El derecho a fumar y el estado terapéutico

Por Lorenzo Bernaldo de Quirós

En España, el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, el órgano que coordina la sanidad pública a escala estatal, acaba de aprobar el Plan Nacional de Prevención del Tabaquismo para el período 2003-2007. En la práctica se trata de dar una vuelta más a la tuerca de la política destinada a erradicar por la fuerza el consumo de tabaco. Papá Estado asume la tutela de unos consumidores a los que trata como menores de edad al considerarles incapaces de tomar decisiones racionales sobre sus hábitos de consumo. Esta actuación "benéfica" del Estado Terapéutico tiene implicaciones mucho más importantes de lo que parece. Con independencia de los daños causados a una industria, la tabaquera, que proporciona miles de puestos de trabajo y cientos de millones de euros a las arcas públicas, la campaña antitabaco es una muestra más de la propensión de los poderes públicos a reducir la libertad de las personas, eso sí, por su bien.

De entrada, las restricciones impuestas a la libertad de elegir de los individuos en nombre de la salud ofrecen un campo infinito para extender la intervención pública. ¿Por qué limitarse al tabaco o al alcohol? El consumo excesivo de café, de carne roja, de comida rápida, de azúcar o actividades como el conducir, hacer deporte y un sin fin más de actividades humanas pueden ser peligrosas para la salud e imponer costes a terceros. Ante este aterrador panorama, los miembros del Consejo Interterritorial de Salud deberían hacer algo para protegernos de nosotros mismos, de nuestra al parecer incorregible tendencia al suicidio. Estas afirmaciones quizá parezcan excesos retóricos pero no lo son a la vista de la experiencia reciente. En los países industrializados, la obsesión gubernamental de conservarnos sanos a toda costa amenaza convertir nuestras sociedades en una feliz granja "orweliana". Cuando se permite a los burócratas decidir qué productos es posible consumir y en qué condiciones, la pérdida de libertad personal es inevitable.

Se está construyendo una sociedad basada en la falsa premisa, según la cual si X es una causa eficiente o remota de la muerte, entonces X es una enfermedad, un problema de salud pública cuya prevención y tratamiento justifica una reducción de la esfera de autonomía individual. En la mayoría de los casos, este enfoque supone un grave deterioro del principal fundamento de una sociedad abierta: las personas son responsables de los actos libremente realizados. La erosión de este criterio permite a la gente liberarse de los efectos no deseados de sus propias acciones y a los gobiernos extender su campo de intervención. En el pasado, los políticos aumentaban su poder mediante la declaración de situaciones de emergencia. Ahora cada vez más, la salud pública es el pretexto para conseguir ese objetivo. La declaración de un estado de emergencia nacional ante el aumento de la obesidad en Estados Unidos, del consumo de bebidas alcohólicas por los jóvenes, etc., permiten al Estado oprimirnos cada vez más en nombre de un mundo feliz. La utopía colectivista del siglo XXI no conduce al gulag, sino a una sociedad de gente sana, guapa y delgada que ha renunciado a tomar las decisiones básicas de su vida. Entre el Estado de Bienestar y el Estado Terapéutico, la amenaza para la libertad en Occidente es clara.

Por otra parte, una sociedad libre supone el respeto del derecho de propiedad, lo que implica la facultad de excluir a otros del uso y disfrute de aquello que se posee. Desde esta óptica, extender a lugares "públicos" como los bares, los restaurantes, los cines, los centros comerciales, las oficinas y un largo etcétera de posibles escenarios, la prohibición y/o las regulaciones restrictivas sobre el consumo de tabaco equivale de facto a la socialización de la propiedad e impide a sus legítimos dueños responder a las demandas diversas de los consumidores. Ambas restricciones resultan inaceptables. Los dueños de locales u establecimientos privados, cualquiera que sea su actividad, deben tener la libertad de permitir o prohibir fumar dentro de ellos y asumir los costes o los beneficios derivados esa decisión. Esta es una cuestión elemental, olvidada casi siempre por los apóstoles de la prohibición.

La actitud intervensionista de las administraciones públicas es además incoherente. A estas alturas, nadie puede argüir que los consumidores ignoran los riesgos para la salud derivados de un uso abusivo del tabaco. Durante las últimas dos décadas, la prensa, las administraciones, muchas organizaciones sociales y la propia publicidad de la industria tabaquera han bombardeado a los ciudadanos con los peligros que supone fumar. En este contexto, las prohibiciones son una negativa de la mayoría de edad del ciudadano-consumidor, lo que plantea una pregunta inquietante: ¿Tienen los poderes públicos derecho a decidir si las personas son o no capaces de tomar decisiones libres y responsables? Si la respuesta es negativa, las políticas prohibicionistas carecen de base. Si es positiva, el terreno para recortar la capacidad de los individuos de gobernar su propia vida es de una extensión estremecedora. Y no se engañen. Este es el punto esencial sobre el derecho a fumar.

¿Qué pasa con los denominados fumadores pasivos? ¿Habrá que respetar también su derecho a no ser "contaminados"? La respuesta es positiva, pero asumir esa hipótesis no hace la regulación ni conveniente ni necesaria. El mercado proporciona los incentivos necesarios para satisfacer las preferencias de todos los consumidores sin que el Estado tenga que intervenir. Habrá cines, restaurantes, centros comerciales, líneas aéreas, etc., para fumadores y otros para no fumadores y el equilibrio entre unos y otros dependerá de la intensidad de la demanda tanto como de la calidad de la oferta. El argumento de los costes externos puede aplicarse, si se lleva a sus últimas consecuencias lógicas, a todo y a todos, en defensa de la intervención pública universal. Un simple paseo por la calle nos hace soportar costos externos "intolerables", según nuestras preferencias subjetivas: el olor de la cocina de un restaurante, el olor desagradable de un perfume barato, la risa molesta de los niños... Los ejemplos podrían multiplicarse. Pero es que, además, en el caso que nos ocupa, la evidencia empírica disponible muestra que los riesgos afrontados por los fumadores pasivos son escasos y, por regla general, irrelevantes (Ver Robert J.Barro, The Power of Economic Reasoning, pp.143-149, MIT, 1996). En todo caso, esa no es la cuestión. Lo tolerante y sensato es respetar a los dos bandos en litigio, permitir que sus aspiraciones se materialicen con independencia de cual sea mayoritario en un momento dado.

En suma, el Plan aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud es una expresión más de la prepotencia y/o ignorancia de los políticos cuando creen saber mejor que los ciudadanos lo que conviene a éstos. Este enfoque es, como diría F. A. Hayek, un ejercicio de arrogancia fatal y supone una inaceptable restricción del derecho de las personas a vivir como lo deseen sin violar la libertad de los otros.