Dr. Samartino, víctima de represión política en Bolivia

Entrevista a Rodolfo Téllez, abogado del Dr. Amauris Samartino, anterior prisionero político de Bolivia

Entrevista a Rodolfo Téllez, abogado del Dr. Amauris Samartino, anterior prisionero político de Bolivia

1. La Constitución Política del Estado (C.P.E.) de Bolivia respeta la libertad de expresión. ¿Se aplica también esto cuando se trata de extranjeros como el Dr. Samartino? En caso de que si, ¿qué provisiones legales nacionales o internacionales respaldan esto?

Nuestra C.P.E. en su Art. 7º, inc. b) reconoce el derecho a la “Libertad de expresión”, como aquella facultad, potestad y capacidad que tiene toda persona (nacional o extranjera) para poder emitir libremente sus ideas, pensamientos u opiniones. Este derecho constitucional está ligado fundamentalmente con el derecho natural de las personas referidas a su libre comunicación e interrelación humana.

Para la C.P.E. la libertad de expresión es el pilar fundamental de la democracia en la que social y políticamente se permite la formación de la opinión pública y la formación educativa, por lo que se constituye en un factor importante de control social.

A pesar de ello, como todo texto constitucional, el Derecho limita la capacidad y potestad de emitir libremente cuando este derecho pueda lesionar ciertas categorías jurídicas establecidas en el propio ordenamiento legal.

Cuando nos preguntamos que si estos principios constitucionales se aplican al caso de Amauris Samartino, ciudadano cubano que llegó al país en calidad de refugiado político, y que posteriormente por decisión del propio gobierno boliviano adquirió el status migratorio de gozar la “permanencia indefinida”, está de más señalar que si se aplica al caso de referencia.

La propia C.P.E. y la Ley 2028 de “Ley de Municipalidades” reconoce a los ciudadanos extranjeros con residencia la calidad de “electores” en elecciones municipales, por tanto, existe un derecho consagrado de que un ciudadano extranjero con residencia indefinida en el país, al ser elector, puede participar en política interna para el ejercicio de ese derecho constitucional. Es el Art. 220 de la C.P.E. el que establece que pueden votar en las elecciones municipales y ello no podría ocurrir si no tuvieran potestad de opinar libremente y participar en marchas, manifestaciones u otros actos que denoten opinión política con el fin de favorecer a sus candidatos. Esto nos muestra que las acciones recurridas en contra de Amauris Samartino bajo el argumento de su participación en política interna, no han sido otra cosa más que acciones violatorias a los derechos fundamentales y garantías constitucionales.

2. ¿Cuáles fueron los cargos por los cuales se arrestó y encarceló al Dr. Samartino?

Amauris Samartino, víctima de una represión política digitada supuestamente por ciertos móviles políticos cubanos, fue sujeto a la aplicación ilegal y arbitraria de la resolución ministerial Nº 4213 de fecha 19 de septiembre de 2006. Esta resolución disponía revocar la permanencia indefinida de Amauris Samartino y su consiguiente expulsión del país dentro de las posteriores 48 horas de su legal notificación, por haber incursionado en actividades de política interna del país, incitando mediante varios medios de comunicación, principalmente televisivos, a la alteración del orden social y político, a la realización de manifestaciones públicas de carácter político y ofensivas a las instituciones y autoridades nacionales, lo que constituye suficiente causal para su expulsión del país, conforme al Art. 48 del D.S. 24423 del “Régimen Legal de Migración”.

Luego de más de 2 meses, el 8 de diciembre de 2006, a las 10:00 de la mañana, agentes del Ministerio de Gobierno procedieron a la arbitraria e indebida detención de Amauris Samartino para proceder a su expulsión de una forma inhumana y degradante.

3. ¿Cuáles fueron los argumentos legales presentados por las autoridades para defender sus acciones?

Las autoridades del Ministerio de Gobierno y del Servicio Nacional de Migración, constituidas en autoridades recurridas frente a nuestro hábeas corpus planteado en instancias jurisdiccionales presentaron como su única defensa técnica y material que la “Participación del ciudadano extranjero en la política interna del país” era una actitud penada por el Art. 48 del D.S. 24423 del “Régimen Legal de Migración”.

Estos fundamentos han sido ampliamente desvirtuados por la defensa técnica y material que nos tocó desarrollar en vista del proceso, ya que los alegatos demuestran la inconstitucionalidad del Art. 48 del D.S. 24423, declarado inconstitucional por la Sentencia Constitucional 004/2001.

