El lavado de dinero y nuestra privacidad

El Departamento del Tesoro quiere extender mucho más el control sobre cómo el ciudadano gasta su dinero. El gobierno asegura que debe hacerlo así para combatir el lavado ilegal de dinero. Pero las nuevas regulaciones no serán sino una pérdida de tiempo, inmiscuyéndose aún más en la privacidad del ciudadano.

Las nuevas propuestas obligarían a las firmas que cambian cheques, compran y venden moneda extranjera, remiten dinero, venden cheques de viajero y utilizan "tarjetas inteligentes" a reportar transacciones tan pequeñas como $500 al día, por persona. Las firmas que efectúan transferencias y sus agentes serían obligados a "reportar y retener" la documentación sobre transacciones de más de $750, cuando el dinero sea enviado fuera de Estados Unidos.

El costo de cumplir con esa vigilancia va mucho más allá de cualquier beneficio. Cientos de miles de empresas y de individuos serían afectados. Los mismos burócratas del Tesoro calculan que las nuevas regulaciones costarían decenas de millones de dólares, suma que suena muy modesta.

Ya hemos recorrido antes este mismo camino. La actuales reglas estaban supuestas a acabar con los delitos. Evidentemente que no ha resultado así. Las actuales regulaciones obligan principalmente a bancos a reportar cantidades desde $3.000 o $10.000. Los funcionarios aparentemente creen que los remedios para regulaciones fracasadas son más regulaciones.

El Departamento del Tesoro ya ha experimentado con las reglas propuestas, obteniendo pobres resultados. En agosto del año pasado impuso una regulación temporal en Nueva York sobre las transacciones con Colombia. Las transferencias pronto disminuyeron en un 30%. Parte de la baja seguramente provino de transferencias legítimas de gente que temía que familiares y amigos se convirtieran en sospechosos de lavado de dinero. Y si el resto se debió a una rebaja de la actividad delictiva, sólo prueba que los delincuentes siempre evitan ser detectados, con o sin nuevas regulaciones. También se dobló la cantidad de transferencias de menos de $750 y un informe del Tesoro reportó que "ahora los lavadores están transfiriendo grandes cantidades a través de otras ciudades.

La orden dejó de instrumentarse el mes pasado. Durante el año de experimento se sirvieron 22 órdenes de cateo. Pero durante todo ese tiempo, y violando la privacidad de muchos que enviaron transferencias cablegráficas, apenas cinco arrestos se lograron.

No nos dejemos engañar; las nuevas regulaciones propuestas, tan amplias y opresivas como son, no representan una verdadera barrera a cualquier delincuente medianamente competente. Eso podrá ser comprobado en poco tiempo. Entonces los funcionarios dirán que los límites siguen siendo demasiado altos y que habrá que reducir las cantidades a reportarse.

En la era del comercio electrónico, el gobierno tendría que saberlo todo o terminará sabiendo sólo lo que la gente quiera que sepa. No hay término medio. Y por más malos que sean los carteles de la droga y el crimen organizado, los ciudadanos respetuosos de la ley no deben ser obligados a perder más de su privacidad para obtener diminutos avances contra la delincuencia.

El gobierno asume que las regulaciones serán comprendidas por la gente común y que las planillas requeridas siempre estarán disponibles, además que respuestas claras y correctas siempre serán dadas, algo que cualquiera que haya llamado a la oficina del Impuesto Sobre la Renta tiene fuertes razones para dudar.

Y una vez que toda esa información detallada sea juntada, ¿cómo se va a mantener confidencial? Imagínese el daño que puede hacer que toda esa información financiera caiga en las manos equivocadas. No sería la primera vez que algo así sucede.

Evidentemente que el costo de la propuesta del Tesoro es terriblemente alto. Además, se basa en la ingenua suposición que al pagar un costo tan alto se producirán resultados que lo justifique. Si los narcotraficantes logran transportar drogas sin ser detectados, ¿alguien fuera del Departamento del Tesoro duda que también encontrarán maneras de enviar el dinero de la misma o similar manera? La propuesta regulación muestra una actitud de Alicia en el país de las maravillas sobre la manera de actuar de los narcotraficantes, unida a un arrogante irrespeto a la libertad y privacidad.

El Congreso no sólo debiera rechazar tales regulaciones sino también revocar la actual Ley de Secreto Bancario, bajo la cual tales regulaciones son posibles. Nuestra libertad y privacidad son mucho más importantes y no se debe jugar con ellas sólo para hacer más costoso y difícil el lavado de dinero. ©

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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