Ecuador: La 'anticonstitución'

Por Gabriela Calderón de Burgos

Guayaquil, Ecuador— Desde que la Carta Magna se firmó en 1215 la tradición constitucionalista ha existido para limitar el poder. La importancia de esa tradición es que derivó en que todas las personas, inclusive los gobernantes, deben estar sometidos a la ley. Los socialistas del siglo XXI, al igual que los anteriores caudillos latinoamericanos, quieren invertir ese principio básico y someter la ley a los gobernantes de turno.

En Montecristi parece estarse preparando una “anticonstitución”, un documento que concentra el poder en lugar de limitarlo. El Mandato Constituyente No. 1 establece los plenos poderes y luego se contradice diciendo que garantizará el Estado de Derecho, estableciendo así una dictadura de los “iluminados” y el caudillo de turno. A menos de que estos hayan nacido con aureolas, los ecuatorianos no tenemos razón alguna para pensar que no abusarán de esa concentración de poder.

“Un gobierno de leyes, no de hombres” como decía la Carta de Derechos de 1780 del Estado de Massachusetts1 es un principio apreciado por personas de las más diversas ideologías políticas.

Después de que la Asamblea Constituyente, gracias a los votos de la mayoría oficial, se ha declarado estar por encima de toda ley (infalibles como el Papa), en Ecuador ya no podemos hablar de un Estado de Derecho, sino de un régimen autoritario. Lo preocupante es que, según CEDATOS, mientras que 59% de los ecuatorianos piensan que la AC asumió poderes dictatoriales, 62% aprueban la actuación de la AC.2 Es decir, muchos ecuatorianos saben que están viviendo en una dictadura y les agrada la idea.

Esto demuestra que la democracia debe estar sometida a ciertos principios básicos de convivencia y de una sociedad libre para evitar un régimen autoritario. Los principios básicos de un Estado de Derecho y por ende, una sociedad libre se pueden resumir así: (1) Las leyes deben aplicarse por igual a todas las personas, incluidos los gobernantes; (2) debe existir la separación de poderes para que el poder no sea abusado; (3) el organismo que crea las leyes debería ser distinto al que las administra; y (4) se necesita de una autoridad judicial independiente para garantizar la administración justa de las leyes.3 Solo así se puede garantizar la protección de las minorías y evitar el abuso de poder por parte de los gobernantes.

De manera que la actuación de la AC durante su primera semana de trabajo se opone totalmente a estos principios. La soberanía incontestable que se asignó así misma significa que corren peligro los derechos de ecuatorianos ordinarios como usted y yo.

Si los asambleístas quisieran aminorar el daño que le están haciendo al país en recursos y tiempo perdido, porque los pobres no van a vivir de la constitución nueva o de los mágicos decretos que salen de Ciudad Alfaro, podrían dejar de hacer teatro y aprobar la constitución sin discutir con una minoría que no necesitan para aprobar su ‘anticonstitución’.

El Estado de Derecho siempre ha sido débil en Ecuador. Los políticos que desde hace una década venían minándolo tienen parte de la culpa de que desde el 29 de noviembre ya no exista.

Si esa mayoría aplastante y el líder de esa mayoría no tienen conflictos éticos con asumir poderes dictatoriales en la AC pues para qué seguir presumiendo que lo que se busca es un cambio en democracia que incluya a todos.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 11 de diciembre de 2007.

Referencias:

1. “Ley y Constitución” en Boaz, David. Liberalismo, una aproximación. 2007. Editorial Gota a Gota, p. 179.

2. Informe de CEDATOS de una encuesta realizada entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2007.

3. Ibid., “Ley y Constitución”, p. 180.