Nuestra Defensa: No obstante de que la expulsión por sí sola, ya constituía una medida lesiva aún cuando no hubiesen ocurrido los hechos denunciados, lo más grave es que los recurridos al igual que los funcionarios que ejecutaron la orden, actuaron de forma totalmente apartada de los mandatos de la Constitución violándola de la forma más cruenta, puesto que ninguna parte de su texto el DS 24423, u otro cuerpo legal les faculta a arrestar, menos aprehender a un ciudadano objeto de expulsión y trasladarlo a otra ciudad sin su consentimiento y tenerlo detenido en un organismo competente para tener a personas aprehendidas por delitos de orden penal. Al haber actuado de esta forma, las autoridades recurridas desconocieron totalmente no sólo la Constitución en sus artículos 6.II, 7.g) y 9, sino todos los tratados de Derechos Humanos y en particular los relativos a los inmigrantes.

Lo que afirmamos está sustentado por la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional emergente precisamente de la interpretación de las normas previstas por el DS 24423, así la SC 1736/2003-R que a su vez recoge lo establecido en la SC 1513/2002-R y SC 1293/2002-R en sentido de que “el referido Decreto Supremo no autoriza en ningún momento a efectuar aprehensión alguna en contra de los extranjeros que presenten defectos en su documentación migratoria, o sea que, una vez emitida la orden de expulsión, se la debe ejecutar sin que el extranjero sujeto a esa decisión, pueda permanecer en el país, en calidad de detenido ni arrestado, salvo que se inicie investigación penal en su contra por algún delito que se le atribuya, en cuyo caso se lo deberá poner a disposición del Juez Cautelar para que determine lo que corresponda”.

Esta línea ha sido reiterada de manera contundente en la reciente emitida SC 1038/2006-R del 19 de octubre en la que el Tribunal Constitucional a tiempo de otorgar tutela establece: “(…) si bien la autoridades de migración tienen competencia para disponer la expulsión de extranjeros que incumplan con las leyes migratorias; sin embargo, esa facultad no les permite privar de libertad en forma indefinida a todo extranjero mientras se pretenda ejecutar la expulsión, como ha ocurrido en el caso de autos en el que los representados del recurrente permanecieron en dependencias de migración por más de cuarenta y ocho horas con custodia policial sin que su situación jurídica sea definida, es más, ante problemas de salud de dos de los representados, éstos fueron remitidos a una Clínica, pero con custodia policial, con el advertido de que según lo aseverado por la autoridad recién podrían ser deportados el 21 de septiembre de 2006, cuando este Tribunal ha establecido que las normas migratorias no autorizan a efectuar aprehensión alguna en contra de los extranjeros que presenten defectos en su documentación migratoria, toda vez que una vez emitida la orden de expulsión, se la debe ejecutar sin que el extranjero sujeto a esa decisión, pueda permanecer en el país, en calidad de detenido ni arrestado, salvo que se inicie investigación penal en su contra por algún delito que se le atribuya (…)”.

El fundamento aludido fue complementado de forma expresa y terminante en sentido de que los extranjeros, cuya expulsión sea ordenada, no sean mantenidos en aprehensión sino que permanezcan en libertad hasta ser expulsados, así en el AC 0048/2006-ECA que dice: “del contenido del memorial de solicitud de enmienda y complementación presentado por el recurrente, se evidencia que la Sentencia Constitucional cuestionada no ha sido comprendida a cabalidad en sus alcances y efectos, ni por las autoridades recurridas ni por el propio recurrente a efectos de lograr su cumplimiento, teniendo en cuenta que hasta la fecha, los representados del recurrente por una errónea comprensión de la misma continúan privados de su libertad; en cuyo mérito, es necesario volver a reiterar que los mandantes del recurrente no pueden permanecer privados de su libertad bajo ningún motivo, entre tanto, se efectivice la Resolución de deportación”.

Al final de esta motivación se dispuso: “se complementa la SC 1038/2006-R, disponiendo la inmediata libertad de los representados, entre tanto se realicen las acciones correspondientes para su deportación, una vez que la Resolución Administrativa RA 001/06, adquiera ejecutoria”.

