Chile: Haciendo agua...

Recientemente el Ministerio de Obras Públicas de Chile ha apoyado la propuesta legislativa del senador socialista Gino Girardi que abre la posibilidad de caducar los derechos de agua cuando éstos no hayan sido utilizados por sus titulares durante un determinado período de tiempo. De prosperar, esta iniciativa constituiría un lamentable retroceso en las políticas de libre mercado que tanto han contribuido al desarrollo económico y social de este país en el pasado.

Chile, junto con Estados Unidos, Australia, Sud África, Nueva Zelanda y México, ha sido uno de los países pioneros en el establecimiento de mercados formales de agua. En efecto, en el norte del país, en la cuenca del Río Limarí, existe uno de los mercados más eficientes y activos de la región, que ha atraído la atención de investigadores y responsables de política de todo el mundo. En este mercado, se transan tanto “volúmenes” de agua, lo que comúnmente se denomina transferencias en el mercado spot —intercambio de agua entre agricultores en una determinada temporada sin que se transfiera la propiedad del derecho— como también derechos de agua, lo que constituye una transferencia en el mercado permanente. El investigador Oscar Cristi, de la Universidad del Desarrollo en Santiago, ha analizado detalladamente la experiencia del Río Limarí, encontrando que más del 27% de los derechos de agua existentes fueron transados independientemente de transferencias de tierra entre los años 1981 y 2000. Encuentra, además, que en años de sequía, las transferencias de volúmenes de agua pueden alcanzar más del 20% del volumen total disponible para ese año.

La existencia y eficiente funcionamiento de este mercado se basa en dos pilares fundamentales: primero, una infraestructura adecuada para el almacenamiento y transferencia de agua entre agricultores, lo que permite la compra y venta de volúmenes de agua entre los mismos y segundo, el marco institucional provisto por el Código de Aguas de 1981 y sus modificaciones posteriores, el cual establece que los derechos de agua son privados, transables y separados de los derechos de propiedad sobre la tierra.

Las transacciones de volúmenes de agua en el mercado spot permiten una mejor asignación del recurso entre agricultores, ya que las decisiones de producción se realizan sobre la base de precios relativos. Por ejemplo, en un año de escasez de agua, a un agricultor puede convenirle no producir y vender el volumen asociado a sus derechos si el precio del agua es lo suficientemente alto. De esta forma, el agua es asignada por el mercado a aquel uso en cuya productividad es mayor.

Las transacciones de derechos, por otro lado, permiten a los agricultores, entre otras cosas, suavizar su patrón de ingresos y asegurarse contra años de escasez de agua. Un agricultor que no esté dispuesto a correr el riesgo de no poder regar sus plantaciones en el futuro puede comprar el derecho de agua de otro agricultor que sí estaría dispuesto a correr ese riesgo o que, dadas las características de sus cultivos, puede suspender su producción temporalmente. De esta forma, los derechos de agua son un vehículo de inversión para los agricultores, permitiendo la transferencia de riesgo entre agricultores con diferentes preferencias o procesos productivos. Este rol del mercado permanente del agua es fundamental para agricultores pequeños y medianos que, en general, no tienen acceso al mercado financiero formal y cuya actividad está tremendamente expuesta a shock reales, como es el caso de una sequía.

Suponga ahora que los años posteriores a la compra de un derecho por parte de un agricultor son años de abundancia de agua. Este podría entonces no usar este derecho, ni para su producción ni para vender sus volúmenes de agua a otro. Esta situación es óptima desde el punto de vista del agricultor. Sin embargo, podría ocurrir que, dada la propuesta caducidad de los derechos de agua, el gobierno lo expropie, con el consiguiente perjuicio económico para su titular, dejándolo, además, expuesto al riesgo que la compra de dicho derecho buscaba mitigar. De esta forma se destruye el mercado, puesto que frente al riesgo de expropiación, nadie estará dispuesto a adquirir derechos de agua.

Difícil es comprender que se quiera retroceder en esta materia, cuando cobra creciente importancia en el mundo el enfoque de mercado para la asignación del agua, promovido tanto por Naciones Unidas como por el Banco Mundial. En vez de profundizar en las instituciones de mercado que solucionan eficientemente el problema de escasez, se busca intervenir discrecionalmente, desconociendo el derecho de propiedad y violentando el libre intercambio de un bien económico. Para hacer de Chile un país desarrollado, se deben eliminar estos sesgos estatistas y desinformados, que solo logran confundir a la opinión pública.