fiscales son generalmente excelentes siempre y cuando el Congreso reduzca el gasto.

El código fiscal tiene por objeto recaudar los ingresos necesarios para financiar el gobierno que los estadounidenses dicen querer.

Si decidimos que bajo ninguna circunstancia el Congreso debe recortar el gasto, entonces no merecemos recortes fiscales.

Me rompe el corazón decirlo, porque mi deseo es un gobierno significativamente más pequeño, con menos deuda y menos impuestos.

Quienes han seguido mi trabajo saben que yo eliminaría todas las subvenciones a las empresas privadas. Devolvería la educación y muchas otras funciones a los estados y pondría fin a la mayoría de las subvenciones que se les conceden.

Sometería a un control radical los subsidios sociales y mucho más. Los recortes de gasto bien diseñados son una forma probada de reducir la ratio deuda/PIB.

Son la vía responsable para reducir los impuestos.

Pero no voy a tolerar un sistema que gasta enormemente en nuestra generación y envía la factura a las generaciones futuras, esperando que sean ellas las que se enfrenten a la crisis de la deuda y a la inflación que se producirá.

Si los estadounidenses quieren un gobierno grande, tenemos que pagarlo con impuestos más altos ahora y afrontar el castigo de un crecimiento más lento.

La legislación es un medio por el que los políticos señalan sus prioridades.

Por ahora, está claro que la mayoría de ellos se sienten cómodos perjudicando a las generaciones futuras con impuestos más altos e inflación para complacer a sus actuales electores mediante déficits de billones de dólares, regalos a las empresas, violaciones de las normas presupuestarias y una contabilidad deshonesta.

Pero los estadounidenses no pueden permitirse muchos más acuerdos "hermosos" que son tan horriblemente feos bajo la superficie.

Este artículo fue publicado originalmente en Newsmax (Estados Unidos) el 3 de julio de 2025.