EE.UU.: Conservadores leninistas

Ted Galen Carpenter considera que desde hace varias décadas muchos conservadores estadounidenses han ido adoptando el pragmatismo de Lenin: el fin justifica los medios (aunque estos últimos sean ilegales o inmorales).

Por Ted Galen Carpenter

Una larga tradición del pensamiento conservador occidental ha sido el énfasis en el Estado de Derecho. Generaciones más jóvenes comprendieron que, sin tales limitaciones, la libertad correría peligro y una sociedad libre últimamente derivaría en una tiranía. Como Lord Acton dijo, “El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Incluso durante el siglo XX, gran parte de los conservadores desconfiaban del pragmatismo sin límites y veían con horror la aseveración de Vladimir Lenin y sus seguidores comunistas de que el fin justifica los medios. En cambio, los conservadores enfatizaban que incluso cuando los objetivos valían la pena, el uso de medios inconstitucionales e ilegales o inmorales no estaba justificado.

En los últimos años, no obstante, un preocupante número de importantes figuras de la derecha política aparentemente han abandonado ese estándar, especialmente con respecto a los asuntos de seguridad nacional. De hecho, su único principio parece ser el de si la iniciativa “funciona”, en el sentido de producir un resultado deseado. Si la iniciativa viola estándares constitucionales o morales fundamentales es visto como algo irrelevante y, francamente, como una consideración algo anticuada. Al adoptar el pragmatismo sin límites, estos individuos han llegado a estar peligrosamente cerca de ser conservadores leninistas.

Muestras de tales actitudes empezaron a aparecer durante la Guerra Fría y estuvieron entre las razones por las cuales yo me salí de organizaciones como Jóvenes Americanos por la Libertad, los Jóvenes Republicanos y otras organizaciones conservadoras. Cada vez más, escuché el argumento de que, porque EE.UU. se enfrentaba a un adversario peligroso, sin piedad y malvado, nuestro país no podía ser asqueado por las tácticas utilizadas para detener la amenaza. Las políticas que los funcionarios estadounidenses implementaron reflejaron una voluntad de dejar a un lado las consideraciones morales y legales para lograr el objetivo general. Los cínicos golpes militares que la administración de Eisenhower ejecutó para descabezar gobiernos democráticos, aunque hayan sido de izquierda, en Irán y Guatemala fueron manifestaciones internacionales de esta actitud. También lo fueron los programas de ayuda externa militar y económica a algunos de los más odiosos dictadores del planeta, incluyendo a Mobutu Sese Seko en Zaire, el shah de Irán, Anastasio Somoza de Nicaragua, y Ferdinand Marcos en las Filipinas. A nivel doméstico, gran parte de los conservadores parecían cómodos con programas estatales que espiaban e incluso fastidiaban a los críticos de la política exterior estadounidense.

Esa tendencia de ignorar las consideraciones legales y morales ha vuelto a surgir y se ha vuelto todavía más virulenta en los círculos políticos conservadores y sus políticas públicas con respecto a las medidas contra el terrorismo desde que ocurrieron los ataques del 11 de septiembre. En una serie de memos al Presidente (el más notorio es aquel enviado el 1 de agosto de 2002, “el memo de la tortura”) los académicos legales conservadores John Yoo y Jay Bybee, en ese entonces abogados para el Departamento de Justicia, hicieron aseveraciones sorprendentes acerca de la autoridad presidencial para librar “La Guerra contra el Terrorismo”. Entre otros argumentos, Yoo y Bybee sostenían que “las técnicas especiales de interrogación” (un término que fue poco más que un eufemismo para la tortura) no estaban prohibidas por la Constitución estadounidense, los tratados que EE.UU. había firmado ni cualquier estatuto federal. De hecho, cualquier acto del Congreso que pretendía limitar el poder del presidente en esa área sería inválido.

Todavía de mayor envergadura, Yoo y Bybee adoptaron una interpretación impresionante del poder presidencial en el área de la seguridad nacional. Entre otros pasos, ellos argumentaban, que el Presidente podía ordenar la detención indefinida de cualquier terrorista sospechoso —incluso de un ciudadano estadounidense arrestado en territorio estadounidense— sin un juicio y sin una audiencia para exponer evidencias.

Qué tan lejos John Yoo estaba dispuesto a llegar en colocar al Presidente más allá de cualquier límite legal se volvió evidente en un debate de diciembre de 2005 con un crítico de las políticas de la administración de Bush. Cuando le preguntaron si un Presidente podía ordenar que los testículos del hijo de un sospechoso de terrorismo sean machacados para poder presionar al padre, Yoo, sorprendentemente, se negó a condenar tal idea tan extrema como algo legal y moralmente ofensivo. Contestó, “Creo que depende de por qué el Presidente piensa que necesita hacer eso”.

