Captura regulatoria

El presidente Andrés Manuel López Obrador no ocultó que es un autócrata al presentar las iniciativas de reformas constitucionales que tienen como propósito acabar con su obra de demolición de instituciones al proponer destruir la democracia liberal, recrear un sistema político de un partido político mayoritario con competencia sólo simbólica al proponer la desaparición de diputados plurinominales, de una Presidencia todopoderosa sin contrapesos efectivos, un Poder Judicial sin independencia y completamente subordinado al presidente y su partido y sin tener que rendir cuentas por sus actos. Frente a lo que propone el presidente, el sistema político priista que rigió durante el periodo 1934-1982 y que Mario Vargas Llosa bautizó como “la dictadura perfecta” se quedaría corto. Y para que tampoco quede duda del carácter autoritario de Claudia Sheinbaum, ella abrazó sin ambages las propuestas y las incorporó a su proyecto de gobierno.

En el sexenio de la destrucción que ha sido la Presidencia de López hay dos cosas que resaltan. La primera es su desprecio por la ley resumida en su ya famosa frase “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”. La segunda es su notoria aversión a los contrapesos institucionales, a la transparencia y a la rendición de cuentas.

Es en esta segunda característica del presidente en donde entran su propuestas de eliminar al Inai (Instituto Nacional de Transparencia) y transferirle sus funciones a la Secretaría de la Función Pública (con lo cual jugaría el papel de juez y parte y por lo mismo habría cero transparencia, amén de que ya no habría quien se encargara de la protección de datos personales), la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y transferirle sus funciones a la Secretaría de Economía, la eliminación del IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) transfiriendo sus funciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la de Hidrocarburos (CNH) para que formen parte de la Secretaría de Energía. El argumento del presidente de que son órganos muy caros y que no sirven para nada no pasa “la prueba del aceite”; es un argumento falaz.

La desaparición del Inai merece un análisis aparte por lo que me concentraré en la eliminación de la Cofece, el IFT, la CRE y la CNH. Transferirle sus funciones a las Secretarías de Economía, Comunicaciones y Energía respectivamente no son inocuas por dos razones principales. La primera es que se eliminaría como política de Estado (e independiente de las preferencias del presidente en turno) el objetivo de procurar que los mercados operen en competencia y la asignación privada y socialmente de recursos con la consecuente pérdida en el bienestar de la sociedad. La segunda es que al estar las funciones que ahora realizan los cuatro órganos del Estado insertadas en las secretarías se facilita la captura de los reguladores por parte de los entes privados regulados al ser más fácil capturar al mismo presidente, al secretario de Estado o al burócrata encargado de la regulación que a todos los miembros de la junta de gobierno de una comisión autónoma o independiente, se introducen elementos discrecionales que reflejarían las preferencias del presidente en turno o del burócrata relevante y que “cargan los dados” hacia alguno de los participantes en los mercados a costa de sus competidores y además de ser una fuente significativa de corrupción.

La captura regulatoria se traduce así en la transferencia de rentas por parte de la sociedad en su conjunto hacia el regulador capturado (los ingresos extra del burócrata por actos de corrupción) y hacia el regulado que capturó al regulador (la empresa privada que gana poder de mercado frente a sus competidores por una decisión burocrática). Es claro que la gran perdedora es la sociedad en su conjunto al tener una menor eficiencia en la asignación de recursos que implican una menor generación de ingreso agregado en la economía y de empleo, así como todos los consumidores, particularmente los de menor ingreso, que enfrentarían mercados no competitivos con mayores precios de los bienes y servicios, menor calidad de estos y una menor diversidad para elegir.

Uno de los principales fenómenos que ha caracterizado a México a lo largo de su historia y que explica en parte el porqué no se han logrado alcanzar altos niveles de desarrollo es haber tenido un sistema económico caracterizado por la búsqueda y apropiación de rentas y corrupción. Alcabalas, concesiones monopólicas de explotación, permisos previos de importación, barreras regulatorias a la entrada y salida de empresas de los mercados y colusión de participantes, son sólo algunos ejemplos de prácticas que generan rentas para quien se haya beneficiado por haber podido capturar al regulador. En todos los casos, los perdedores siempre fueron los consumidores.

Mucho se ha avanzado en el combate a estas prácticas a partir de la creación y su posterior elevación al rango constitucional de órganos autónomos del Estado mexicano tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones para darle vida así al mandato constitucional en el artículo 28 de la prohibición de prácticas monopólicas. Se había avanzado también en la regulación para tener un mercado de energía más eficiente con la CRE y la búsqueda de mayores rentas petroleras para la Nación con la CNH, mismos que se echaron para atrás con la anquilosada visión de López del mercado eléctrico y petrolero; en estos casos el presidente fue quien capturó a los reguladores.

Los cuatro organismos (cinco al incluir el Inai) no sólo tienen que permanecer, sino que se tienen que fortalecer. Las ganancias en competencia, eficiencia, transparencia y bienestar bien lo valen.

Este artículo fue publicado originalmente en El Economista (México) el 12 de febrero de 2024.