EE.UU.: Los 10.000 mandamientos del gobierno

Por Clyde Wayne Crews Jr.

El presidente Bush y el Congreso tienen que rendir cuentas sobre el presupuesto gastado, pero ¿quién responde por los 860.000 millones de dólares (8% del PIB) que nos cuestan las regulaciones federales?

El 8 de julio publicamos el examen anual (Los 10.000 Mandamientos), demostrando que el costo de las regulaciones equivale ya a un tercio del presupuesto nacional y sobrepasa las utilidades antes de impuestos de todas las empresas de Estados Unidos, que suman 699.000 millones de dólares. Que esto no causa ira y furor entre los ciudadanos se debe a que el costo de las regulaciones suele estar escondido en los precios que pagamos por los productos y servicios que adquirimos.

En la situación económica actual, resulta imperativo enfocar y controlar al desbocado estado regulador.

El Registro Federal, donde las nuevas regulaciones se publican a diario, alcanzó un nuevo récord de 75.606 páginas en el último año. Para tener una idea de la proliferación de regulaciones, el Registro Federal contaba con 9.562 páginas en 1950, 20.036 páginas en 1970 y 49.795 páginas en 1990. Cinco dependencias estatales son responsables de más de la mitad de ese torrente de regulaciones: la Agencia de Protección del Ambiente, el Departamento del Transporte, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Agricultura y el Departamento del Interior. Este último, en Estados Unidos, se ocupa de la administración de los parques nacionales.

Muchos reglamentos tienen buenas intenciones y muchos otros son cuestionables, pero lo grave es la poca conexión de los votantes en las elecciones con quienes imponen las regulaciones. El Congreso se apropia del crédito cuando las regulaciones son populares, pero culpa a las dependencias gubernamentales del alto costo. Habría que eliminar las regulaciones ineficientes y hacer transparente el costo de todas las demás.

Para comenzar, el Congreso debe exigir a la Oficina de Administración del Presupuesto la instrumentación de reglas para eliminar regulaciones cada año y fijarles fecha de desaparición a menos que se compruebe su vigencia. En algún momento será necesario exigir a cada dependencia oficial que antes de la aprobación de cualquier nueva regulación deberá compensar su costo a la ciudadanía con la eliminación de alguna otra regulación que ya no se necesite.

Hay que eliminar la práctica de regulación sin representación. Es decir, los ciudadanos no tenemos voz ni voto en cuanto a las regulaciones que los burócratas nos imponen. Según el primer artículo de la Constitución, el poder legislativo está exclusivamente en manos del Congreso y las regulaciones debieran ser examinadas y votadas por nuestros legisladores, quienes sí están sujetos a nuestra aprobación o rechazo en cada elección. Si el Congreso considera que los beneficios de cada regulación son mayores que su costo debe decidirlo y rendir cuentas a la ciudadanía.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
© Todos los derechos reservados. Para mayor información dirigirse a: AIPEnet