La administración de Bush buscó poner en práctica muchas de las recomendaciones de los memos de Yoo-Bybee. Esto es problemático por varias razones. Los Acuerdos de Génova prohíben no solamente la tortura sino, igualmente en términos categóricos, el uso de “violencia”, “tratamiento cruel”, e incluso “tratamiento humillante o degradante” de los detenidos. Además, la Ley de Crímenes de Guerra de 1996 hizo de cualquier violación grave de estas prohibiciones un crimen federal. Varias de las técnicas de interrogación que la administración de Bush aprobó, principalmente aquella de sumergir en agua al detenido o de privación extendida de sueño, eran violaciones claras. El memo de agosto de 2002 incluso aprobaba cualquier técnica especial de interrogación de la CIA que no derivase en el fracaso de un órgano y otros daños físicos severos y permanentes.

David Addington, al asesor general de la Oficina de la Vice Presidencia de Dick Cheney, le molestaban las restricciones legales porque en su opinión estas dificultarían los esfuerzos para “rápidamente obtener información de los terroristas capturados”. Addington respaldó firmemente la aseveración más radical del memo de agosto de 2002: que el Presidente podía autorizar cualquier método de interrogación. Los tratados e incluso las leyes estadounidenses que prohibían que “cualquier persona” torture simplemente “no se aplicaban” al mandatario, argumentó.

En un discurso de mayo de 2009 frente al American Enterprise Institute, Cheney respaldó tal razonamiento y defendió con vehemencia el récord de la administración de Bush basándose en el pragmatismo: “En los años después del 11 de septiembre, nuestro gobierno entendió que la seguridad del país dependía de recolectar información conocida solamente por los peores terroristas”. Y en algunos casos, “esa información podía ser obtenida solamente a través de interrogaciones severas”. Los oficiales de inteligencia “quienes cuestionaron a los terroristas, pueden estar orgullosos de su trabajo y de sus resultados, porque ellos han prevenido la muerte violenta de miles, si no cientos de miles, de personas inocentes”. Una aseveración fuerte, y una que el anterior director de la CIA George Tenet había hecho antes: “Sé que este programa ha salvado vidas. Sé que hemos perturbado complots”.

La actitud descalificadora de Cheney hacia la crítica de las políticas basadas en principios morales o legales fue especialmente preocupante. El contó que un operativo de alto nivel de Al Qaeda había dicho que hablaría tan pronto como llegase a EE.UU. y viese a su abogado. “Pero como muchos críticos de las interrogaciones”, se jactó Cheney, “era evidente que él malinterpretó lo que estaba pasando. El personal estadounidense no estaban ahí para empezar o elaborar un proceso legal, sino para extraer información de él antes de que Al Qaeda pudiera atacar nuevamente y matar a más de nuestros ciudadanos”.

Otras figuras conservadores hicieron eco de la condena de Cheney a las medidas de la administración de Obama para investigar si se habían cometido abusos ilegales a los detenidos. El líder Republicano del Congreso John Boehner dijo, “Nuestros profesionales de  inteligencia han hecho un maravilloso trabajo de mantenernos seguros. Enfrentados amenazas nunca antes vistas en nuestra historia, ellos han provisto a nuestras tropas con información crucial que necesitaban para combatir con nuestros enemigos en el extranjero y proteger nuestros ciudadanos en casa. Se merecen nuestro agradecimiento…”

El líder Repubicano del Senado Mitch McConnell fue incluso más concreto: “Creo que es importante acordarnos que desde el 11 de septiembre hasta el final de la administración de Bush, no hubo ni un solo ataque más en territorio estadounidense. Obviamente estábamos haciendo algo bien”.

Comentaristas conservadores, de igual manera, se alinearon detrás de la idea de que era anti-patriótico el simple hecho de proponer una investigación acerca de si los empleados del gobierno pudieron haber violado la ley y cometido actos de tortura. El columnista Cal Thomas argumentó que la estrategia de la administración de Bush claramente había sido exitosa y ridiculizó a Obama y otros, quienes se preocupaban de que la estrategia pudo haber violado principios estadounidenses fundamentales. “La historia mostrará que esta estrategia protegió nuestros ‘valores’ en contra de aquellos que los destruirían”. Reuel Marc Gerecht del American Enterprise Institute, sin embargo, adoptó la defensa más claramente leninista de todas. Escribiendo para el Wall Street Journal él dijo, "Sin importar si uno cree que la CIA realizó interrogaciones con sumergimiento en el agua, privación de sueño o coerción psicológica severa (sugiriendo que se perjudicaría a un miembro familiar del supuesto detenido de Al Qaeda) constituyen tortura, tales acciones puede que hayan producido una bonanza de inteligencia que salvó miles de vidas”.

