¿Cuál preferiría tener, libertad o seguridad?

Por Michael F. Cannon

La Izquierda ha argumentado que desde Septiembre 11, 2001 el presidente Bush ha reducido las libertades civiles en un intento de mantener a EE.UU. protegido del terrorismo. Pocas personas en la Izquierda creen que esta treta saldrá bien y el escepticismo se vuelve mayor si uno se va más hacia la izquierda en el espectro político. Lo mismo no puede decirse cuando se trata de la libertad económica. Aquí, la aceptación de no se puede tener libertad y seguridad al mismo tiempo aumenta mientras más hacia la izquierda uno mire. En The New Republic, Jonathan Cohn recientemente estableció la existencia de esta incompatibilidad—y argumentó a favor de sacrificar la libertad a favor de la seguridad—en cuestiones desde la Seguridad Social hasta la educación y los cuidados médicos.

Cohn critica a los republicanos por vender mayor libertad en escoger en estas áreas sin reconocer que eso resultaría en menos seguridad económica. Su argumento es este: Los límites por sobre la libertad para escoger que los republicanos eliminarían también aseguran más a las personas. La Seguridad Social les da a los estadounidenses una pensión garantizada; tener la opción de colocar los impuestos para la Seguridad Social de uno en una cuenta personal debilitaría aquella garantía. Las escuelas públicas están dedicadas a la educación de todos los que vengan; los vouchers retirarían dinero de esas escuelas y de esa misión. Cada estado tiene sus propias regulaciones de seguro para los cuidados médicos, muchas de las cuales intentan hacer la cobertura más asequible; permitir que los consumidores escojan qué tanda de regulaciones ellos quieren haría esas reglas con buenas intenciones menos efectivas.

Aunque no soy un republicano, yo me sentaré en la mesa con los republicanos siempre cuando su propósito sea arrasar las barreras a la libertad para escoger. La privatización de la Seguridad Social, los vouchers escolares, y la desregulación de los cuidados médicos expandirían el menú de opciones disponibles para las personas ordinarias. Hay una explicación alternativa para la relación entre la libertad para escoger y la seguridad: En vez de desplazar la seguridad económica, la libertad para escoger en realidad la aumenta, ya sea cuando se trata de ahorrar para la jubilación, o de educar los niños de uno, o de proteger la salud de uno.

¿Quién quiere comprar de un monopolio gubernamental? Mi argumento va así. ¿De quién preferiría comprar pan: de un monopolio gubernamental, un monopolio privado, o de uno de varias tiendas de supermercados compitiendo entre sí? En realidad no es tan difícil la decisión. El gobierno y los monopolios tendrían a los consumidores exactamente donde los quieren tener. No tienen que cuidarse mucho de satisfacer necesidades específicas, y ellos es probable que cobren por encima del precio del mercado, lo cual deja a los consumidores con menos dinero (en otras palabras, los deja con menos seguridad económica). Las tiendas de supermercados que compiten entre sí, por otro lado, se pelearán por proveer pan fresco y nutritivo al precio que más aumente la seguridad económica del consumidor.

Adam Smith lo dijo bien: “No es de la benevolencia del carnicero, el cervecero, o el panadero, que esperamos nuestra cena, pero de su consideración de su interés propio”. Pero una vez que los consumidores son desposeídos de su libertad para escoger, las empresas se preocupan mucho menos por la seguridad económica de sus consumidores.

Ese es el argumento básico. Pero es a lo largo del tiempo que la libertad para escoger en realidad se comienza a ver bien. En el proceso de pelearse, esos productores realizan pequeñas mejoras en calidad, entrega, etc., todas aquellas convirtiéndose en una seguridad aún mayor. Tales innovaciones han causado que los precios para todo caigan desde los precios de las computadoras hasta los de las telecomunicaciones. A lo largo del tiempo, la libertad para escoger pone a disposición productos de calidad creciente a un mayor número de personas a un costo reducido.

Aplicados a algunas áreas de la economía—las pensiones de jubilación, la educación, y los cuidados médicos—los detalles se vuelven más complicados pero la teoría se mantiene. De hecho, las áreas en las que las personas se sienten menos seguras—por ejemplo, los cuidados médicos, la educación—son aquellas en las que la libertad para escoger está más limitada.

Cohn reserva mucha de sus críticas para los cuidados médicos, donde él se concentra en una de las propuestas de política para los cuidados médicos más innovadora que se ha hecho últimamente. Cada estado requiere de los aseguradores de salud una licencia antes de poder hacer negocios en el estado. Los requisitos más básicos para licenciarse incluyen cuestiones tales como los criterios de solvencia. Pero cada estado también requiere de los aseguradores de salud la provisión de ciertos tipos de cobertura, para cubrir ciertas categorías de personas, y/o para cotizar la cobertura como el estado crea que sea la mejor manera. Idaho ha pasado la menor cantidad de este tipo de leyes (13) y Minnesota la mayor cantidad (60).

