El plan anti-infraestructura de Biden

El Presidente Joe Biden y los Demócratas acaban de gastar $1,9 billones (“trillions” en inglés) en una innecesaria ley de estímulo, y eso podría ser solo el principio de una inflación del presupuesto. Próximamente vendrá un plan de infraestructura de $2 billones o más. La ley de estímulo fue financiada con deuda, pero los Demócratas están diciendo que la ley de infraestructura ser financiará con alzas de impuestos. Esas alzas, junto con las regulaciones laborales y verdes que Biden desea imponer, perjudicarán la infraestructura, en lugar de ayudarla. 

La clave de la políticas de infraestructura es reconocer que el sector privado es dueño de gran parte de ella. En 2019, la nación tenía unos masivos de $40 billones en activos fijos que no son de defensa ni residenciales, lo cual es una medida amplia de la infraestructura. El sector privado es dueño de 65% de estos, incluyendo las estaciones eléctricas, los rieles de carga, las tuberías, las fábricas, las redes de banda ancha, y mucho más. Los gobiernos de los estados y locales son dueños de 30%, incluyendo las carreteras, las escuelas y los aeropuertos. El gobierno federal es dueño de tan solo un 5%, incluyendo las represas, las facilidades postales y otros activos. 

Mientras que es dueño de relativamente poco, el gobierno federal impone controles extensivos sobre la infraestructura privada mediante los impuestos y las regulaciones. La industria privada invierte en infraestructura para obtener ganancias, así que cuando el gobierno reduce las utilidades vía regulaciones y aumentos de impuestos, las empresas reducen sus inversiones, y la infraestructura sufre.  

Biden está proponiendo aumentos importantes a los impuestos sobre el ingreso de las empresas, incluyendo un aumento del impuesto corporativo federal desde 21% hasta 28%. Porque la infraestructura privada es tan gigantesca, cambios aparentemente modestos en las tasas impositivas pueden tener un impacto importante. La Tax Foundation estimó que los aumentos tributarios de Biden reducirían la inversión en activos fijos, incluyendo la infraestructura, en más de $1 billón. 

Eso sería una gran perdida para la economía no solo porque la infraestructura privada es más importante que la estatal, sino también porque es más innovadora. La inversión en las carreteras y escuelas aumentará la capacidad, pero la inversión privada aumenta la capacidad y usualmente conlleva avances tecnológicos. Cada generación de robots de fábrica, satélites, plantas de semi-conductores, e infraestructura de banda ancha es más avanzada que la anterior. Considere a los proveedores de banda ancha como AT&T y Verizon. Cada año, ellos invierten más de $50.000 millones en la infraestructura de su red, como 5G, que generan beneficios económicos de amplio alcance. 

El Progressive Policy Institute tiene razón: “Cientos de miles de millones de dólares de inversiones por parte de los proveedores de banda ancha permitieron que el Internet estadounidense responda de manera magnífica ante un alza marcada de la demanda cuando azotó la pandemia”.

Las alzas de impuestos corporativos de Biden socavarían estas inversiones cruciales, aún así su plan de infraestructura incluye miles de millones de dólares en subsidios para banda ancha. Biden tomaría con una mano lo que da con la otra, y la economía en general se reduciría conforme los mercados son reemplazados con las asignaciones políticas de recursos. 

El presidente propone “subvenciones dedicadas y financiamiento para ayudar a “reequipar y construir fábricas nuevas”. Pero, ¿dónde obtienen usualmente los fabricantes fondos para “reequipar y construir nuevas fábricas”? De sus ganancias, las cuales Biden planea confiscar con impuestos más altos sobre los ingresos. 

Esta sería la misma estrategia perjudicial que aquella respecto de la inversión en tecnología. Biden gastaría $300.000 millones en ítems como “el financiamiento competitivo de capital para alentar empresas pequeñas para comercializar la tecnología de punta”. Pero el presidente quiere duplicar la tasa tope del impuestos sobre las ganancias de capitales desde 20% a 40%, lo que evaporaría el financiamiento para los negocios pequeños de tecnología. Las ganancias de capital son la recompensa por haber realizado inversiones de riesgo en tecnología, las cuales tardan años en producir ganancias. Así que cuando las tasas impositivas sobre las ganancias de capitales aumentan, los inversores mueven sus fondos a inversiones más seguras como los fondos municipales libres de impuestos. 

Las políticas de regulación propuestas por Biden también perjudicarían las inversiones. Sus propuestas apuntan a “cero emisiones netas”, y una de sus primeras ordenes ejecutivas requiere que “cada inversión de infraestructura federal” reduzca “la contaminación del clima”. Claramente, Biden desea desplazar la generación de combustible fósil, que es una parte importante de la infraestructura de EE.UU. La primera medida del presidente respecto de la infraestructura fue matar la tubería petrolera Keystone XL.

La agenda de sindicatos laborales de Biden sumaría más a estos perjuicios. Él desea “trabajos sindicalizados” para las carreteras, el tránsito, la energía, las manufacturas, los ferrocarriles, los aeropuertos, la banda ancha, y los sistemas de agua. Quiere que todos los proyectos subvencionados federalmente tengan “acuerdos laborales para el proyecto” (PLAs), los cuales requieren contratar trabajadores mediante los sindicatos, que paguen salarios y beneficios exigidos por los sindicatos, y que utilicen normas laborales de los sindicatos. Nótese que solo un 13% de los trabajadores de construcción en EE.UU. actualmente forman parte de un sindicato.

Las normas Davis-Bacon respaldadas por los sindicatos desde ya elevan los costos salariales para los proyectos de carreteras en alrededor de un 20%, y los PLAs probablemente elevaran los costos todavía más. Por lo tanto, bajo el plan de Biden, los contribuyentes recibirán menos por cada dólar en términos de nuevas facilidades de infraestructura construidas con su dinero. 

En una reunión en la Casa Blanca acerca de la infraesctructura el 4 de marzo, Biden dijo que “nos hace mucho más competitivos alrededor del mundo si tenemos la mejor infraestructura”. Pero no tendremos la mejor si los impuestos más altos y las regulaciones debilitan la inversión privada y si el gasto federal se destina a despilfarros como la “revolución” de rieles de alta velocidad de Biden.

Obtendríamos una verdadera revolución en infraestructura adoptando reformas del extranjero para privatizar los ferrocarriles de pasajeros, los aeropuertos, los puertos marítimos, el control del tráfico aéreo, los sistemas de agua, y otras facilidades. No hay necesidad de subsidiar la infraestructura si esta deja de ser responsabilidad del estado y pasa a ser respaldada por los cobros a los usuarios. En lugar de gastar $2 billones, deberíamos privatizar la infraestructura donde sea posible y reducir los impuestos y las regulaciones para el resto. 

Este artículo fue publicado originalmente en Washington Examiner (EE.UU.) el 23 de marzo de 2021.