El impuesto global a los ricos que propone la izquierda destruiría dos millones de empleos

La propuesta de establecer un impuesto mínimo global del 2% sobre el patrimonio de los multimillonarios, impulsada por economistas como Thomas Piketty, Gabriel Zucman y Emmanuel Saez, ha ido ganando peso en el debate político internacional y cuenta con el respaldo de buena parte de la izquierda europea. En España, formaciones como PSOE y Sumar han defendido reiteradamente elevar la tributación sobre las grandes fortunas y avanzar hacia una mayor coordinación fiscal internacional, una idea que conecta con el plan elaborado por Zucman que ha presentado Lula da Silva en el marco de la presidencia brasileña del G20.

Sin embargo, un informe elaborado por EY para Tholos Foundation y Americans for Tax Reform concluye que dicha medida tendría importantes costes económicos. El estudio analiza los efectos de implantar un estándar mínimo global que obligaría a los multimillonarios a tributar al menos un 2% anual sobre su patrimonio, independientemente del país donde residan.

La propuesta afectaría a todos los individuos con un patrimonio superior a 1.000 millones de dólares. Según el informe, en enero de 2026 existían aproximadamente 3.200 multimillonarios en todo el mundo, con una riqueza conjunta cercana a 18,8 billones de dólares, concentrándose más del 60% de ese patrimonio entre Estados Unidos, China e India.

El diseño del impuesto consiste en que aquellos multimillonarios que ya soportan una carga fiscal equivalente al 2% de su patrimonio no pagarían más, mientras que quienes tributen por debajo de ese umbral deberían abonar la diferencia. El modelo contempla distintas fórmulas para alcanzar ese objetivo, incluyendo impuestos sobre el patrimonio, rentas presuntas o gravámenes sobre plusvalías no realizadas.

Los autores sostienen que un gravamen de estas características elevaría el coste del capital, reduciría la rentabilidad de las inversiones y frenaría la acumulación de capital productivo. Como consecuencia, disminuiría la productividad de los trabajadores, se ralentizaría el crecimiento económico y caerían tanto los salarios como el empleo.

Un efecto desastroso

El informe plantea dos escenarios. El primero asume que solo un 10% de la base imponible logra escapar del impuesto mediante planificación fiscal o cambios de residencia. El segundo contempla un supuesto mucho más pesimista, con una evasión o elusión del 50% de la base potencial.

En el escenario de menor evasión, el impacto sería especialmente severo. El PIB mundial se reduciría en torno a 80.000 millones de dólares al año durante la primera década, cifra que ascendería hasta 120.000 millones anuales una vez la economía absorbiera plenamente los efectos del nuevo gravamen.

El mercado laboral también sufriría un deterioro considerable. EY estima que el empleo mundial disminuiría en torno a 2 millones de puestos de trabajo durante los diez primeros años de aplicación del impuesto y que, incluso a largo plazo, seguirían desapareciendo alrededor de 1,7 millones de empleos respecto al escenario sin esta medida.

La pérdida de actividad económica también terminaría afectando a los trabajadores. Según las estimaciones del informe, las rentas laborales caerían alrededor de 10.000 millones de dólares anuales durante la primera década, ampliándose posteriormente hasta unos 50.000 millones de dólares menos cada año.

Incluso bajo el escenario más favorable para los defensores del impuesto —aquel en el que la evasión fiscal alcanza el 50% y, por tanto, el impacto efectivo del gravamen es menor—, la economía mundial seguiría registrando una pérdida de 45.000 millones de dólares de PIB al año, alrededor de 1,1 millones de empleos menos y una reducción de 5.000 millones de dólares en las rentas laborales durante la primera década.

Un efecto muy negativo

El estudio también recuerda que este tipo de impuesto carece de precedentes internacionales y advierte de importantes dificultades para su aplicación práctica, entre ellas la valoración de activos ilíquidos, el intercambio de información entre administraciones tributarias y la coordinación efectiva entre jurisdicciones. Asimismo, recuerda que la propia OCDE ha documentado cómo la mayoría de los países que aplicaban impuestos recurrentes sobre el patrimonio terminaron suprimiéndolos por problemas de evasión, elevados costes administrativos y escasa eficacia redistributiva.

Los autores concluyen que cualquier estimación depende de múltiples hipótesis y reconocen que el efecto final variará según el grado de participación internacional o el destino que se dé a la recaudación obtenida. Aun así, el informe sostiene que, bajo todas las simulaciones realizadas, la implantación de un impuesto mínimo global sobre las grandes fortunas tendría un efecto negativo sobre la inversión, el crecimiento económico, el empleo y los salarios a escala mundial.

Este artículo fue publicado originalmente en Libertad Digital (España) el 31 de agosto de 2026.