El gobierno y el ciudadano indefenso

La gente a menudo cree que el gobierno está del lado del chiquito, protegiéndolo contra el grande y el poderoso. Eso es lo que se oye en las escuelas y universidades, pero veamos algunos ejemplos de la realidad.

Los entierros resultan tan costosos que dos pastores protestantes negros en Tennessee, Craigmiles y Wilson, abrieron un local para vender urnas a sus feligreses a precios módicos. El margen de ganancias en las urnas que venden las empresas funerarias varían entre 200% y 300%. Es decir, las venden al doble o triple de su costo. Craigmiles y Wilson tenían una ganancia razonable para su iglesia y, al mismo tiempo, beneficiaban a sus feligreses con precios bajos, pero la oficina estatal que supervisa las funerarias les cerró el negocio y los amenazó con multa y prisión si persistían en vender urnas sin tener una licencia de director de funerarias.

Para poder vender urnas en Tennessee, los pastores Craigmiles y Wilson tendrían que gastar miles de dólares asistiendo a una academia para aprender sobre funerales y preparar los cuerpos para ser enterrados. Pero ellos sólo trataban de vender las urnas.

Entonces apareció el Institute for Justice, una organización privada basada en Washington que es la única en este país dedicada a defender el derecho de los ciudadanos a ganarse la vida. Bajo la guía de Chip Mellor y Clint Bolick, el Institute for Justice demandó al estado de Tennessee, acusando al estado que las licencias constituyen una violación de la Enmienda 14 de la Constitución. Poco después, el tribunal federal sentenció que el estatuto estatal es inconstitucional.

Uno no tiene que ser científico nuclear para darse cuenta del propósito de tales licencias. Son para restringir la competencia, de manera que las empresas funerarias puedan cobrar precios exorbitantes por las urnas o, como lo sostiene con humor el Institute for Justice, "para proteger al público de precios bajos".

Existen cientos de estatutos que dificultan la competencia en precios, en beneficio de los que ya están en el negocio. Para operar un taxi en la ciudad de Nueva York se requiere una plaquita, cuyo número ha estado limitado por muchos años y, como consecuencia de ello, se pagan hasta 160.000 dólares por la compra de esa plaquita, diez veces o más de lo que cuesta el taxi en sí. Las licencias de este tipo le impiden a la gente ofrecer servicios de todo tipo, desde transporte hasta lustrar zapatos.

Usted pensaría que los campeones que salen a defender a los chiquitos son las instituciones como la División Antimonopolios del Departamento de Justicia o el Partido Demócrata o los líderes políticos de las minorías negras y latinas. No es así. Esos suelen estar del lado de los intereses creados.

El Institute for Justice, por el contrario, ha lanzado el guante en su lucha en contra de las restricciones al derecho individual de ganarse honestamente la vida. Y ahora patrocina una clínica de libre iniciativa en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago, con dos propósitos: ayudar a los empresarios potenciales en los barrios pobres de la ciudad a lidiar con las licencias y demás restricciones impuestas por la burocracia reguladora, a la vez que ofrece experiencia práctica a los estudiantes de derecho.

El Institute for Justice merece nuestro apoyo en su lucha por la libertad económica de gente que no logra progresar porque los intereses creados, con el apoyo de burócratas y políticos, les cierran las puertas con regulaciones diseñadas para evitar el libre ingreso y la libre competencia.©

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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