¿Cuál es la misión de la Agencia de Protección Ambiental?

El 12 de marzo, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) vivió su "gran día de la desregulación", al relajar o reconsiderar 31 normas importantes, desde los estándares de emisiones de las centrales eléctricas y los vehículos hasta los límites de metano en el petróleo y el gas. En términos más generales, el director de la administración, Lee Zeldin, ha puesto en el punto de mira la misión de la EPA, afirmando que su objetivo principal debería ser "reducir el costo de comprar un auto, calentar una casa y dirigir un negocio".

¿Es ese el objetivo adecuado para la EPA? Depende.

Desde un punto de vista, el enfoque de Zeldin es totalmente erróneo. El propósito de la regulación medioambiental es "internalizar" las externalidades, lo que significa aumentar el precio de los bienes cuya producción o consumo afecta negativamente a terceros. Por ejemplo, cuando los humos de una fábrica perjudican a sus vecinos, el precio de mercado libre de su producción será demasiado bajo en relación con el nivel socialmente eficiente; el precio solo reflejará los costos privados, pero no los costos sociales (contaminación) de la producción del bien.

La solución que se propone en los libros de texto es un impuesto pigouviano, un recargo equivalente al daño social marginal. Al elevar el precio de mercado al costo social total, el impuesto empuja la producción y el consumo a la baja hasta que el beneficio marginal para los compradores es igual al costo marginal total para la sociedad.

Por supuesto, incluso en ese modelo tan ordenado, los reguladores pueden cometer errores. Si el impuesto es demasiado alto en relación con la externalidad, imponerlo podría ser peor que no intervenir. Y otros métodos para abordar las externalidades son aún más difíciles de acertar. Las normas de mando y control pasan por alto las diferencias en los costos de reducción entre las distintas plantas; prolifera el papeleo; y los mecanismos políticos siguen endureciendo los límites mucho después de que los beneficios marginales se vuelvan negativos.

Esto lleva a una perspectiva alternativa, que podría ser la que piensa Zeldin. Si las regulaciones medioambientales o de otro tipo están aumentando demasiado los costos, entonces es apropiado reducir los costos a los que se enfrentan los consumidores, reduciendo la regulación.

La pregunta difícil es cómo garantizar que las regulaciones se centren en qué bienes generan externalidades y en qué medida. Estimar los daños marginales, descontar los beneficios y proyectar los costos de reducción es muy difícil, y las respuestas varían mucho según la región y el contaminante.

Un enfoque plausible es dejar la mayor parte de la regulación medioambiental en manos de los estados. Ellos conocen mejor las condiciones locales y, por lo tanto, pueden elegir un equilibrio más saludable entre los costos y los beneficios. Además, el temor de cada estado a ahuyentar la actividad económica frenará la regulación excesiva.

Una segunda vía para alcanzar un equilibrio razonable es restringir la regulación medioambiental a los impuestos pigouvianos. Esto hace más difícil esconderse tras la complejidad y facilita a los ciudadanos la evaluación de las propuestas. Además, la aversión del público a los impuestos proporciona un contrapeso útil a los reguladores excesivamente celosos.

Armada con señales de precios que pueden subir o bajar en función de nuevas pruebas, y a ser posible a nivel estatal, la regulación medioambiental podría salvaguardar los bienes comunes, frenar a los buscadores de rentas y seguir respetando la promesa liberal de dejar que los mercados decidan la mejor manera de reducir la contaminación.

Este artículo apareció en Substack el 28 de marzo de 2025. Jonah Karafiol, estudiante de la Universidad de Harvard, es coautor de este artículo.