El debate sobre la venta de vacunas del COVID-19

Manuel Sánchez González recomienda que el gobierno mexicano flexibilice los requisitos para permitir la provisión privada de vacunas contra el coronavirus, lo cual no obstaculizaría el programa estatal de vacunación sino lo complementaría y al mismo tiempo aliviaría las finanzas públicas.

Por Manuel Sánchez González

Después de casi un año de pruebas, finalmente el mundo cuenta con vacunas seguras y efectivas contra el COVID-19. Con un elevado grado de confianza, incluso superior, por ejemplo, al de las vacunas de la influenza estacional, su aplicación evita la enfermedad y, en el caso de contraerla, aminora su severidad. 

La mala noticia es que la campaña de vacunaciones contra el coronavirus en México luce insuficiente y lenta. De acuerdo con información pública, el número de dosis prometidas por los productores resulta inferior al necesario para vacunar a la población del país. 

Además, si bien se desconocen los términos de los contratos con los fabricantes, es claro que la promesa de entrega no significa el suministro próximo, el cual, entre otros factores, obedece a la capacidad de producción y las prelaciones comprometidas con otras naciones. 

Asimismo, el programa de vacunación anunciado en diciembre pasado por las autoridades, e iniciado ese mes, se extenderá hasta marzo de 2022. Sin embargo, es muy probable que se atrase.

Una fuente importante de posibles escollos a la distribución expedita de las inoculaciones es su concentración en el gobierno. Las limitaciones de personal y de infraestructura de las instituciones de salud pública necesariamente dificultarán la aplicación masiva de las vacunas. 

Estos obstáculos son lamentables si se tiene en cuenta que el país exhibe un número alto y creciente de casos confirmados de contagio y, lo que es más preocupante, una de las tasas de letalidad más elevadas del mundo. 

El acceso pausado de vacunas contra el coronavirus puede implicar un inmenso costo en términos de deterioro generalizado de salud y pérdida de vidas humanas. Al mismo tiempo, pueden agudizarse las necesidades de suspender las actividades económicas “no esenciales”, con un mayor menoscabo del ingreso y un agravamiento de la pobreza

Para amortiguar estos problemas, el gobierno podría buscar expandir los compromisos de entrega de vacunas. Al parecer, México se ha inclinado por “asegurar” solo productos que actualmente se encuentran en la fase más avanzada de ensayos. Una alternativa, seguida por muchos países desarrollados, sería ampliar el espectro de suministros esperables con preparados en fases inferiores, esperando que la conclusión de las pruebas sea exitosa.

Una medida adicional, aún más a la mano, consistiría en la incorporación de proveedores de salud privados, como clínicas y hospitales, en la distribución de vacunas. Ello contribuiría a acelerar la campaña de vacunación, aumentando el alcance geográfico, lo cual probablemente redundaría en un mejor servicio. 

Las restricciones del programa gubernamental han suscitado el debate sobre si debiera permitirse la venta privada de estos medicamentos al público. Esta discusión resultaría irrelevante si no fuera porque, a nivel global, la demanda potencial de vacunas supera con creces su oferta y los gobiernos han monopolizado su adquisición.

Lo anterior ha sido posible porque las autoridades regulatorias en cualquier país son las encargadas de aprobar el uso de las vacunas y, por ende, pueden constituirse en compradores prioritarios. Algunos de los gobiernos han utilizado, además, el hecho de que han coinvertido en el desarrollo de los productos. 

Uno de los efectos indeseados de esta centralización ha sido la limitación de la oferta de vacunas. En particular, las farmacéuticas y los laboratorios han enfrentado excesivas trabas burocráticas que han prolongado las pruebas, aparentemente sin necesidad, en detrimento de la innovación. Asimismo, al controlar la compra, los gobiernos han mantenido artificialmente bajos los precios, lo que ha debilitado los incentivos para ampliar la capacidad productiva.

La simplificación de requisitos regulatorios, así como la apertura del mercado mundial de vacunas, podría impulsar su oferta con grandes beneficios para la humanidad. En este entorno, los gobiernos podrían mantener su papel de provisión “gratuita”, al tiempo que las empresas privadas podrían venderlas libremente a quienes las demanden.

Dadas las enormes necesidades de vacunación, es probable que algunos gobiernos se vean rebasados por motivos logísticos o presupuestales. Tal vez, una consideración semejante haya influido en el reciente anuncio de India de que próximamente se venderá al público una vacuna contra el COVID-19 producida en ese país. 

México debería considerar flexibilizar los requisitos para permitir la provisión privada de vacunas contra el coronavirus, como ocurre con las asociadas a otros padecimientos. Ello no obstaculizaría, sino que complementaría el programa de vacunación gubernamental, al tiempo que aligeraría la carga sobre las finanzas públicas.

Este artículo fue publicado originalmente en El Financiero (México) el 6 de enero de 2021.