Ecuador: Consejo de Regulación del Pan
Gabriela Calderón de Burgos afirma que "No debería sorprender que luego de un ataque sistemático contra los medios de comunicación privados durante más de 7 años, coronados con una ley tremendamente punitiva y sesgada en contra del periodismo independiente, no sea tan atractivo el negocio de la comunicación y veamos cada vez menos pluralismo en la prensa ecuatoriana".
Por Gabriela Calderón de Burgos
Uno no puede vivir, ni mucho menos lograr el “buen vivir” sin pan. Para vivir en democracia, un ciudadano antes de estar bien informado y de poder expresarse, tiene que estar bien alimentado, preferiblemente con un pan de buena calidad. Para asegurar esto, el derecho a la alimentación amparado en la Constitución no solo es el derecho a buscarla libre de la coerción de otros sino, últimamente, el derecho al pan concretamente. Y como dicen, si un derecho no es declarado servicio público, este no sería más que una declaración de papel.1 Para ser consecuentes con esta corriente de pensamiento, el gobierno debería crear una ley para regular la industria del pan (y muchas otras), evitando que esta esté “al servicio del capital” y logrando que los panaderos y demás empresarios involucrados en ella tengan responsabilidad ulterior y coadyuvante por sus actos.
Para empezar se crearían panaderías públicas con los hornos más modernos de Latinoamérica, que harían el pan más nutritivo que se le pueda imaginar al gobierno. Si después estas panaderías generan pérdidas porque a la gente resulta que prefiere pagar por otro tipo de pan, no importa. Tendrán el dinero de todos los ecuatorianos (vía impuestos y petróleo) para regalarlo y seguir operando las “Panaderías del Buen Vivir”.
El problema es que los irresponsables panaderos y molineros al servicio del capital, en su afán de lucrar, seguirán ofreciendo lo que a la gente le gusta. Para eso se crearía una Ley Orgánica del Pan (porque el pan más concordante con el buen vivir es aquel producido con trigo totalmente orgánico, por supuesto). Esta ley crearía un Consejo de Regulación del Pan y una Superintendencia del Pan. Además, exigiría que cada panadería y molino tenga en su lugar de trabajo un “Defensor del Consumidor de Pan” designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo destacado por su independencia del ejecutivo (¿?).
La ley también requeriría que no solo todos tengamos acceso al pan sino que todos los que tienen vocación de molineros y panaderos lo logren. De manera que la ley exigiría que mínimo un 80% del trigo utilizado para hacer pan en el país sea cultivado en Ecuador, desalentando así la importación de trigo más barato de otros países. Además, se promovería el talento y la cultura nacional exigiendo que al menos un 50% de los panes vendidos en las panaderías sean autóctonos, desalentando así la producción de croissants, donuts, y cualquier otra amenaza a la cultura nacional del pan.
¿Absurdo no? Afortunadamente no hemos llegado a esos extremos en la industria del pan. Lamentablemente, ya lo hicimos con la industria de la comunicación.1 No debería sorprender que luego de un ataque sistemático contra los medios de comunicación privados durante más de 7 años, coronados con una ley tremendamente punitiva y sesgada en contra del periodismo independiente, no sea tan atractivo el negocio de la comunicación y veamos cada vez menos pluralismo en la prensa ecuatoriana. Tampoco debería sorprender que los espacios para opinar libremente se vean reducidos ahora que el gobierno, mediante esta ley, ha descentralizado la censura previa, con eso de la “responsabilidad solidaria de los medios de comunicación”.
Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 19 de julio de 2013.
Referencias:
1 Jurado Vargas, Romel Gustavo. “Comunicación: derecho y servicio público”. El Universo. 11 de julio de 2013.
2 Ley Orgánica de Comunicación (Ecuador).