BP no se merece un límite a los pagos por indemnización

Richard Epstein considera que las empresas involucradas en actividades riesgosas como British Petroleum, no se merece un límite al pago por indemnizaciones como aquel establecido en la legislación vigente.

Por Richard Epstein

Nuestra frustración continúa aumentando con cada nueva gota de petróleo de British Petroleum (BP) que se derrama en el Golfo de México. Todos saben que no podemos legislar hacia la inexistencia los riesgos ambientales sin quedarnos en la Edad de Piedra. Lo que se necesita en el futuro es una estrategia legal integral que lidie con los riesgos mediante una combinación de regulación antes del hecho y de indemnizaciones después de éste, además de incluir sanciones penales donde sea apropiado.

Las indemnizaciones son esenciales para proteger a las personas (y su propiedad) que no tienen una relación contractual con los acusados de daños tales como la contaminación del aire y del agua. El sistema legal nunca debería permitir que partes con interés propio mantengan para sí mismas todas las ganancias de actividades peligrosas que unilateralmente imponen pérdidas sobre otros, una razón por la cual aún el más devoto defensor del laissez-faire debe insistir, no solamente conceder, que una medicina severa se necesita en estos casos. La pregunta fundamental aquí es una de técnica: ¿Qué mezcla de sanciones antes del hecho y después de este serán efectivas al mínimo costo?

El primer elemento necesario es un sistema de responsabilidad desprovisto de sinsentidos que imponga responsabilidad total a las partes que incurren en operaciones peligrosas, sin que se acepten excusas. Consecuentemente, tenemos que se ser especialmente cuidadosos con los límites en la ley a las indemnizaciones por agravio, incluyendo la ley actual, en virtud de la cual, en el caso de la industria petrolera, el “total de pagos … con respecto a cada incidente no excederá, para un complejo mar adentro con la excepción de un puerto de aguas profundas, el total de todos los costos de limpieza más $75.000.000”. Esos $75 millones son una cifra demasiado pequeña. Afortunadamente, la ley indica dos excepciones para ese límite si el incidente fue causado por “la burda negligencia o conducta premeditada” de cualquier parte, o su fracaso en cumplir con cualquiera de las “regulaciones federales aplicables sobre seguridad, construcción u operación”.

BP ha ignorado ese límite al expresar su disposición de pagar “cualquier reclamo legítimo”. No hay sorpresa alguna aquí, especialmente cuando la evidencia a la fecha sugiere que el límite será sobrepasado precisamente debido a esas dos excepciones. Pero todos estaríamos mejor si no hubiese un límite a la indemnización en la ley y si a otros operadores tanto grandes como pequeños se les requiriera que se aseguren —a un costo de decenas de miles de millones si es necesario— cuando operan en aguas o terrenos peligrosos.

Un sistema severo de responsabilidades hace más que proveer compensación por daños considerables después del hecho. También permite distinguir entre los buenos y los malos jugadores —de tal manera que en este caso las empresas con perfiles de seguridad dudosos no se acerquen ni remotamente a una plataforma petrolera. Una sólida concesión de seguros es probable que sea una mejor opción que cualquier programa de supervisión gubernamental directa. Solamente los jugadores fuertes, altamente incentivados y conectados, deberían solicitar un permiso para operar. Esta lógica también sugiere que el límite de $375 millones de la Ley Price Anderson sobre los daños para que cada parte responsable cubra los incidentes en instalaciones de energía nuclear debería ser reconsiderado.

El pago de indemnizaciones por agravio no excluiría las inspecciones de seguridad y la regulación directa del gobierno, especialmente en el Golfo de México, donde el gobierno mismo concesiona los derechos de perforación. Así que con toda razón trabajarían para mejorar estas actividades. Solo deberíamos ser escépticos de que esta o cualquier otra administración presidencial reformará el torpe Servicio de Administración de Minerales del Departamento de Interior.

La decisión impulsiva de la administración de Obama de detener por seis meses toda la perforación más de 500 pies bajo el agua resalta el riesgo de tener una reacción exagerada en cuanto a la regulación. ¿Por qué imponer una restricción a los competidores con mejores historiales de seguridad? ¿Por qué extenderla a aguas relativamente menos profundas?

Desafortunadamente, la administración ignoró estas preguntas al decir falsamente que solo estaba siguiendo las recomendaciones de un equipo de ingenieros expertos de la Academia Nacional de las Ciencias. Su segundo error fue insistir que BP pague por los salarios perdidos de los trabajadores en estos pozos que su propia equivocada restricción dejaría sin trabajo (BP si se enfrenta, como es apropiado, a un potencial escrutinio público para compensar el ingreso de otros trabajadores que han perdido su trabajo debido al daño causado por el derrame de petróleo). Pero no se preocupen, contribuyentes, ya que el gobierno estadounidense tiene completa inmunidad legal ante indemnizaciones cuando actúa en capacidad “discrecional”.

Lo irónico es que lo que se necesita es una relajación de los criterios para los permisos en las zonas más aptas para la perforación —incluyendo los terrenos secos y las aguas superficiales, y lo mismo para la generación de energía nuclear. En el caso de la energía nuclear, el parroquialismo político también ha matado planes de construir un lugar de destrucción de desperdicios nucleares en Yucca Mountain, Nevada. El resultado es que grandes cantidades de desperdicio nuclear son guardados en lugares temporales a lo largo de la tierra, generando una larga lista de complicadas demandas en contra del gobierno por no poder eliminar el desperdicio.

La reforma legal no debería estar limitada a los derrames de petróleo. Las prioridades ambientales también necesitan ser reorganizadas. Considere solo un ejemplo: en prácticamente toda zona costera actual, los encarnizados lobbies ecologistas se pasean diciendo algo equivalente a que las nuevas casas lujosas frente al mar son el equivalente moral de la contaminación petrolera. Esos brotes histriónicos crean una discordia civil y estancan nuestra base económica. Pueden ser detenidos al insistir en que los desarrolladores privados sean compensados por los costos completos de cualquier restricción novedosa sobre el uso de la tierra. En ese momento el respaldo popular para tal cabildeo colapsaría.

Para terminar, se puede decir que el actual desastre de BP tiene sus raíces en el hecho de no poder desarrollar una política energética y ambiental dentro del marco de un sistema legal más sencillo y ágil. El desastre es prueba de que necesitamos cambiar de dirección.

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 16 de junio de 2010.