El precio de la justicia: cuando la libertad se convierte en un soborno

Cuando los fiscales pueden ofrecer libertad a cambio de cooperación, la justicia se convierte en una mercancía —vendida al mejor postor— en lugar de buscarse la verdad.

Tras ser secuestrado y extraditado ilegalmente a un gulag salvadoreño por el Gobierno de Estados Unidos, Kilmar Abrego García ha sido devuelto para enfrentarse a dudosos cargos penales. Su destino depende ahora del testimonio de José Ramón Hernández Reyes.

Reyes no es un testigo imparcial, sino un delincuente reincidente que puede ser deportado y que tiene mucho que ganar si testifica contra Abrego García. Ahora que los fiscales quieren su testimonio, lo han liberado. En consecuencia, Reyes ha sido puesto en libertad de la prisión federal y trasladado a un centro de reinserción social, donde podrá permanecer en el país durante al menos un año. Esta práctica debería alarmar a todos los estadounidenses preocupados por la justicia.

Como antiguo defensor público, he visto al Gobierno ejercer su inmenso poder de innumerables maneras. ¿Qué pasaría si mi cliente, que se enfrenta a un caso federal desalentador, insistiera en su derecho constitucional a un juicio con jurado? ¿Cuál sería nuestra mejor esperanza? Que el testigo clave de la acusación, un individuo sin estabilidad que podría beneficiarse de un poco de estabilidad en su vida, simplemente no se presentara. Si yo, el abogado defensor, ofreciera a ese testigo 50.000 dólares para que no testificara, sería una clara violación de la ley federal, incluida la Ley Federal contra el Soborno.

Pero, ¿y si los papeles se invirtieran? ¿Y si yo fuera el fiscal y, en lugar de dinero, ofreciera a ese testigo algo mucho más valioso a cambio de su testimonio: su libertad o la posibilidad de permanecer en Estados Unidos cuando, de otro modo, se enfrentaría a la deportación? ¿Sería eso también soborno?

Una lectura sencilla de la ley, que prohíbe dar «cualquier cosa de valor» a cambio de un testimonio, sugiere que sí. Y en el caso de 1998 Estados Unidos contra Singleton, una corte compuesta por tres jueces de la Corte de Apelación del Décimo Circuito de los Estados Unidos se mostró de acuerdo, expresando que la libertad es algo de valor. En consecuencia, la corte sostuvo correctamente que la ley prohíbe a los fiscales sobornar a los testigos con indulgencia a cambio de su testimonio. Esta decisión causó conmoción en el Departamento de Justicia, que la tachó de "absurda". ¿Su argumento? Si los fiscales no pueden ofrecer indulgencia a cambio de testimonio, los acusados no tendrían ningún incentivo para declararse culpables y nuestras cortes se paralizarían. Estas preocupaciones no eran exclusivas de los fiscales. En los días siguientes a la sentencia de la corte, hubo un consenso bipartidista en el Congreso para eximir categóricamente a los fiscales de la ley.

Pero esas preocupaciones se disiparon cuando, solo seis meses después, el pleno del Décimo Circuito revocó la sentencia de la corte. La corte creó una excepción categórica para el Departamento de Justicia, sosteniendo que el término "quienquiera" de la ley no podía tener la intención de obligar a los fiscales. ¿Son personas los fiscales? El sentido común dice que sí. Pero la corte dijo lo contrario de forma absurda. Esta revocación no fue solo una sutileza jurídica, sino un respaldo a la práctica generalizada de sobornar a los testigos con indulgencia. El costo humano de esta práctica es profundo, y Abrego García es solo el último ejemplo.

Otro ejemplo escalofriante es el de Walter McMillian, cuya historia se convirtió en sinónimo del libro y la película Just Mercy. En un juicio plagado de injusticias raciales, los miembros del jurado solo tardaron un día y medio en declarar a McMillian culpable del asesinato de Ronda Morrison, de 18 años. McMillian se encontró en el corredor de la muerte (pabellón de los condenados a la muerte) de Alabama, con una condena que se basaba en gran medida en el testimonio inducido de prolíficos mentirosos, entre ellos Ralph Myers, un delincuente profesional muy parecido a José Ramón Hernández Reyes.

Más tarde se supo que los fiscales habían ocultado deliberadamente pruebas exculpatorias y que su testigo estrella, Ralph Myers, había mentido. El sheriff y los investigadores habían presionado a Myers para que acusara a McMillian, un hombre al que ni siquiera conocía. Una grabación oculta reveló que Myers se quejaba amargamente de que le estaban obligando a implicar a McMillian en un crimen en el que ninguno de los dos había participado. A cambio de su testimonio, los fiscales prometieron a Myers que se le eximiría de la pena de muerte en otro asunto.

Myers intentó retractarse antes del juicio, diciendo a los investigadores que había mentido, pero la Oficina de Investigación de Alabama insistió. No les interesaba la verdad, solo conseguir una condena. Los investigadores llegaron a extremos sin precedentes, colocando tanto a Myers como a McMillian, detenidos en prisión preventiva, en el corredor de la muerte para ejercer una presión adicional. Myers cumplió su promesa a la fiscalía, sellando el destino de McMillian. McMillian fue finalmente exonerado, pero no sin antes pasar seis años en el corredor de la muerte.

La decisión del caso Singleton, junto con la trágica saga de Walter McMillian, pone al descubierto una verdad inquietante. Cuando los fiscales ofrecen indulgencia a cambio de un testimonio, se crea un incentivo irresistible para que los testigos proporcionen cualquier versión que desee el Gobierno, independientemente de su veracidad. Esto no es justicia, es una peligrosa distorsión de la misma. Es un sistema en el que el precio de la justicia puede ser la propia verdad, comprada con las libertades que nuestra Constitución pretende proteger.

Debemos exigir responsabilidad y reformas. Nuestro sistema judicial debe basarse en descubrir la verdad, no en comprarla. Debe revisarse el escalofriante precedente sentado por el pleno del Décimo Circuito en el caso Singleton, y debe ponerse fin a la práctica inconcebible de incentivar los testimonios. El Congreso puede dejar esto claro de forma inequívoca, librando a las personas decentes de la ira del Departamento de Justicia. La integridad de nuestro sistema de justicia penal y las vidas de quienes están atrapados en su red dependen de ello.

Este artículo fue publicado originalmente en CounterPunch.com (Estados Unidos) el 1 de agosto de 2025.