Una característica sorprendente que Cheney y sus aliados ideológicos han expuesto, es la evasión de cualquier discusión seria acerca de si las medidas fueron ilegales y/o inmorales. Además, casi no hay voluntad de discutir el hecho de que al menos algunos de los acusados de terrorismo detenidos en el centro de detenciones de la Bahía de Guantánamo y otras instalaciones en el extranjero eran inocentes. De hecho, el término “acusados de terrorismo” nunca es utilizado. Los partidarios de las técnicas especiales de interrogación invariablemente describen a los detenidos como “terroristas capturados” o simplemente “terroristas”, como si la culpa de cada uno de los individuos estuviese confirmada.

Pero esa noción desafía la credulidad. Hubo varios miles de personas capturadas en Afganistán, Irak y otros lugares. El centro de Guantánamo llegó a tener 775 detenidos y muchos más fueron detenidos en Abu Ghraid y varios “sitios negros” de la CIA en el extranjero. Incluso asumiendo que la CIA, la FBI y el personal militar fueron escrupulosos en tratar de establecer la culpa de los individuos que ellos capturaban, es una certeza que algunas personas inocentes fueron atrapadas en esta búsqueda. De hecho, dadas las amargas rivalidades entre los clanes y tribus en Afganistán y la igualmente amarga animosidad entre los chiítas y los kurdos en Irak, es altamente probable que un considerable número de las partes fueron acusados por enemigos personales o ideológicos, aún cuando no tenían conexión alguna con Al Qaeda.

Es suficientemente difícil aceptar la realidad de que el personal estadounidense cometió actos de tortura, incluso en contra de verdaderos terroristas. Pero es terrible que algunas personas privadas de su libertad por meses, y en algunos casos años, sin un juicio —y sometidos a torturas— fueran en realidad inocentes. Aún así aproximadamente 50 por ciento de los detenidos por las fuerzas armadas estadounidenses en Abu Ghraib fueron últimamente liberados sin que se les haya seguido una investigación. Varios detenidos de Guantánamo de igual manera han sido liberados silenciosamente. En ambos casos, la admisión implícita es que ellos no eran terroristas.

La defensa de que “el fin justifica los medios” de la estrategia de la Guerra contra el Terrorismo de la administración de Bush, demuestra ser errada incluso bajo sus propios objetivos. Contraria a la aseveración por sus partidarios de las técnicas especiales de interrogación, hay serias dudas acerca de su efectividad. En su discurso en el American Enterprise Institute, así como en muchas otras ocasiones, Cheney no pudo proveer detalles específicos acerca de los ataques terroristas que fueron evitados ni ofrecer evidencia alguna de que esas técnicas salvaron miles ni mucho menos cientos de miles de vidas.

Además, varios anteriores funcionarios con experiencia en interrogación han cuestionado las aseveraciones de que cantidades considerables de información valiosa era obtenida. Incluso la validez de la información provista por el operativo de alto nivel de Al Qaeda Khalid Sheikh Mohammed, el verdadero caso ejemplar de la efectividad de las torturas, está en duda ahora. Como lo reportó Vanity Fair, un anterior oficial de la CIA, quien leyó todos los reportes de las interrogaciones de Khalid Sheikh Mohammed, concluyó que “90 por ciento de todo fueron mentiras de mie-da”. El ex oficial de la CIA Robert Baer dice algo que es obvio, que “usted puede conseguir que cualquiera confiese a cualquier cosa si la tortura es suficientemente mala”.

Peor aún, hay indicios de que tales tácticas duras han agravado la amenaza del terrorismo. Matthew Alexander, el interrogador principal en Irak del grupo encargado de encontrar a Abu Musab al-Zarqawi, hizo la observación más seria en The Daily Beast:

“Escuché una y otra vez a los combatientes extranjeros capturados citando la tortura en Abu Ghraib y Guantánamo como su principal razón para venir a Irak a pelear. Considere que 90 por ciento de los bomberos suicidas en Irak son esos luchadores extranjeros y usted puede fácilmente concluir que hemos perdido cientos, sino miles de estadounidenses gracias a nuestra política de tortura y abuso”.

Afortunadamente, no todos los conservadores han caído en la tentación de desconocer los límites morales y legales bajo la premisa de que el terrorismo representa una amenaza seria al bienestar de los estadounidenses. Testificando ante el Comité del Congreso sobre Servicios Armados, el anterior funcionario del Departamento de Estado, William H. Taft IV, nieto de Robert A. Taft, una importante figura política conservadora de su era, recordó la importancia de adherirse a los principios durante tiempo problemáticos: “Es cuando estamos encolerizados—cuando nuestra sangre hierve—que más necesitamos adherirnos al Estado de Derecho como lo hemos establecido, no cambiarlo para que encaje a nuestra conveniencia”. Esa es una respuesta adecuada a Dick Cheney, John Yoo y otros conservadores que parecen estar muy dispuestos a adoptar tácticas leninistas.