Este criterio fue reiterado varias veces con anterioridad así la SC N° 233/01-R a tiempo de establecer la ilegalidad de la detención de una persona sometida a expulsión establecía lo siguiente:

“(…) las autoridades de Migración tienen como atribución, entre otras, el control de extranjeros que se encuentren en tránsito en el territorio nacional y de los que gocen de permanencia temporal o radicatoría, reconociéndose expresamente la facultad de expulsión cuando se den las condiciones señaladas por el art. 48 del D.S. Nº 24423 con excepción de la prevista por el inc. j) que ha sido declarado inconstitucional por este Tribunal mediante Sentencia Constitucional Nº 004/2001 de 5 de enero de 2001; sin embargo, no reconoce facultad para disponer la detención de persona alguna. (…) el Director Nacional de Inspectoría y Migración demandado al disponer la detención de la recurrente en celdas de la Policía en calidad de ‘depósito’ el día 21 de febrero del año en curso a hrs. 17:00, sin tener atribución para el efecto, vulneró lo dispuesto por el art. 9-I de la Constitución Política del Estado, sin que el hecho de que el haber dispuesto la libertad de la recurrente al día siguiente de conocer que la referida y su familia habían solicitado nuevamente Refugio enerve la ilegal actuación del demandado”.

En el caso Amauris, expresamente las autoridades señalan que no cometió ningún delito, sin embargo fue privado de su libertad de locomoción y luego de su libertad física, ya que la aprehensión fue sobrepasada a detención en la que se encuentra actualmente, pues ya lleva más de 18 días de detención y el hecho de que no continúe detenido en celdas policiales ni en dependencias de Migración sino en un hotel, no implica que no está detenido, ya que está sometido a vigilancia policial y no puede salir del mismo. Este extremo además ha sido claramente reconocido por la autoridad que presentó informe, pero no fue tomado en cuenta por el Juez del recurso, quien debió inmediatamente ordenar su libertad hasta que el gobierno boliviano ejecute la expulsión, tal como se ordenó en la SC 1038/2006-R.

Ahora bien, la autoridad recurrida como el Juez del Recurso de forma insólita aducen que no hubo restricción a los derechos bajo protección de este recurso porque no se trata de una detención sino de una aprehensión, lo que a todas luces sólo ha sido un eufemismo -para tratar de parapetar un acto descaradamente lesivo-, traído forzadamente seguramente porque la Constitución en el art. 18 no hace referencia a la aprehensión, y es cierto tampoco hace alusión al arresto o apremio; sin embargo esta falta de nominación en detalle de formas de privación de libertad no implica que no puedan ser sancionadas, y así se deduce de lo establecido en el art. 89 de la Ley 1836 que comprende como lesivas a “otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueren conexos con el acto motivarte del recurso, por constituir su causa o finalidad”. Este precepto, no puede ser más ilustrativo del alcance de la protección del hábeas corpus, por lo que el insólito argumento utilizado por los recurridos como por la autoridad que resolvió el recurso carece totalmente de contenido jurídico constitucional.

4. Ahora que se dio una victoria en el Tribunal Constitucional, declarándose inconstitucional la detención del Dr. Samartino, ¿Qué se puede interpretar de la decisión por el Vicepresidente de igualmente deportar al Dr. Samartino?

Que los bolivianos y los ciudadanos de Latinoamérica que vivimos en democracia, debemos aprender a vivir dentro de un marco de respeto en un Estado de derecho, donde el cumplimiento de las leyes sea de igual cumplimiento para gobernados y gobernantes.

5. ¿Qué consecuencias puede tener este caso para el futuro de la libertad de expresión en Bolivia?

Bolivia podría ser objeto de críticas y sanciones internacionales en detrimento del desarrollo democrático que se encuentra en juego por una serie de intromisiones ajenas y divergencias internas.

Por la importancia del tema referido a la vulnerabilidad del derecho de la “libertad de expresión y de la libre locomoción”, consideradas en este momento como las libertades más susceptibles a ser vulneradas por el Estado o por los Órganos gubernamentales, requiere de una voluntad política y de control social orientado a introducir mecanismos de protección de las instituciones llamadas por ley como ser el Defensor del pueblo, Derechos Humanos y otros; para garantizar que el derecho a la vida privada y el respeto a la dignidad humana no se vean pisoteadas por pasiones políticas.

Dios bendiga a Bolivia e ilumine a sus gobernantes.

Contacto:
Dr. MSc. Rodolfo Téllez Flores, Abogado especialista de derecho migratorio y turismo.
Abogado patrocinante de Amauris Samartino.
tellez_rodolfo@yahoo.es

El Cato Institute es un centro de investigación de políticas públicas no partidista dedicado a ampliar el debate político de manera consistente con los principios de libertad individual, gobierno limitado, mercados libres y paz.