Cohn concede que “algunas reglas estatales…en realidad parecen cuestionables—o, por lo menos, sospechosamente con la tendencia de beneficiar a ciertos grupos bien conectados a los proveedores de los cuidados médicos”. Aquellos incluirían los requisitos que los aseguradores proveen—y que los consumidores compran—cobertura para piezas de cabello (siete estados), nutricionistas (cuatro estados), terapeutas matrimoniales (once estados), terapeutas para masajes (cuatro estados)…usted entiende. En tiempos en que la mayor preocupación con respecto a la política para con los cuidados médicos es el número de estadounidenses sin cobertura, estas leyes hacen la cobertura más cara al requerir que las personas compren cobertura que no quieren (o necesitan).

El representante John Shadegg (Republicano de Arizona) y el Senador Jim DeMint (Republicano de Carolina del Sur) han introducido legislación que permitiría a los individuos evitar los costos de regulaciones no deseadas al permitirles comprar seguro de cualquier aseguradora en el país, con la cobertura sujeta a las reglas del estado que emitió la licencia. Cohn se opone porque algunas regulaciones tienen la intención de expandir la cobertura, tal como las leyes que aumentan el costo de la cobertura para las personas saludables para así reducir las primas para las personas menos saludables. Si las personas saludables pueden escoger seguro de un estado que no cobra aquel monto extra, él argumenta, esas leyes no funcionarán. Esa también es la sabiduría aceptada entre los analistas de políticas para los cuidados médicos.

El problema es que la data no parece respaldar la sabiduría aceptada. A lo largo de la última década, Mark Pauly de la Universidad de Pennsylvania ha hecho algunos descubrimientos impresionantes sobre el seguro para salud basado en el individuo y el empleo. Por ejemplo, la data muestra que los aseguradores no ajustan mucho las primas de los seguros para la salud al riesgo en cualquiera de los mercados. Además que el tipo de leyes que Cohn defiende no hacen mucho para expandir la cobertura para las personas de alto riesgo, y “el aumento en general de las primas por [estas leyes] reduce por un poco el número total de personas comprando seguro”. En otras palabras, las personas saludables saben que se les está cobrando más de lo que cuesta asegurarlos, por lo tanto paran de comprar el seguro. Eso aumenta el número de personas sin cobertura y deja a la población de asegurados llena de personas mayores y más enfermas, lo cual ejerce presión hacia arriba por sobre las primas. Ahora sí hábleme de una “carrera hacia abajo”.

Habiendo tenido la opción de evadir tales regulaciones debería hacer de las personas saludables más seguras. Pero la Ley Sadegg-DeMint podría hacer a las personas menos saludables más seguras. Muchos consumidores de alto riesgo ciertamente se beneficiarían de tener la opción de bajar sus primas al reducir la cobertura que ellos no necesitan. ¿Deberían requerirse de los que no toman alcohol nunca la compra de cobertura para un tratamiento de alcoholismo (44 estados)? Además, Pauly y demás colegas observan que los costos administrativos constituyen gran parte de la diferencia de precio entre los mercados del individuo y de los empleadores. Aquellos costos constatan entre el 30 y el 40 por ciento de las primas en el mercado individual, pero sólo entre el 5 y el 25 por ciento en el mercado de los empleadores. Darle a las personas la elección de comprar cobertura de cualquier lugar en el país permitiría aún a los que no son tan saludables buscar aseguradoras que no cobran esa alza administrativa, tal vez mediante un mayor volumen de ventas individuales o ventas a grupos grandes (iglesias por ejemplo). El punto es que es enteramente posible que expandir la libertad para escoger podría proveer más seguridad que leyes que limitan las opciones, aún para los beneficiarios que esas leyes pretenden ayudar.

En esencia, la regulación de la aseguración de la salud es un producto. Nosotros le pagamos al gobierno para asegurar, entre otras cosas, que las aseguradoras paguen nuestras cuentas en el hospital. Cuando vemos a la regulación de esta manera, no debería sorprendernos que tal vez veamos una mejora en la calidad y un ahorro de costos una vez que sus productores (los estados) sean forzados a ser competidores, en vez de ser complacidos como monopolistas. No solo eso, pero la calidad y el precio de los productos relacionados (la cobertura en sí) mejorarían en un ambiente que es más competitivo y más receptivo a la innovación.

Tal como la sociedad pluralista que respeta las libertades civiles últimamente forja una nación más fuerte con menos enemigos, una economía abierta con pocas barreras a la libertad para escoger podría últimamente proveer a las personas ordinarias la seguridad que típicamente buscamos—pero fracasamos en conseguir—al limitar la libertad para escoger. Mi propósito no es establecer que la libertad para escoger aumenta la seguridad económica siempre y en todo lugar. En realidad es preguntar si la supuesta incompatibilidad en realidad existe, o si podemos usar la libertad para escoger para promover la seguridad económica en áreas en las que tradicionalmente no lo hemos hecho—particularmente para esos que se encuentran en el margen, y particularmente en el caso de los cuidados médicos.

Traducido por Gabriela Calderón para Cato Institute.